Nuevo caso de intento de matrimonio forzado, de nuevo en Cataluña, esta vez en el Raval de Barcelona. Anisa, una joven de 22 años con novio, obligada al matrimonio forzoso con su primo según ‘arregló’ su padre. Pero consiguió huir y esconderse, una operación de rescate policial le ha salvado del abuso. Otra vez una víctima pakistaní, lo que trae a la actualidad el caso de las dos hermanas de Pakistán afincadas en Terrassa (Barcelona), asesinadas por su propia familia en mayo de 2022 por negarse a contraer sendos matrimonios forzados. Los casos de matrimonios forzosos se han multiplicado por tres en Cataluña en sólo un año pero la Generalitat no hace nada por evitarlo.
Anisa es la chica de 22 años que, en esta ocasión, ha podido ser rescatada antes de que se consumara el matrimonio forzoso que su padre ya había arreglado con un suyo primo en su ciudad natal. La operación de rescate se pudo llevar a cabo gracias a la intervención de la Policía Nacional, la Guardia Urbana de Barcelona y la Asociación de Mujeres de Pakistán, afincada en el barrio de El Raval de Barcelona, de donde también era vecina Anisa.
Anisa, que trabaja en un supermercado y tiene otra pareja, logró escapar refugiándose en la entidad Asociación de Mujeres de Pakistán, única especializada en este tipo de casos, donde se escondieron durante días, hasta que la policía logró sacarlos del local de la sede escondidos en un coche, para evitar que las amenazas de la familia de hacerles daño se cumplieran.
Ahora Anisa y su pareja, con la que igualmente se ha tenido que casar para evitar mayores represalias, se encuentran en un piso seguro.
Triplete de delitos
A la vez que se llevaba a cabo el rescate, agentes de la Policía Nacional detuvieron al padre de Anisa acusándole, no sólo de trata de personas con fines de matrimonio forzado, sino también de otros dos delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y falsedad documental.
Y es que, si bien el delito de matrimonio forzoso existe en el Código Penal español desde la reforma de 2015, lo cierto es que detrás de esta práctica inhumana, también existe un interés por parte de los maridos en origen de utilizar la situación administrativa regular de las víctimas en Europa para salir de Pakistán e intentar emigrar hacia Europa. Es un activo más en la negociación que el los hombres de las familias tienen en cuenta a la hora de “arreglar” los matrimonios de sus hijas con otros miembros de la familia, contra su voluntad.
En el caso de Anisa, fuentes policiales informaron de que el objetivo de su padre, además de casar a su hija con su sobrino, era traerle a España obteniendo una autorización de residencia y trabajo a favor de éste, alegando para ello que esta persona es cónyuge de una persona extranjera, en este caso la víctima, residente legal en España con autorización renovada.
De esta manera, acogiéndose a un supuesto amparado por la actual legislación en materia de extranjería, a su sobrino se le eximiría de cumplir el requisito de la situación nacional del empleo.
A través de fuentes de la investigación se ha podido acreditar que los trámites para la obtención de ese permiso ya se iniciaron el pasado mes de marzo, sin que la víctima tuviera conocimiento de ello. Es más, se da la circunstancia de que la autorización inicial de residencia y trabajo a favor del sobrino del detenido se sostiene también en un certificado de matrimonio presentado ante la autoridad gubernativa el cual se presupone falso, dado que Ansia niega haber firmado en su totalidad el contrato matrimonial.
Más denuncias y nula operatividad de la Generalitat
El caso del asesinato de las hermanas de Terrassa a manos de su familia actuó como revulsivo para que las mujeres jóvenes denunciaran más este tipo de abusos. La presidenta de la asociación Mujeres de Pakistán, Huma Jamshed, ha declarado públicamente que prácticamente cada semana atienden un caso de este tipo, aunque la mayoría de las mujeres, prácticamente adolescentes, no llegan a denunciar y aceptan los tratos hechos por sus padres, por miedo o por no tener ninguna alternativa para sobrevivir.
Según datos de los datos de Mossos d’Esquadra, en 2021 se produjeron 6 denuncias, en 2022 hubo 17 denuncias, y en lo que va de 2023 han intervenido en 4 casos de matrimonios forzados, de un total de 194 casos de mujeres y niñas que se han contabilizado desde 2009, sólo en Catalunya.
Sin embargo, desde la Generalitat de Catalunya se muestra una inoperancia total ante estas violaciones de los derechos en las mujeres, que aunque se materializan en el extranjero, se planifican y se llevan a cabo en Catalunya, de manera mucho más visible que en el resto del Estado.
En 2020 la Generalitat aprobó un protocolo para prevenir y abordar este problema. Y en junio de 2022, después del caso de las hermanas de Terrassa, se creó un comité para “actualizar el protocolo” que ya existía y “crear herramientas de trabajo”.
Sin embargo, ni el protocolo ni el comité han hecho ninguna propuesta ni han llevado a cabo ninguna acción práctica ni para prevenir el matrimonio forzado ni para tratarlo. La directora general para la Erradicación de las Violencias Machistas de la Generalitat, Laia Rosich Solé, aseguró que ahora sí que se pondrán manos a la obra: “En junio tendremos una hoja de ruta clara, con acciones y presupuesto”. Sin embargo, no hay ninguna iniciativa al respecto desde la Conselleria de Feminismes, encabezada por Tània Verges, ni rastro de un presupuesto específico, mientras los casos siguen en aumento.
