Sara Ramírez, consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canarias ha cancelado a cinco profesionales que iban a participar en una de las mesas del III Congreso Estatal Mujeres y Deporte cuya celebración estaba prevista para este diciembre en Gran Canaria. A la política de Podemos no le gustaba que Irene Aguiar (especialista en Derecho Deportivo), Laura Redondo (Doctora en Psicología Jurídica), Elida Alfaro (coordinadora de la Red Iberoamericana Mujer y Deporte), Fiona McAnena (consultora internacional y directora de la campaña FairPlayForWomen) y Altamira Gonzalo (jurista) hablaran sobre el impacto de la Ley Trans en el deporte femenino.
Nuria Coronado Sopeña
Ante tal borrado la organización del Congreso, aún perdiendo todo el esfuerzo realizado, se ha negado al chantaje y ha cancelado todo el programa. Pero no se rinde. De inmediato se ha puesto manos a la obra y ya está buscando una ciudad que lo acoja sin ningún tipo de censura. Según Cristina Gallo, presidenta del Congreso ya tienen candidatas. “Hemos recibido varias llamadas. Hay interés en que se lleve a cabo”, nos dice.
Una mordaza en toda regla
Una reacción para la que Laura Redondo solo tiene palabras de reconocimiento. “Agradezco a la Asociación Congreso Nacional de Mujeres y Deporte y a la organización del III Congreso por no ceder a la presión de censurar nuestra mesa aun quedándose sin congreso”. Y es que no es la primera vez que esta reconocida profesional, así como tantas otras voces feministas críticas con las consecuencias de la aprobación de la Ley Trans, han sido denostadas. “Son ya docenas las personas que, por detrás, nos han dicho “siento tener que prescindir de ti”, “lo siento, pero tu nombre no puede estar”, etc. y que mujeres que defienden los derechos en el deporte no se dejen chantajear es un orgullo que me da esperanza. En todos estos años que llevo divulgando de las problemáticas específicas de las mujeres, desde que comencé por coherencia a combatir el daño de las leyes identitarias, los apoyos que tenían se han ido la mayoría. Esa es la dura realidad. No ceder es la única manera”, recalca.
Palabras a las que también se suman las de Irene Aguiar, otra de las mujeres participantes en la mesa, “es una verdadera pena que quien nos haya silenciado sea Igualdad. La situación es realmente preocupante. No podemos defender las categorías femeninas. No se puede ni hablar sobre ello. Y quien lo impide es un Gobierno Insular”.
Y es que tal y como Aguiar recalca la participación de personas trans en el deporte es un ultraje a los derechos de las mujeres. “El Proyecto de Ley presume de impulsar la igualdad, la mujer en el deporte, el deporte femenino… Pero hay un tema que está ahora en boca de todo el mundo y es la cuestión relativa a la participación de las personas trans en el deporte. Si de verdad se quiere defender y promover el deporte femenino esta cuestión debe abordarse, y debe hacerse con valentía y desde el rigor científico y jurídico, no desde las creencias o los sentimientos”.
Un rigor que para esta especialista en Derecho ni está ni se le espera. “El deporte busca establecer un campo nivelado entre todas las partes contrincantes y para ello establece categorías basadas en criterios objetivos, como lo es la edad, el peso en algunos deportes, las discapacidades o el sexo. La categorización por sexos no es por gusto, porque, si no, habríamos de competir de forma mixta. Se hace porque mujeres y hombres somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes”.
Y para corroborarlo Aguiar habla de datos empíricos. “Los hombres tienen entre un 20 y un 40% más masa total que las mujeres, un 30% menos de masa grasa, una masa muscular entre un 30% y un 40% mayor, más altura, mayor densidad muscular y ósea, mayores pulmones y corazón, una máxima capacidad cardiorrespiratoria entre un 25% y un 50% mayor, hombros y tórax más anchos, caderas más estrechas… Una serie de diferencias que hacen que los hombres sean, en definitiva, entre un 10 y un 15% más rápidos, entre un 50 y un 100% más fuertes, y tienen una capacidad 30-40% mayor para producir fuerza o potencia, incluso, a igual tamaño”.
Una diferencia que tal y como añade Aguiar se traduce en una ventaja deportiva. “Según el deporte, que se estima desde un 10-13% en deportes como remo, natación y carrera; a más del 50% en béisbol y hockey y más de un 160% en puñetazos. Esto es fácilmente observable a través de las marcas deportivas. Si los últimos Juegos Olímpicos hubieran sido mixtos, en maratón, la oro femenino hubiera quedado la 71ª. En natación de aguas abiertas, la 23ª (de 26 participantes); y en triatlón, la 49ª (de 51 participantes). En atletismo 100m, 400m y800m no se habría clasificado ni una mujer ni para las semifinales: no hubieran participado las mujeres”.
Por todo ello para Aguiar las personas trans compiten con ventaja frente a las mujeres.
“Los sentimientos, la autopercepción o la identidad de género no alteran ese cuerpo, esa realidad material y biológica. Y está demostrado que ningún tratamiento hormonal de supresión de testosterona es capaz de eliminar esta ventaja. Las mujeres tienen derecho a una competición justa y a acceder y a participar en el deporte en igualdad de condiciones, como los hombres, y no asegurarlo es discriminación por razón de sexo. El deporte femenino hay que protegerlo e incentivarlo, y para ello la Ley del Deporte debe abordar esta cuestión, que es una cuestión deportiva. No puede abdicar de una problemática dejando que otra ley sectorial se meta. Otras leyes se están metiendo, y es la legislación deportiva la que tiene que abordarlo”.
Analizar el Proyecto de Nueva Ley del Deporte
Por ello Aguiar invita a la revisión del Proyecto de Nueva Ley del Deporte para encontrar el mejor marco jurídico posible. “Un proyecto de ley que, tengo que ser sincera, no somos pocas las personas lo recibimos con cierta sensación de desazón. Y es que no hay grandes cambios, tan solo cambios cosméticos, con algunas medidas positivas en materias como transparencia e igualdad, que valoro positivamente, pero que son muy superficiales y que no justifican una nueva Ley del Deporte”.
Y es que como dice esta experta “el objetivo primordial de una nueva Ley del Deporte debería ser el deporte. Y, a partir de ahí, entramos a regular otras cuestiones como lo son la igualdad o la transparencia; que son importantes, pero no el núcleo de una Ley del Deporte. Lo que sí se ha hecho, y no se está diciendo cuando se explican los cambios que trae la nueva ley, es acabar con el modelo de justicia deportiva tal y como lo conocemos. Un modelo que hoy es semipúblico y que con la nueva ley se privatiza vaciando de competencias al Tribunal Administrativo del Deporte. Esto es lo que nos trae la nueva ley, y esto no se está transmitiendo”.
Irene Aguiar también considera “que un ejercicio honesto de la potestad legislativa requiere que se expliquen los cambios legislativos con sinceridad. Se ha dicho que la nueva ley trae igualdad, se ha dicho que trae transparencia; se ha dicho también que trae derechos LGTBI, pero esto no es cierto: la discriminación por razón de orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal se sanciona desde 2007 por la Ley Antiviolencia. La nueva ley no trae nada nuevo en este sentido”.
En cuanto al vaciamiento de competencias del Tribunal Administrativo del Deporte, la entrevistada también advierte “que no se está diciendo nada, y esto es un cambio de calado. El deporte y los deportistas merecen saber que no van a poder tener su amparo. Debe decirse y, además, a ser posible, debería explicarse el porqué. Hay un silencio clamoroso respecto de una de las cuestiones de mayor importancia en la actualidad, que es la participación de las personas trans en el deporte, y que, si se quiere proteger el deporte femenino, se debe abordar”.
Para finalizar Aguiar resume las consecuencias negativas para el deporte español si prospera el texto. “Se vacía de competencias al Tribunal Administrativo del Deporte y se privatiza la justicia deportiva, generando indefensión a los clubes y deportistas sin recursos económicos; se abre la puerta al bloqueo de las mociones de censura por parte de los presidentes federativos; se reserva una potestad sancionadora injustificada al Consejo Superior de Deportes sobre presidentes y directivos de ligas y federaciones y no se da la debida protección al deporte femenino”.
