Silvia Carrasco, vicesecretaria de la plataforma Docentes Feministas por la Coeducación (DOFEMCO) alerta sobre el gran retroceso que supone para el alumnado la implantación de una normativa impuesta por las comunidades autónomas que contradice la Ley educativa estatal sin que desde el Ministerio de Educación intervenga de oficio para obligar a cumplir las exigencias de un marco legislativo superior.
La plataforma Docentes Feministas por la Coeducación (DOFEMCO), constituida en 2020 por profesoras feministas, trabaja desde hace dos años para impedir que los protocolos educativos trans no suplanten a la coeducación que tan buenos resultados ofreció para educar en igualdad al alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional.
Abrazar propuestas acientíficas bajo el paraguas de la inclusión y la diversidad
Desde que en 2014 comenzaran a aprobarse leyes de ámbito autonómico sobre identidad de género, la primera de ellas en Andalucía, las propuestas transgeneristas derivadas de la teoría cuir (queer, en inglés) han desplazado del currículo los contenidos dirigidos a educar en igualdad para abrazar propuestas acientíficas bajo el paraguas de la inclusión y la diversidad. Silvia Carrasco, vicesecretaria de DOFEMCO, asegura que, en privado, quienes defienden la identidad de género en las aulas, “rechazan la palabra coeducación porque incluye el prefijo ‘co’ que implica binarismo, un concepto que niegan aunque lo siguen utilizando por la buena prensa que tiene”.
El pasado mes de noviembre se publicó el libro La coeducación secuestrada. Crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación (Octaedro, 2022) coordinado por Carrasco con las aportaciones de las profesoras e investigadoras Ana Hidalgo Urtiaga, Araceli Muñoz de Lacalle y Marina Pibernat en el que se desgranan los mecanismos de penetración de las propuestas cuir en los centros educativos, las leyes y protocolos en vigor en catorce comunidades autónomas sobre Educación y se analiza la posición en la que se encuentra el profesorado obligado a aceptar las directrices que marca esta normativa. “Todas las celebraciones o las fechas conmemorativas de la agenda feministas que tanto se habían trabajado con el alumnado para visibilizar a las mujeres tienen, en este momento, más problemas que nunca porque todo tiene una reinterpretación cuir”, explica Carrasco.
Profesorado como policía de género
Cataluña, País Vasco y Andalucía son las comunidades que con más contundencia aplican los protocolos trans en los centros educativos y han convertido al profesorado en “una especie de ‘policía de género’” para detectar comportamientos, expresiones o actitudes del alumnado que podría hacer suponer una identidad sentida distinta a su cuerpo sexuado. Esta antropóloga, profesora titular de la Universidad de Barcelona, lamenta que sean pocas –Castilla León, Murcia, Asturias y Ceuta- las comunidades autónomas donde todavía predomina la coeducación con cierta perspectiva feminista.
La agenda feminista se ha visto sobrepasada en los dos últimos años por la ofensiva del transgenerismo que ha impregnado casi toda la normativa estatal y autonómica para llevar a las organizaciones feministas a aparcar los asuntos clave de su trabajo y contraatacar la ofensiva que pretende borrar a las mujeres. Consciente de ello, Silvia Carrasco reclama volver a incluir en esa agenda la Educación como una de los ejes principales porque “podemos estar ante un espejismo” si no leemos los datos estadísticos correctamente.
“¿Qué sentido tiene que haya muchas más licenciadas o doctoras si luego no tienen trabajo y los chicos sin cualificar los tienen y están cobrando el doble o el triple?, ¿qué sentido tiene, en el seno de la élite académica, que las mujeres estén sobrecualificadas pero los catedráticos siguen siendo, mayoritariamente hombres?” se pregunta la vicepresidenta de DOFEMCO. Si esta situación no ha conseguido revertirse, aún es más preocupante el retroceso que se observa en los jóvenes en aspectos sobre los que la coeducación llevaba trabajando años, como “la violencia machista contra las chicas en los institutos, la cosificación, la sexualización o el ciberacoso que estamos viendo cómo se está negando en el momento en el que más se produce”.
Inhibición del Ministerio
El análisis de toda la normativa sobre Educación a distintos niveles, desde la estatal recogida en la Ley Orgánica 3/2020, la Lomloe, hasta las de ámbito autonómico o los protocolos dictados por las diferentes consejerías, pone de relieve la confusión de los conceptos sexo y género. La misma ley marco emplea este último en 31 ocasiones para referirse a la igualdad de género, cuyo significado debe entenderse como el equivalente a la igualdad entre mujeres y hombres pero, en otras ocasiones, la misma palabra se emplea como sinónimo de sexo o de identidad. Sin embargo, lo que queda explícitamente recogido en el artículo 143 de la Ley estatal sobre la evaluación general del sistema educativo, es la obligación de desagregar los datos del alumnado por sexo, estableciendo “los estándares básicos metodológicos y científicos que garanticen la calidad, validez y fiabilidad de las evaluaciones”.
Este artículo es de gran importancia porque, según Silvia Carrasco, “los protocolos educativos de las comunidades autónomas están transgrediendo las orientaciones de coeducación y el registro de los datos basados en el sexo del alumnado recogidos en la norma educativa general que, en este sentido, no ha cambiado”. Entonces, se pregunta, “¿cómo es posible que el Ministerio no esté interviniendo de oficio cuando esas normas son contradictorias con la norma educativa general?”. La vicesecretaria de DOFEMCO explica que las competencias transferidas no son excusa porque la Ley Orgánica no se puede transgredir “pero el Ministerio ni está actuando ni quiere escucharnos, el Ministerio está siendo negligente”, concluye.
Los pasos dados en algunas comunidades autónomas corroboran lo que se denuncia desde la plataforma de docentes feministas. En Andalucía, el pasado año se incluyó en el portal Séneca, donde se recogen los datos del alumnado, una opción para que los responsables de los centros educativos puedan modificar, de manera temporal y hasta que sea confirmado por el Registro Civil, la identidad de género sentida y el nombre elegido de estudiantes trans que así lo manifiesten. Las alumnas que lo soliciten podrán aparecer como varones, los alumnos como mujeres y también incluye una opción para aquellos que se consideren no binarios (ni hombre ni mujer). “Nos vamos a encontrar con un problema grave cuando haya que elaborar estadísticas”, señala Silvia Carrasco porque no se podrán obtener datos fiables sobre tasas de abandono escolar, preferencias entre chicos y chicas por continuar sus estudios superiores en carreras técnicas, nivel de calificaciones o concesión de becas.
