Alimentos caducados, pisos sin calefacción en ciudades muy frías y el trato del personal centran las quejas a pesar de que la empresa adjudicataria del servicio niega todas las acusaciones. Lo que podría entenderse como un refugio para las mujeres víctimas de violencia machista pudiera convertirse, en ocasiones, en “una cárcel”.
Así lo expresan varias usuarias de distintas casas de acogida en Andalucía que han decidido hacer públicas las condiciones en las que viven ellas y sus hijos. Algunas, incluso, han preferido abandonar esta red de recursos habitacionales y volver a sus ciudades a pesar de poner en peligro sus vidas por la cercanía de sus maltratadores.
“Llevo tres años huyendo de mi maltratador, con una maleta de un lado a otro, y con un GPS a cuestas porque se ha saltado la orden de alejamiento cinco veces pero prefiero estar en mi ciudad a vivir en una casa de acogida bajo amenazas de sus responsables” afirma una de las usuarias tras su paso por uno de estos recursos en Córdoba.
Pisos sin calefacción
Alimentos caducados o en mal estado y pisos sin calefacción en invierno en ciudades donde la temperatura puede bajar por debajo de cero grados durante las noches, podrían estar detrás de enfermedades en los niños y niñas que comparten estas casas con sus madres. “Llevé a mi hija siete veces a urgencias porque siempre estaba con fiebre ya que la habitación donde dormía era muy fría y no había calefacción ni persianas para poder bajarlas de noche” comenta Lilibet que fue amonestada por cambiar la cama de su hija a la salita del apartamento que no estaba tan fría.
Después de varias visitas al servicio de urgencia con su pequeña, “le expliqué a la médica que vivíamos en una casa de acogida sin calefacción y creo que llamó a sus responsables para pedir que se pusiera porque si no adoptarían otras medias” y así lo consiguió, asegura. Incluso, alguna asociación que trabaja con víctimas de violencia machista ha solicitado, a través de las redes sociales y grupos de whatsapp, calefactores para entregárselos a las usuarias de estas casas y hacerles más llevadero el invierno.
Otra de las madres, que permaneció casi un año en casas de distintas ciudades, cuenta que su hija estuvo ingresada en varias ocasiones “siempre mala de barriga por el tema de las comidas y ya llegó un punto en el que tuve que salir de las casas de acogida porque no nos iba a matar el maltratador pero se iban a cargar a mi hija de las comidas malas, podridas o caducadas”.
La usuarias, que llegan a estos recursos como víctimas de violencia y situaciones personales muy delicadas, denuncian el trato recibido por algunas trabajadoras de las casas que “te destrozan la autoestima y te acusan, constantemente y con cualquier pretexto, de ser una mala madre”, afirma Andrea quien ha aceptado ser la portavoz de algunas de sus compañeras y acceder a que su nombre se haga público al igual que Llibet ya que ambas están fuera ya de estos recursos. Las demás han preferido permanecer en el anonimato porque, o son usuarias de estas casas o se encuentran en situaciones de máxima vulnerabilidad y pueden ser localizadas por sus agresores.
“La realidad es vergonzosa porque, en vez castigar a los que nos están maltratando, nos castigan a nosotras cuando venimos muy mal por todo lo que hemos sufrido y salimos peor de lo que entramos”, señala Andrea mientras relata distintos episodios vividos durante los ocho meses que permaneció en un casa de Granada. Ahora, ella y sus tres pequeños han logrado dejar atrás esa situación y comenzar una nueva vida en otra ciudad.
Su vulnerabilidad es utilizada como arma arrojadiza
La mayoría de las mujeres que acuden a estas casas al carecer de recursos propios o un entorno familiar que pueda ofrecer un refugio seguro para alejarse de sus maltratadores, llevan con ellas a sus hijas e hijos, situación que aumenta su vulnerabilidad y, según denuncian, es utilizada como arma arrojadiza.
“A una compañera de Algeciras le amenazaron con llamar a los servicios sociales o a protección de menores para quitarle a sus hijos cuando se mostró disconforme con algunas cosas y esto no es justo porque estamos sufriendo por malos tratos de un hombre, llegamos a un sitio donde se supone que vamos a tener tranquilidad y paz para salir adelante pero te amenazan con lo que más quieres, tus hijos”, explica otra de las mujeres. Incluso, a alguna, se le ha negado que visitara a su hijo internado en un colegio especial de otra ciudad.
Si bien estas situaciones son muy concretas, las quejas por la comida son constantes. “Tenía que comprar la leche de continuación de mi hija a escondidas porque cuando la pequeña cumplió ocho meses me dijeron que le diera leche de vaca normal y esa no es la recomendación de los pediatras” continúa Andrea que ya contaba con experiencia en la alimentación infantil porque es madre de tres niños.
Las condiciones de habitabilidad de algunos pisos también concentran varias quejas de las usuarias que denuncian humedades que traspasan las paredes o electrodomésticos en mal estado. “Entré en un piso lleno de cucarachas, no de las estacionales, sino de las pequeñas rubias que habían anidado de la suciedad que había en el apartamento”· señala otra de las usuarias quien explica que tuvo que “retirar el microondas porque tenía cucarachas dentro y me negué a calentar ahí la leche de mi hija”.
Además de los alimentos, la falta de calefacción o las condiciones de habitabilidad de algunas casas, las quejas también se centran en el funcionamiento interno de estos recursos. La falta de monitores para hacerse cargo de los menores cuando no hay colegio o están enfermos y no pueden acudir a los centros educativos y guarderías obliga a las usuarias a organizarse entre ellas para hacerse cargo de los hijos de otras compañeras.
Algunas, que han trabado lazos de amistad con otras usuarias lo hacen desinteresadamente pero otras, empujadas también por la precariedad económica de quienes se encuentran en estas situaciones, cobran por el cuidado de los menores lo que supone un quebranto económico para mujeres que comienzan a trabajar en periodo de prácticas no remuneradas o asisten a cursos de formación para aumentar sus expectativas laborales.
“Nosotras mismas teníamos que hacernos cargo de los hijos de las demás teniendo nuestros propios hijos y lo normal es que hubiera alguien que pudiera cuidarlos porque estamos intentando rehacer nuestra vida y no podemos sumar más problemas”, señala otra de las usuarias.
Agise lo niega
Alberto Arnaldo, administrador único de la empresa AGISE S.L., responsable de la gestión de las casas de acogida en Andalucía niega todas y cada una de las situaciones expuestas por las usuarias y asegura que “todas las casas disponen de calefacción que se enciende cuando es necesario buscando siempre la eficiencia energética”.
En cuanto a las denuncias sobre la calidad de los alimentos suministrados señala que en todos los centros se ofrece “una dieta variada y supervisada” y que “el menú se diseña de acuerdo con las usuarias” por lo que la única explicación que puede ofrecer es que pudiera darse la circunstancia de que los alimentos se entreguen a las mujeres “y estas no los consuman hasta pasadas dos o tres semanas pero nosotros entendemos que trabajamos con personas adultas que van a administrarlos de forma adecuada”. Reconoce que “pueda haber algún error pero que haya negligencia o precariedad en los alimentos, que se pase hambre, frío o necesidad, eso no es cierto”, afirma.
En cuanto a las amenazas del personal que trabaja en las casas, Arnaldo asegura que el equipo humano encargado del funcionamiento de este servicio está configurado “por personas con una formación, trayectoria y reciclaje impecable” y “no hay ninguna amenaza” Añade, además, que no han “permitido nunca que se retiren menores a sus madres, incluso cuando, en alguna ocasión, la mujer ya ha llegado con un expediente abierto”.
“Es la primera noticia que tengo” asegura el responsable de Agise ante las denuncias vertidas por varias usuarias de las casas y afirma que “nuestra prioridad es la seguridad de las mujeres y sus hijos e hijas, que la estancia en nuestros centros sea lo más tranquila posible, lo mejor posible, que puedan conseguir sus objetivos de recuperar su vida de forma independiente con las dificultades que eso entraña”.
En este plan para conseguir que las mujeres puedan rehacer sus vidas con sus hijas e hijos se incluye el control de los gastos personales de cada usuaria con el objetivo de “preparar su futura salida” señala Alberto Arnaldo para explicar el motivo por el que no se permite a las mujeres comprar alimentos con sus propios ingresos y llevarlos a sus residencias.
“Hay un sistema de abastecimiento a las unidades familiares homogéneo y diseñado por un nutricionista que hay que seguir” y “no tiene ningún sentido que se introduzcan alimentos en las casas cuando todo lo que necesitan se les suministra”. Sin embargo, sí pueden comprar comida siempre que se consuma fuera de la casa de acogida, lo que resulta un tanto contradictorio.
Alberto Aldarte explica que no hay personal asignado, específicamente, para hacerse cargo de los menores cuando estos no pueden acudir a los centros educativos o guarderías por estar enfermos y confirma que “normalmente se organizan entre ellas lo que les sirve también para establecer lazos de amistad” aunque “puntualmente y de manera excepcional alguna monitora puede cuidar a un menor pero en las casas de acogida nunca hemos tenido este servicio”.
Servicio privatizado
El servicio integral de atención y acogida de mujeres víctimas de violencia de género, menores a su cargo y personas dependientes que las acompañan está completamente privatizado en Andalucía. En 1998 la cooperativa Segramaal y el Gobierno andaluz –entonces presidido por Manuel Chaves (PSOE)- firmaron un contrato de gestión de servicios públicos para el funcionamiento de las casas de acogida que, a través de varias prórrogas y con un coste anual medio de seis millones de euros, se extendió hasta 2003.
En esta fecha, el contrato se cambia a la empresa Agise S.L, que continúa prestando el mismo servicio con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Aunque son empresas distintas y formas jurídicas de constitución diferentes, en las dos participa Alberto Arnaldo que en Segramaal aparecía como socio de la cooperativa -en la actualidad es el socio único- y en Agise S. L. ostenta el cargo de administrador único, según se recoge en el Registro Mercantil.
En diciembre de 2020, con el gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos, Agise S.L firma un concierto social con la Junta de Andalucía por valor de 26.432.851,92 euros por un periodo de 48 meses con posibilidad de dos prórrogas de 24 meses cada una, lo que podría asegurar su colaboración con la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer hasta el 2028, “siempre y cuando se negocien las prórrogas”, según Alberto Arnaldo. El anuncio para la adjudicación del contrato fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y se recibieron dos ofertas siendo la presentada por Agise S.L. la mejor valorada.
Aunque la cooperativa Segramaal dejó de ser la concesionaria del servicio de atención y acogida de mujeres víctimas de violencia de género y Arnaldo asegura que en la actualidad ya no presenta ninguna actividad empresarial, durante los años 2016, 2017 y 2018 recibió tres subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer, como concesión directa y de carácter excepcional -de 30.000 euros, 40.603,53 euros y 40.604,53 euros, respectivamente- para la contratación de monitores en las casas de acogida.
“Fue la única actividad que tuvo Segramaal después de la creación de Agise S.L.”, afirma Arnaldo quien asegura que “estas subvenciones iban destinadas a entidades sin ánimo de lucro” y la forma jurídica de Segramaal como cooperativa permitía acceder a ellas.
Además de los casi 26,5 millones de euros del concierto social firmado con la Junta de Andalucía, Agise S.L. recibió en mayo de 2020 un total de 216.826,85 euros a través de una contratación directa para la ampliación de recursos habitacionales en Sevilla y Granada durante tres meses debido a la crisis sanitaria derivada del COVID19.
En abril de este mismo año, la Junta de Andalucía realizó otra contratación directa con tramitación de emergencia por valor de 38.880,91 euros para la adquisición de materiales higiénico-sanitarios destinados a las casas de acogida y el programa COVID Warriors, un proyecto lúdico-pedagógico para afrontar la situaciones producidas por la pandemia. Por último y también como consecuencia de la situación de crisis sanitaria, en julio de 2021 Agise S.L. recibe de la Junta de Andalucía un total de 571.599 euros por seis meses de contrato para la ampliación de recursos habitacionales en Sevilla consistente en una casa de acogida con 34 plazas disponibles.
