En La Palma, veinte meses después de la erupción del volcán, 1.300 vecinos de Puerto Naos y La Bombilla no pueden regresar a sus casas a pesar de que la lava no acabó con ellas. Las edificaciones, los pueblos resistieron al envite de 85 días de magma incandescente pero todavía les quedaban rescoldos por salvar, los administrativos. Los habitantes de esta zona mantienen que las zonas son seguras y que tras la prohibición de volver a sus hogares hay intereses políticos y prevaricación. “Mientras se mantenga la emergencia siguen recibiendo subvenciones que van a bolsillos”, denuncian.
Vuelven a recorrer las calles de sus pueblos, entran en sus casas y se encuentran suciedad, pueblos fantasmas que se van deteriorando. Lo hacen a pesar de que Puerto Naos y La Bombilla están declaradas zonas de exclusión porque, supuestamente, no son seguras por la concentración de CO2. Algo que un estudio científico desmiente.
Encuentran abandono pero en ningún caso los medidores, que ahora son un objeto de uso diario al que se han tenido que acostumbrar, señalan peligro. “Nadie controla esas zonas que, supuestamente, son ‘incompatibles con la vida’ y nadie nos puede prohibir entrar porque ningún juez lo ha dictaminado”, explica Cochi Jaén, presidenta de la Plataforma Jaraco.
La presidenta de la Plataforma Jaraco, Conchi Jaén (primera por la derecha), flanqueada por el abogado José Luis Langa (sentado) y el químico Francisco Rodríguez Pulido.
Esta plataforma acaba de anunciar que va pedir medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pretenden que hasta que llegue la sentencia, se dictamine si los vecinos pueden o no volver a sus casas y se argumente la decisión.
«Pedimos que se impulse el proceso»
En noviembre de 2021 presentaron un recurso ante el TSJC para que se anulase decreto por el cual no podían regresar a sus viviendas. “Recurso que el TSJC tramitó y admitió a trámite y hace unos días nos ha enviado el expediente administrativo para que analicemos el contenido y formalicemos la demanda”, explica el abogado que representa a la plataforma, José Luis Langa.
Como ya ha transcurrido año y medio, ahora han considerado oportuno solicitar medidas cautelares para que se agilice la decisión. “Teniendo en cuenta el informe que presentamos, pedimos que se impulse todo lo que haya que realizar para que puedan entrar de forma gradual, pero consistente en las zonas habilitadas. Puede haber alguna pequeña zona de exclusión pero los dos municipios no son una zona excluyente», señala el letrado.
“Lo que se está haciendo con los vecinos, no solo con los damnificados, sino con la población en general por parte de la administración son acciones anticonstitucionales”, sostiene Conchi Jaén. Añade que hay un desamparo de la población y se pregunta dónde están los argumentos que sostengan la medida de mantenerlos alejados de su pueblo. Como otros palmeros se preguntan dónde están las ayudas prometidas que no han llegado a la población.
«Con nosotros no se ha reunido nadie, no se han sentado para explicarnos el porqué de que no podamos regresar. Argumentan que hay CO2. Pero eso lo tenemos todos en los pulmones y nosotros hemos comprobado, con medidores de última generación, que los niveles que hay en la zona son compatibles con la vida”, subraya Conchi Jaén.
El informe que desmiente la peligrosidad
La plataforma ha pedido a un científico que haga informe que es en el que se han basado para solicitar las medidas cautelares. Francisco Rodríguez Pulido, químico y profesor jubilado, recoge en 73 páginas los resultados de sus mediciones realizadas en la zona y a través de las balizas que la administración insular ha colocado en los pueblos del valle de Aridane.
Este estudio ha sido remitido al TSJC, a las autoridades competentes, al Defensor del Pueblo y al Diputado del Común, Rafael Yanes. El informe concluye que hace falta un plan de rehabilitación y de actuación sobre la zona que no se ha llevado a cabo. “Nos tienen empamplinados, solo con medidas de coacción cuando intentamos entrar en nuestras propiedades», se queja la presidenta de la plataforma.
El químico lleva un año haciendo un seguimiento diario de la lectura de las 25 balizas que publican, aunque hay 92 no todas funcionan o se dan sus mediciones, advierte Pulido. Mantiene que faltan estudios contrastados. “No digo que no hay problema, lo que planteo es que el mapeo de las emisiones difusas es malo, insuficiente y lo que estoy pidiendo es una valoración científica exhaustiva”, explica.
Ha acudido en diversas ocasiones las establecidas como zonas de exclusión e incluso se llegó a encadenar en Puerto Naos, para llamar a la desobediencia civil contra las restricciones que impiden a los vecinos volver a sus viviendas.
El sábado 13 de mayo volvió con medio centenar de vecinos a La Bombilla. “Estuvimos con un aire muy sano, de 500/600 ppm, muy sano. Medido por las propias balizas de las instituciones científicas”, asegura Rodríguez Pulido.
La reacción de las autoridades ante estas entradas es mandar a la Guardia Civil que están citando a los ‘infractores’. “Lo trasladan al juez y no levanta ningún acta porque no hay ninguna base jurídica. Y tampoco una base ética y moral para tener a 1.300 personas 15 meses fuera de sus casas. Que en campaña son de verano llegan a ser 5.000 que van hacia la playa”, denuncian.
Valores de CO2 que no presentan ningún problema para la vida
“En exteriores es muy complicado que se planteen problemas de asfixia porque el dióxido de carbono no es un gas contaminante, nuestra expiración tiene dióxido de carbono –explica el químico canario–. En un lugar cerrado, un bar, una discoteca puede llegar, solo de la respiración, a 5.000 ppm (parte por millón).
Las tablas de seguridad, añade Rodríguez Pulido– establecen que en exteriores con 30.000 ppm no hay peligro, lo que muestran los medidores no sobrepasa los 500 ppm, recuerdan. “Solo en vaguadas, garajes, sótanos, sitios cerrados y deprimidos que no se puedan ventilar. El CO2 se deposita en la parte baja porque pesa más que el aire”.
Dentro de las casas tampoco se han encontrado valores que resulten peligrosos. Asi lo corroboran a diario los vecinos y la Plataforma Jaraco que recibe sus mediciones. “En ningún caso se registran, incluso en los aparatos del Cabildo, niveles alarmantes”, declara Conchi Jaén. Ella tiene instalada en su vivienda una webcam a través de la que controla el nivel de CO2. “Está en torno a 400 ppm, algo normal”.
Rodríguez Pulido también corrobora estos datos. “He estado en cuatro casas en La Bombilla, ninguna ha dado problema, solo una que está hecha en una cueva. En esa estaba a niveles de 15.000 ppm. Para solucionarlo se necesitaría instalar una ventilación forzada, como la que hay en cualquier garaje. No es muy caro ni complicado”.
Mensajes de miedo que no son razonables
Este experto se traslado a Vulcano (Italia) donde en octubre de 2021 se activo la alerta amarilla por gases emitidos por la erupción de un volcán. Allí pudo constatar que las medidas solo estuvieron activas un mes y medio. “Solo por prevención dijeron que no durmieran en las viviendas. Luego se hizo una medición casa por casa y solo en una no ser pudo regresar. El resto viven con normalidad”.
Como químico orgánico ha ofrecido su ayuda desinteresada a los afectados, a pesar de que no tienen ninguna vivienda en las decretadas zonas de exclusión. Su formación le permite comprender los datos que se hacen públicos y realizar e interpretar su propias mediciones. “Lo que no entiendo es que se transmita el mensaje del miedo, no se puede decir que hay emisiones que son ‘incompatibles con la vida’, ¡que no ha muerto nadie1”.
En este proceso en La Palma, señala Rodríguez Pulido, no interviene la Sanidad ambiental. «Solo hay vulcanólogos que una y otra vez miden los gases. Los políticos dicen que solo hacen lo que les dicen los científicos. A ellos les responsabilizan de una decisión política pero los científicos con los datos que dan no recrean una problemática incompatible con la vida”.
Sin luz al final de túnel
El abogado José Luis Langa señala que el problema ante este proceso es que no hay anatecedentes en algo similar. “No sé cómo va a evolucionar esto porque no tenemos experiencia. Esta es una situación inédita, que se haya evacuado a todo un pueblo, dejando sus cosas…. No tenemos experiencia ni abogados ni jueces, son situaciones excepcionales que se deben tratar de forma excepcional”.
El problema al que se enfrentan las 1.300 personas afectadas es que no se esté dando un plazo en el que la situación se pueda solucionar. “No se ve la luz, no es que se diga que en cinco, seis meses se va a poder entrar. Han pasado 15 meses y mientras tanto se están dañando las viviendas y no se pueden poner en marcha negocios. Por este motivo han llegado también reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios. La gente está sufriendo daños psicológicos tremendos”, comenta el letrado de la Plataforma.
La incertidumbre durante tantos meses la están acusando la población desplazada. Hay quienes llevan dos años viviendo en hoteles, derivadas por la Administraciones. Otros, en contenedores que denuncian que están en situaciones que califican de «infrahumanas». “Hemos comprobado que las condiciones de habitabilidad, las dimensiones no concuerdan con lo que establece la ley creada por el Gobierno Canario”, denuncia la presidenta de la Plataforma Jaraco.
Hay otras personas pernoctan en sus coches y quienes están viviendo en zonas de exclusión porque no tienen alternativas para pagarse un alojamiento. “A esas personas que están en zonas supuestamente ‘letales’ no les está pasando nada”, señalan desde la Plataforma.
Francisco Rodríguez Pulido reconoce que lo que le mueve a él en esta lucha es ayudar a la población ante la falta de rigor científico de las administraciones. “La gente lo está viviendo estresada, cansada. El otro día a un hombre de apenas 40 años , de los que están evacuados, le dio un ictus por la situación que están viviendo”.
Autorizaciones de regreso de forma arbitraria
La vuelta a los hogares se está autorizando de una forma que según los desplazados y expertos es totalmente arbitraria. Los afectados se preguntan por qué se permite el regreso a vecinos del 1ºA y B y no al del C. Hablan de amiguismo detrás de las decisiones y de lo difícil de vivir allí sin ningún tipo de servicios.
“Una zona de exclusión es para que nadie entre y, sin embargo, acude gente todos los días. Van a regar las palmeras del paseo; fontaneros a hacer arreglos, operarios del Ayuntamiento y no pasa nada. No hay gases letales”, denuncia la presidenta de la Plataforma.
Esta asociación apunta a una explicación para que se siga manteniendo la exclusión a pesar de que no exista, en su opinión, un peligro real. “Ya hemos entrado y no nos ha pasado nada. Se les está cayendo la mentira. No nos dejaban entrar porque mientras está declarada una emergencia, estas administraciones reciben subvenciones. Cuando se termine la emergencia, se acaba el dinero que está llegando a los bolsillos y que no se está utilizando en rehabilitar”, denuncian.
