Concentración por el Dia de Acción Global por el Aborto Seguro y Accesible en 2021 en Madrid. Foto: Jesús Hellín/Europa Press

Castilla y León sólo financia la interrupción voluntaria del embarazo en dos provincias

9 Min. lectura

Varias organizaciones feministas han convocado una manifestación el próximo sábado 15 de abril en Valladolid para exigir al Gobierno de esta comunidad que cumpla con la Ley y asegure su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En cinco de las nueve provincias no existe ningún recurso público que ofrezca esta posibilidad y en siete tienen que desplazarse forzosamente a otra provincia. Sólo en Burgos y Valladolid el coste de este proceso cuenta con financiación pública.

Las mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo en Castilla y León no lo tienen fácil. En cinco de las nueve provincias no existen recursos públicos ni privados para poder ejercer este derecho y en siete tienen que desplazarse obligatoriamente a otra distinta a su lugar de residencia. En la comunidad autónoma más extensa de España, con una población 362.379 mujeres entre 15 y 44 años, sólo en la provincia de Burgos se puede abortar en dos hospitales públicos –el de la capital y el situado en Miranda de Ebro- mientras que en Valladolid sólo es posible en una clínica privada que mantiene un concierto con la sanidad pública.

Salamanca y León cuentan también con otros dos centros completamente privados. Las mujeres que solicitan una intervención voluntaria del embarazo (IVE) en Zamora, Segovia, Ávila y Palencia tienen que desplazarse hasta Valladolid obligatoriamente si quieren un aborto financiado por la sanidad pública mientras que las de Soria suelen trasladarse hasta Madrid.  Es decir, en siete de las nueve provincias, no hay posibilidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo financiado por el sistema público de salud.

Procesos largos

Tania Díaz Morcillo, integrante del Partido Feministas al Congreso, una de las organizaciones implicadas en la manifestación el próximo sábado día 15 de abril en Valladolid, señala que “la falta de recursos implica la demora en las interrupciones de los embarazos lo que complica los procesos y sabemos que en Burgos y Valladolid las mujeres son atendidas con un tiempo medio de gestación de seis semanas, en Ávila, Palencia, Zamora, León, Salamanca y Segovia se alarga hasta las siete semanas y en Soria a nueve”. Estos retrasos mantienen a las mujeres en una situación de ansiedad que puede evitarse si se contara con los medios de proximidad que contempla la Ley.

De las 2.597 interrupciones voluntarias de embarazos  realizadas en Castilla León y  comunicadas  a las autoridades sanitarias durante 2021, según los últimos informes de la comunidad autónoma y el Ministerio de Sanidad, el 97,69% se realizaron en clínicas privadas o concertadas aunque sólo el 6,78% de las mujeres acude a este tipo de centros para recibir información. Esta cifra contrasta con el número de procedimientos llevados a cabo en ellas que se eleva al 42%.

“Es significativo este dato –explica Díaz Morcillo- porque pone al descubierto que las mujeres optan finalmente por hacer frente al pago de este servicio médico a pesar de que su intención inicial es realizarlo en la red pública de salud pero, ante las trabas que encuentran, prefieren costearlo de su bolsillo a tener que recorrer cientos de kilómetros para resolver su situación”.

Según algunos cálculos, una intervención de estas características suele rondar los 800 euros si al coste de la clínica se añaden los gastos de desplazamiento, pernoctación en algunos casos y manutención de la mujer y la persona que la acompañe. 

Coste económico

Los datos contenidos en los informes, tanto del Ministerio como del Servicio de Información de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, ofrecen datos sobre la realidad de las mujeres en esta autonomía que van más lejos de las cifras correspondientes a los abortos practicados y ayudan a comprender la situación de desventaja que soportan frente a otros territorios. Uno de ellos es la situación económica donde se observa que sólo el 40% cuentan con ingresos propios.

La dispersión geográfica y la cantidad de núcleos de población pequeños también juegan en su contra. El 30% de las mujeres en Castilla y León reside en municipios de menos de 10.000 habitantes y en los núcleos de menos de 1.000 cuentan con unos transportes que no facilitan los desplazamientos con líneas de autobuses que realicen diariamente los trayectos hasta poblaciones más grandes desde donde hay que enlazar con otro medio de transporte hasta las capitales de provincia. “Estamos abandonadas”, señala Tania Díaz.

La mala cobertura del derecho al aborto para las mujeres en Castilla y León no es nueva. Esta situación se ha perpetuado en el tiempo desde que en 2010 se aprobó la Ley de plazos. “Es un agravio comparativo el que sufrimos frente a otras comunidades como por ejemplo Cataluña donde las mujeres cuentan con 72 centros, entre los que se encuentran hospitales, clínicas y centros de salud donde se dispensan los fármacos necesarios dentro de los plazos establecidos y el único requisito es contar con un ecógrafo” explica Ana Vicente del Movimiento Feminista de Castilla y León, otra de las organizaciones convocantes de la protesta prevista en Valladolid. 

Objeción médica

Uno de los problemas que enfrenta la sanidad pública en Castilla León es la falta de médicos dispuestos a practicar interrupciones voluntarias de embarazos al alegar objeción de conciencia. “Nosotras respetamos estas posturas” explica Nina Infante, integrante del Forum de Política Feminista de Valladolid, “pero exigimos que el servicio quede cubierto con profesionales que no muestren este impedimento”. Infante, histórica feminista vallisoletana que ha mantenido durante décadas una lucha sostenida en defensa de los derechos de las mujeres, denuncia la hipocresía de algunos facultativos que “objetan en la sanidad pública pero, sabemos, que realizan abortos en sus clínicas privadas, principalmente en Valladolid”.

Sobre este aspecto, Tania Díaz, se pregunta cómo es posible que en ocho de las nueve provincias que conforman la comunidad autónoma de Castilla y León todos los médicos y todas las médicas del sistema público de salud sean objetores de conciencia. “La clave está en los jefes de servicio de los hospitales que imposibilitan que se ejerza este derecho y que, de alguna manera, ‘castigan’ a las y los profesionales que se abren a la posibilidad de realizar interrupciones voluntarias de embarazos para encasillarlos en esta actividad y excluirles de otras prácticas médicas”. Para Nina Infante, estas conductas pueden considerarse “corruptas”.

Ley incumplida

El derecho al aborto de las mujeres españolas se encuentra condicionado por la comunidad autónoma de residencia ya que las competencias en materia de Sanidad están transferidas. A pesar de que la Ley de 3 de marzo de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo supuso un avance en la protección y la garantía de los derechos de las mujeres en esta materia con respecto a la anterior de 1985 al eliminar los supuestos contemplados en aquel momento y sustituirlos por una Ley de plazos, el incumplimiento de algunos aspectos resulta ya endémico en ciertas comunidades.

Las consecuencias de la reforma introducida en 2023, que entró en vigor el pasado 1 de marzo por la que se modifica el artículo 4 para subrayar el acceso en condiciones de igualdad y con un enfoque de equidad territorial a las prestaciones y servicios establecidos en la Ley, aún está por ver pero en Castilla León las mujeres se han cansado ya de esperar.

“Nuestras reivindicaciones son claras y sólo pedimos que se cumpla la Ley” afirma Nina Infante quien recuerda que este es uno de los puntos por los que las feministas llevan luchando décadas. Ella participó activamente en la protesta organizada en febrero de 2014 denominada Tren de la Libertad en la que miles de feministas se dirigieron a Madrid desde distintos puntos de España para protestar por la reforma de la Ley vigente en aquel momento impulsada por Alberto Ruiz Gallardón, al frente del Ministerio de Justicia y con Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno. Aquella manifestación culminó con la dimisión del titular de Justicia y la retirada de la reforma.

Infante recuerda que junto a la abolición de la prostitución, el aborto libre y gratuito ha formado parte siempre de la agenda feminista y “es increíble que con el trabajo que nos ha costado conseguir que una ley nos asegure la posibilidad de que nuestros derechos sexuales y reproductivos sean respetados, la interrupción voluntaria del embarazo aún se encuentre en una situación tan precaria en varias comunidades autónomas”.

Esta reconocida feminista denuncia, además, las coacciones e insultos que sufren las mujeres por parte de grupos religiosos que se sitúan frente a las clínicas para intimidar a las mujeres. Un informe de 2018 realizado por la Asociación de Clínicas  Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) señalaba que un 89% de las mujeres se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas. Estas situaciones motivaron la introducción de una modificación en el Código Penal en abril de 2022 para sancionar estas conductas.

La culpa, la condena social, la vergüenza y la estigmatización de las mujeres que deciden poner fin a embarazos no deseados porque reclaman una maternidad responsable aún no han sido desterradas del imaginario colectivo y cualquier situación es aprovechada políticamente para introducir variables que cuestionen un derecho consolidado en la Ley. El pasado mes de enero, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo (VOX) anunció que los médicos debían ofertar a las mujeres embarazadas, tanto si habían decidido interrumpir su embarazo como si pensaban continuar con la gestación, la posibilidad de escuchar el latido del feto en un intento de fomentar la natalidad en este territorio.

La reacción del feminismo no se hizo esperar e incluso el Partido Popular, que comparte Gobierno con la ultraderecha, tuvo que matizar estas declaraciones que pretendían modificar los protocolos vigentes. “El problema de la escasa tasa de natalidad en Castilla y León no está provocado por la decisión de las mujeres de interrumpir sus embarazos sino por las escasas posibilidades laborales en la zona lo que empuja a muchas a buscar un futuro profesional fuera del territorio al que sólo vuelven en vacaciones”, explica Ana Vicente. 

Otras comunidades

La escasez de recursos para las mujeres que manifiestan su deseo de interrumpir voluntariamente sus embarazos no es exclusiva de Castilla León. Según en el Informe del Ministerio de Sanidad correspondiente al 2021, doce provincias españolas no disponen de hospitales públicos o privados, clínicas concertadas o privadas ni centros de salud adscritos a la red de sanidad pública a los que las mujeres residentes puedan dirigirse para ejercer su derecho al aborto. Además de las cinco ya referenciadas en Castilla y León, Huesca y Teruel (Aragón), Guadalajara, Cuenca y Toledo (Castilla La Mancha), Cáceres (Extremadura) y Jaén (Andalucía) no cuentan con ningún recurso.

En algunas comunidades autónomas es posible ejercer este derecho en hospitales de titularidad pública pero, en ocasiones, no pueden cubrir la demanda de todo el territorio. En Andalucía, un único hospital de estas características está situado en Huércal Overa (Almería) a 106 kilómetros de la capital. Asturias se encuentra en mejor situación ya que cuenta con cinco hospitales públicos para una comunidad uniprovincial. Las islas Baleares realiza estos procesos en siete hospitales de su red sanitaria mientras que Canarias pone a disposición de sus residentes cinco centros hospitalarios de su servicio de salud.

Cantabria, con una sola provincia, también cuenta con un hospital público mientras que Castilla y León, como ya se ha reseñado anteriormente, sólo realiza estas intervenciones en dos hospitales de Burgos a pesar de ser un vasto territorio conformado por nueve provincias. La precariedad de este servicio es manifiesta en Castilla La Mancha que no atiende a las mujeres de su comunidad en ningún hospital de su red  pública y sólo mantiene un concierto con dos clínicas privadas en Albacete y Ciudad Real. Cataluña es la comunidad que oferta un mejor servicio con varios hospitales, clínicas y centros de salud en sus cuatro provincias hasta completar 72 recursos.

La Comunidad Valenciana atiende estos procesos en trece hospitales públicos mientras que Extremadura no oferta ninguno y sólo cuenta con una clínica privada concertada en Badajoz por lo que las extremeñas son derivadas, por sistema, a clínicas privadas concertadas en Salamanca y Madrid. Cuatro hospitales públicos supervisan estas intervenciones en Galicia mientras que la comunidad de Madrid no aborda estos procesos en ningún centro hospitalario de la sanidad pública madrileña. Lo mismo ocurre en Murcia que deriva todas estas atenciones a clínicas privadas. País Vasco da cobertura a las mujeres que residen en su territorio en seis hospitales de su red sanitaria y La Rioja lo hace en el Hospital San Pedro de Logroño.

La ausencia de hospitales de referencia suele cubrirse con clínicas privadas con las que las comunidades autónomas realizan conciertos para dar respuesta a las demandas de las mujeres que solicitan este tipo de intervenciones en sus territorios aunque, en ocasiones, ni siquiera se cuenta con esta posibilidad en algunas provincias como se ha señalado con anterioridad.

Cristina Prieto

Periodista e investigadora con más de treinta años de experiencia. Integrante del equipo español del Proyecto Monitoreo Global de Medios (GMMP), un estudio internacional para conocer la presencia de las mujeres en las noticias. Coautora del libro Nietas de la Memoria.