El «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo» es la bella definición más conocida de democracia que planteó Abraham Lincoln en su célebre discurso de Gettysburg. Sin embargo, en honor a la verdad, ese ideal de democracia al que Lincoln se refería en 1863, cuando homenajeó a los soldados muertos en combate, sólo llegó a concretarse en 1920, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la XIX Enmienda, que garantizaba el derecho al sufragio a las mujeres, logrado tras una intensa y larga lucha activista de las feministas estadounidenses. El derecho al voto a los varones afrodescendientes ya había sido reconocido, al menos formalmente, en 1870, con la ratificación de la XV Enmienda, aprobada después de la Guerra Civil.
De la entonces naciente Segunda República española de 1931 también podemos decir lo mismo, sólo puede hablarse de la democracia proclamada en su artículo primero porque en la Constitución se reconocía la plena igualdad jurídica entre mujeres y hombres (artículos 2 y 25), y porque el derecho garantizado era el sufragio universal, es decir, el que permitía el derecho al voto a mujeres y los hombres, en igualdad de condiciones (artículo 36).
Como sabemos, al igual que en el resto de los países occidentales, en España la consolidación de la efímera democracia republicana también fue producto de la titánica lucha de las feministas que abogaron por el derecho al voto de las mujeres. Entre todas ellas destacó la diputada Clara Campoamor, infatigable jurista que defendió y logró que las Cortes aprobaran el derecho al voto a favor de las mujeres que ya habían reclamado, entre otras, célebres feministas como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, María Telo, Consuelo González Ramos, María Espinosa de los Monteros, Rosario Acuña y Carmen de Burgos y algunos destacados aliados sufragistas.
En efecto, en los países occidentales sólo puede hablarse de democracia como gobierno del pueblo, a partir del reconocimiento del derecho al sufragio a favor de las mujeres, pues hasta que no se incluyó a la otra mitad de la población como sujetos de este derecho lo que existía era una ‘androcracia’, el gobierno de los hombres, por los hombres y para los hombres, porque sin mujeres, no hay democracia. Por todo ello, podemos afirmar que el feminismo, el movimiento emancipador de las mujeres, es el corazón de la democracia. Como dice Amelia Valcárcel, la única democrática es la civilización feminista.
¿Y por qué traemos a colación esta remembranza en pleno siglo XXI?
Pues, porque hace unos días, durante la celebración del aniversario de los disturbios de Stonewall que lideró la afroamericana lesbiana Stormé DeLarverie en 1969, la ministra de Igualdad volvió a hacer gala de su profunda ignorancia, frivolidad y sectarismo, afirmando en declaraciones a la prensa que “el orgullo es el corazón de nuestra democracia” ya que –según Irene Montero– la celebración del orgullo LGBTIQA+ reivindica “el más fundamental de los derechos: el derecho a ser quien eres y a no sufrir odio ni discriminación por ser quien eres”.
Como salta a la vista, no es verdad que la fiesta más multitudinaria y neoliberal de todo el mundo tenga tal relevancia política como para ser considerada el corazón de la democracia. Y, desde luego, no existe en la CE el derecho fundamental ‘a ser quien quieras ser’, como asegura Montero.
La Constitución lo que reconoce dentro del epígrafe de los Derechos Fundamentales es que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad son fundamentos del orden político y de la paz social, pero siempre dentro del respeto a la ley y a los derechos de los demás (art. 10 CE); límites que el Ministerio de Igualdad ha transgredido.
Con base en el art. 10 y otras normas, señaladamente el art. 14 CE, se han reconocido en las leyes plenos derechos a las lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y personas con anomalías del desarrollo sexual (ADS), en igualdad de condiciones que el resto de la población, que hacen que hoy en día en España este colectivo goce de altos niveles de satisfacción.
De hecho, según la European Union Agency for Fundamental Rights, 2020 (FRA), las personas trans en España tienen el rango de mayor bienestar en la UE-28: 5,8, frente a los 5,6 de la media. Y, según la misma FRA, los varones gais, bisexuales y con ADS tienen niveles muy altos de satisfacción, incluso, mejor que el de las mujeres en su conjunto, sean heterosexuales o lesbianas, pues seguimos siendo tratadas como ciudadanas de segunda, sometidas a altos niveles de violencia y opresión, que comportan importantes fracasos y retrocesos en la ejecución y cumplimiento de las leyes y políticas públicas.
No es cierto que la ley trans haya otorgado nuevos derechos y garantías a gais, bisexuales y transexuales, pues sus derechos ya estaban protegidos. Lo que ha hecho en Gobierno con la ley trans ha sido violar la Constitución y las leyes para otorgar privilegios a una minoría, a expensas de los derechos de las mayorías, poniendo en peligro el equilibrio de poder que en democracia debe existir entre unas y otras.
Recordemos que en la ley 13/2005 se reconoció el único derecho que entonces no tenían permitido ejercer las lesbianas y gais: el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y derechos de filiación y adopción.
E, igualmente, siguiendo las directrices señaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la ley 3/2007 se reconoció a las personas con disforia de género el derecho a solicitar el cambio de sexo registral para ajustar el sexo legal en su documentación, con el sexo social que evidenciaban con modificaciones corporales y estéticas al identificarse con el sexo opuesto, a efectos de facilitarles su integración, siempre que se cumplieran unos requisitos mínimos que garantizaran la seguridad jurídica, considerados razonables por parte del TEDH.
Y estos son los graves problemas que trae la mal llamada ley trans: se aprobó para satisfacer las exigencias del misógino y poderoso lobby de la industria de la identidad de género, que pretendía la implementación del reconocimiento en las leyes del falaz derecho a la autodeterminación del sexo sin importar que esta ley violara la Constitución y las leyes preexistentes; desprotegiera a los menores vulnerables y sus familias; coartara las libertades ciudadanas con su régimen represivo y sancionador; rompiera la seguridad jurídica que deben garantizar las leyes y el equilibrio de poder que debe existir entre los derechos de las mayorías y las minorías.
Y, lo que es más significativo, desmantelara la categoría jurídica ‘sexo’, donde se construyen los derechos de las mujeres y donde se sustenta la categoría jurídica ‘orientación sexual’, que protege a lesbianas, gais y bisexuales. Las circunstancias en la que se concibió y aprobó la ley trans han dado lugar a la institucionalización en España de la lobbycracia, donde el poder se ha trasladado del pueblo a los grupos de presión.
¿Y por quién votar si no tenemos partido político que nos represente?
En los años más violentos y críticos para las mujeres y niñas en tiempos de pandemia y profundos cambios sociales, los partidos autoidentificados feministas de la coalición de Gobierno han legislado perjudicando a las mujeres y han despreciado y desprestigiado al feminismo, demostrando que su objetivo prioritario era aprobar leyes que desmantelaban o debilitaban nuestra dignidad, derechos y libertades, criminalizando al feminismo con su régimen sancionador, e incumpliendo los deberes que imponían las leyes penales, de igualdad y de violencia machista y la Agenda Feminista Internacional.
De estos datos objetivos sólo se puede concluir que los partidos del Gobierno han abandonado la lucha por la justicia social que debería haber determinado su gestión de gobierno, para abrazar el neoliberalismo capitalista. ¿Qué los distingue de los partidos liberales y conservadores?
Lo cierto es que en esta larga legislatura PSOE, Podemos, Izquierda Unida, SUMAR y sus demás socios han defraudado una y otra vez la confianza que teníamos en que sólo los partidos progresistas podían garantizar mejorar las condiciones de vida de las personas y proteger los derechos y libertades de las mujeres y sus hijas e hijos, de las personas homosexuales y otras minorías y de la clase trabajadora.
Por respeto y lealtad a las feministas que lucharon para que las mujeres hoy día tengamos derecho al sufragio, no podemos abdicar del ejercicio del derecho ciudadano por antonomasia, el único con base en el cual, por una vez, cada cierto tiempo, todas las personas somos iguales ante la ley, porque el voto de una persona vale exactamente igual que el de las demás; lo anterior, obviamente, al margen de las tretas de la ley electoral, que favorece a los partidos mayoritarios, debilitando las opciones de poder de los minoritarios.
No obstante, dado que los otrora partidos progresistas han legislado en nuestra contra, olvidando que el feminismo es un asunto de Estado y que las mujeres somos sus electoras principales, no parece que haya razón válida para pensar que el partido conservador pueda ser peor.
Por estos motivos, al carecer de representación política, en las próximas elecciones del 23-J yo también votaré nulo, como protesta por la traición a las mujeres y al mismo corazón de la democracia. Y expreso públicamente mi parecer en ejercicio de ese otro derecho ciudadano principal que los partidos de Gobierno también están vulnerando en sus leyes mordazas: la libertad de expresión, sobre la que versará mi próxima publicación. #Feminismonovotamisoginia.
