Alba Molina Garzó falleció atravesada por un quitamiedos debido, según su familia, a un deficiente mantenimiento de la autovía A-23 y un diseño que incumple la ley. La pesadilla de Paloma y Víctor se inició hacia las seis de la tarde del 11 de octubre de 2015 y aún no ha acabado. A esa hora, el coche en el que viajaba su única hija, Alba (16 años), sufrió un accidente. La concatenación de varios factores –entre ellos el mal estado del guardarrail que, además, era inadecuado para el tipo de vía, según consta en el informe pericial encargado por la víctima– convirtió al quitamiedos en una arma mortal. La bionda atravesó el automóvil desde el motor al maletero y dos de sus ocupantes perecieron ensartados en la barrera metálica, pensada, paradójicamente, como elemento de seguridad pasiva.
“Donde no hay Justicia es un peligro tener razón”. Esta frase que se atribuye a Quevedo y aunque tiene más de cuatro siglos, encaja a la perfección con la situación de Paloma Garzó y Víctor Molina, padres de Alba Molina Garzó. La pareja lleva siete años sumidos en una situación kafkiana. A la muerte de su hija en un trágico accidente de tráfico se han sumado la peripecia legal y una sentencia de la Audiencia Nacional que desestima la causa y les condena a pagar una indemnización de 31.000 euros en concepto de costas judiciales, por un contrainforme pericial que nunca han visto y un juicio que no se ha celebrado.
Hace ya meses que a la pensión de incapacidad de 1.200 euros que recibe Víctor –únicos ingresos familiares– le descontaban más de 300 euros cada mes, para ir pagando hasta que se cubra la totalidad de la compensación impuesta por la Justicia. La pareja vive aislada a las afueras del pueblo de Gilet (Valencia) y el padre de Alba vive sumido en una profunda depresión por la que estudian ingresarle.
El caso expuesto por la familia podría parecer sencillo de dirimir, pero nada lo es cuando las cosas se retuercen en procesos legales. Alba murió en un accidente cuando la conductora del coche en el que viajaba perdió el control unos segundos y el automóvil acabó chocando contra el guardarraíl del sentido contrario. La bionda, que bordea la A-23 en ese tramo, entre Sagunto y Sarrión, entró por el frontal del coche y atravesó al copiloto por el estómago y a la joven, por la cabeza. Ambos perecieron ensartados en el quitamiedos. La menor fue lanzada a siete metros.
El padre de Alba trabajaba de conductor de la ambulancia que debía ir a atender a las víctimas. Sus compañeros lograron interceptar el aviso y no permitieron que Víctor acudiese a ese accidente, aún sin saber el trágico desenlace. Él solo supo que algo grave le había pasado a su hija. Llamó a su cuñado Rafael Garzó y le dijo que fuese a por hermana Paloma, madre de Alba. Se temía lo peor. Cuando Rafa llegó a la casa ya tenía confirmada la terrible noticia que tuvo que dar a su hermana, su sobrina había muerto.
Allí comenzó otra pesadilla que va más allá de la pérdida de la única hija del matrimonio. Abogados, demandas y sentencias que para nada consiguen reparar la pérdida de dos vidas. “El abogado al que acudimos me dijo que si el guardarrail hubiese hecho su función mi hija estaría viva –recuerda Paloma–. Y por lo tanto, que íbamos a tirar para delante que era un caso insólito y que demandaríamos”.
Mal funcionamiento de un servicio público
El informe pericial encargado por la familia concluía que, efectivamente, habían observado evidencias del mal estado del guardarrail y el mal diseño de la autovía. En dicho documento, al que ha tenido acceso Crónica Libre, los técnicos hacen constar que “es inconsistente la afirmación (contenida en el informe de Tráfico) de que las barreras existentes en la mediana de la autovía A-23, estuvieran correctamente instaladas”.
Los técnicos añaden que el dispositivo de seguridad “no se corresponde con el modelo recomendado”. Señala que no hay pruebas de que los dispositivos de contención estuviesen correctamente ensamblados y afirman que “tras visión ocular”, existen “graves deficiencias en la instalación y practicas no permitidas en su ejecución”. Concluyen señalando que “la lesión es consecuencia del anormal e incorrecto funcionamiento del servicio público”.
Evitar más muertes
Cuando ya no te queda el recurso de una Justicia y un sistema que repare lo que consideras una negligencia, lo que resta es continuar tu batalla por tu cuenta. La familia Molina Garzó ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org, que ya ha logrado casi 115.00 firmas de las 150.000 que buscan.
“No pedimos dinero, lo que queremos es que se solucione el estado de la carretera, que actualmente es el mismo que cuando murió Alba. Queremos evitar que eso le pueda pasar a otra persona”, cuenta el tío de la joven, Rafa Garzó, portavoz de la familia. La causa iniciada en la plataforma va dirigida al Defensor del Pueblo, la Audiencia Nacional, los ministerios de Fomento e Interior y la DGT. A la Audiencia Nacional le piden que reconsidere la desestimación de su causa y el cobro de las costas procesales.
“A los 4.000 euros que reclama la Audiencia Nacional, se unen los 27.000 que deben pagar a la empresa encargada del mantenimiento de la A-23 en el momento del fatal accidente. Nos piden dinero por un juicio que no se ha celebrado y por un contrainforme pericial que nunca hemos llegado a ver. Y, a pesar de que el tramo en el que murió Alba sigue igual, no se ha reparado, tenemos que indemniza a la empresa que se encarga del mantenimiento. Lo que le ocurrió a ella nos puede pasar a cualquiera”, se queja la familia. Insisten en que no solo persiguen que se reconozca la deficiente seguridad del guardarraíl y se repare para la seguridad de todos.
La sentencia de la Audiencia Nacional permitía recurrir pero por lo que la familia considera que fue una negligencia más, en este caso de su abogado, que no presentó en plazo el recurso, hizo que no pudiesen apelar. La familia ha acudido a un nuevo abogado para ver si queda algún resquicio legal para apelar y actuar frente a lo que entienden que puede ser una mala praxis del anterior abogado.
Desde que el matrimonio se retiró a vivir apartados de todo el mundo, Rafael Garzó, hermano de la madre de Alba, es el único contacto con la civilización y quien sigue moviendo la causa en redes sociales y está al tanto de los procesos judiciales. “Es desolador verles, sobre todo a mi cuñado”, explica. A pesar de sentirse víctimas de una injusticia, la madre de Alba, en declaraciones a Crónica Libre, asegura que no pueden hacer nada. “La Justicia es para quien tiene dinero y yo no lo tengo”, lamenta.
