En ningún anuncio de alquiler de piso aparecerá una condición como esta. Sería inconstitucional y suceptible de ser demandado y multado. Pero este mensaje es tácito y salta a la hora de “seleccionar” a un inquilino. Racismo y prejuicios hay, y muy arraigados, en el sector inmobiliario. Hace unos días se viralizaba a través de twitter la historia de Saab, un joven que se veía expulsado del piso que acababa de alquilar por ser marroquí, según ha contado a Crónica Libre. Otros colectivos atestiguan que los prejuicios se arman rápido si el aspirante a arrendatario es de etnia gitana o tiene problemas de salud mental.
Por Inma Muro
Un estudio de la Asociación Provivienda, financiado Secretaría de Estado de Migraciones, refleja que el 72,5 por ciento de las inmobiliarias contactadas aceptan discriminación directa absoluta. O sea, que bloquean el acceso a la vivienda por su origen extranjero. Si se atiende a las que incrementan los requisitos que exigen si el inquilino no es o no parece español, las que practican la discriminación llega al 81 por ciento.
El aspecto, el color de piel o rasgos faciales, la indumentaria, el acento o el nombre son motivos que pueden llevar a ser rechazado en la ardua carrera de encontrar piso. A veces no es algo que se manifieste de forma patente, pero en otros casos ni siquiera se intenta disfrazar los motivos. Así le pasó a Saab. Después de tres meses buscando piso, la alegría de encontrar una casa le duró dos horas.
“Si te quedas tú, me tengo que ir yo”
“Todo empezó a través de un grupo de WhatsApp en el que me uní para buscar piso”, recuerda este joven. Saab tenía la ilusión de encontrar su primera vivienda e independizarse fuera de la casa familiar. A sus 20 años, tiene un trabajo como dependiente en una gran cadena de ropa en Almería. El sueldo, después de que le hicieran un contrato, tras estar unos meses en prácticas, le daba para pagar un alquiler.
Lleva todo el verano buscando una vivienda que le permita ahorrarse el ir y volver cada día a la capital, desde San Isidro de Níjar, a una treintena de kilómetros. Tras casi tres meses, Saad encontró un piso compartido que le encajaba. Dos días de intercambio de mensajes y una “entrevista” a través de innumerables wasaps, y la cosa parece que cuajó.
Le citaron en la casa compartida, dos de los futuros compañeros de piso –dos chicos y una chica– y la casera le esperaban a las 11.30 de un viernes. Allí mismo ya le dieron las llaves y les acompañó a una copistería para imprimir el contrato y firmarlo y hacer una copia de su DNI. Pagó los 300 euros de la fianza y primera mensualidad. El domingo siguiente iba a hacer la mudanza.
“Todo buen rollo, la verdad. Nos quedamos hablando y bromeando. Después de eso me fui a comer con una amiga para celebrarlo. Y durante la comida me llega un mensaje de la chica del piso, diciéndome: `hola, Saad, tenemos problemas bastante tochos’ y una carita triste’. Yo ahí no sabía qué pensar, pero algo sospeché sin querer creerlo…”
Los wasaps continuaron “te va a sentar mal pero quiero ser sincera”… Saad, de origen marroquí y criado desde los tres meses en España, no quería dar con la explicación que en principio podría ser la, tristemente, más habitual… “no, eso no puede pasarme a mí”.
Inmigrantes de segunda y de tercera
Fue al piso a ver qué pasaba, entró con sus propias llaves y se encontró a los dos compañeros que había conocido. Ella, titubeando y con lágrimas, le dice que su padre se ha enterrado que es marroquí y que ella no iba a vivir “ni con un marroquí ni con un gitano”.
“Para mí fue un jarro de agua fría. Lo recuerdo y me caliento. Nunca me había enfrentado a un acto de racismo. La chica dijo que su padre había tenido malas experiencias con marroquíes por okupas. Y que si no se iba él tendría que ser ella la que dejara el piso”, relata el joven almeriense.
Intentó argumentar frente al ultimátum: que si no habría una solución, que el padre de la chica, residente en El Ejido, debería conocerle antes de rechazarle… “Yo sentía que no tenía que pedir ninguna oportunidad para demostrar lo que soy ante esos prejuicios, pero de alguna manera quería saber hasta dónde llegaban”, afirma. Pero la chica no aflojaba, “eres tú o yo”, le llegó a espetar. El otro compañero le presionó para que fuera él quien cediese porque ellos eran amigos y formaban un grupo los tres. “Yo ya sabía que no me iba a quedar pero quería argumentos. Me dio un ‘no’ rotundo y me repitió ‘ni con moros ni con gitanos’, que según ella le había dicho su padre. No sabía cómo reaccionar, me quedé congelado, flipando”.
La chica trataba de excusarse: ya le contó que le había dicho al padre que iba bien vestido, que tiene trabajo”. “Eso me demostró que ella tiene ese racismo interiorizado, qué pasa que si voy mal vestido ya sí puede discriminarme”. Allí mismo le hicieron un bizzum y él devolvió la llaves. “Me duró el piso y la alegría dos horas. Ahora ya no tengo ni ilusión por buscar otro piso -–añade. Y el otro chico del piso era colombiano, así que, ¿hay migrantes de segunda y de tercera?”, ironiza Saab.
Su caso saltó a las redes sociales por un tuit que puso una compañera de trabajo, Elena Carrasco, que tuvo más de 28.000 likes y casi 10.000 retuits y medio millar de comentarios. La mayoría de ellos, de apoyo y de repulsión ante un caso obvio de racismo.
Estigma y salud mental
Entre los comentarios que surgieron al tuit de denuncia de este caso de racismo, había uno que sugería que la discriminación a la hora de encontrar un piso si se sabe que se tiene problemas de Salud Mental. Una denuncia más que acertada. Los prejuicios se arman rápido si se conoce que el vecino sufre algún trastorno psíquico.
Este es el hilo central del corto que escribió y dirigió Santiago Requejo, Votamos, nominado a los premios Goya en 2022 como Mejor Corto de Ficción. Una junta de vecinos vota para que el dueño no arriende su piso a una persona con problemas mentales.
“Conocí esta situación a través de las Hermanas Hospitalarias que me contaron el caso de un paciente al que le cancelaron un contrato que tenía apalabrado porque era una persona con problemas de salud mental. Me sorprendí de que esto pasase en el siglo XXI. Luego me planteé qué hubiera hecho yo y llegué a la conclusión de que hubiera hecho lo mismo”, reconoce el director del corto.
A esta revelación sincera e incómoda, Requejo, decidió ponerle un remedio a su alcance, lo que él sabe hacer, un guión y un corto que denunciasen una discriminación que no es aislada. “Tenemos ideas preconcebidas que nos vienen del cine, la literatura, a un conocimiento vago de la salud mental que alimenta nuestros prejuicios”, explica.
Lo que más llamó la atención al cineasta es la reacción que desencadenó la cinta en su entorno. “Mucha gente me confesó que el corto les había ayudado a ser conscientes del estigma. Además, otras personas me dijeron que gracias a Votamos se habían animado a contar su historia, ‘a salir del armario”, añade Santiago Requejo.
La discriminación por razones de salud mental es algo habitual. Jorge Daniel Castilla es activista por los derechos de las personas que tienen algún trastorno. Relata a Crónica Libre cómo en Tarragona, antes de acceder a pisos compartidos a través de la asociación a la que pertenece, muchas personas lo intentan por los propios medios y exigían a los futuros inquilinos una claúsula de supervisión, al enterarse de sus problemas de salud mental. “Esto supone vulnerar nada menos que los Derechos Humanos”, dice contundentemente.
“Es evidente que la discriminación hacia personas que tienen una discapacidad psicosocial (terminología que prefieren) existen”, Josep María Solé. Presidente la organización Support Girona, ONG que se dedica a ofrecer soporte jurídico social a personas con discapacidad psicosocial, intelectual o falta de habilidades debido a ingresos prolongados en instituciones.
Desde Support Girona han vivido directamente el rechazo cuando acudían, como asociación, a alquilar una vivienda para sus asociados. “Muchas veces las inmobiliarias nos han puesto como excusa que el propietario no va a querer y otros nos rechazan de forma más contundente”, asegura Solé. Su respuesta siempre es la misma, informarles de que esa discriminación es inconstitucional y de que van a denunciar. “Aunque hasta ahora no hemos presentado ninguna, no ha sido necesario”.
“Después, han comprendido que nuestra mediación hace que no haya conflictos. Con las 1.200 personas que acompañamos no hemos tenido problemas y eso nos va generando fidelización porque han visto que sale a cuenta contar con nuestro respaldo para evitar o mediar en los conflictos”, añade.
En esta asociación gerundense fomentan los pisos compartidos, no tutelados. Pretenden apoyar la vida independiente, algo que, reconocen, no es muy fácil de hacer realidad. “Hay mucho miedo y desconocimiento respecto a los problemas de salud mental. Hay un estigma que lo asocia a peligro, a generación de situaciones desagradables, y de difícil convivencia. Frente a eso hay que divulgar la diversidad. Los problemas muchas veces si se dan es por falta de apoyo, de mediación”, añade Josep María Solé.
Precisamente para luchar contra la estigmatización, son partidarios de apoyar a personas con situaciones diversas, sin clasificarlas ni pedir diagnósticos, “tratamos el problema desde el sinhogarismo, y allí encontramos muchas personas que no tienen evaluada su capacidad intelectual, o mental… ¡Qué más da eso si los problemas son los mismos!” espeta Solé, contrario a etiquetar.
Si eres gitano, pagas más renta
Las personas de etnia gitana son también blanco de xenofobia. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), señala que las personas de etnia gitana son las más discriminadas, junto con las africanas no mediterráneas y las magrebíes. Son conclusiones del estudio ‘Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020”.
En el acceso a la vivienda es el ámbito en los que las personas perciben en mayor medida el rechazo. El 31 por ciento manifiesta haber sentido esa discriminación al acceder a un alquiler de vivienda. El estudio señala que es un “fenómeno multidimensional” y bastante arraigado.
Mari Carmen Cortés Amador vivió una situación de exclusión cuando quiso acceder a un piso en alquiler. “No soy de Madrid, llegué de Almería y necesitaba casa. Al ver mis apellidos y que mi nómina estaba sellada por el Secretariado Gitano, sentí el rechazo. Tuve que ir a tres inmobiliarias. Aun cumpliendo todos los requisitos, de repente me subían lo que pedían de alquiler, de 500 a 720€/mes o ponía excusas acerca de que el propietario no quería gitanos”, explica a Crónica Libre.
Cortes Amador es abogada y máster en Derechos Fundamentales, trabaja en el departamento de Igualdad de Trato dentro de la organización Secretariado Gitano que vela por la no discriminación de las personas de esta etnia. “En los 17 años que llevamos luchando contra el racismo, hemos constatado que en el acceso a la vivienda es un ámbito en el que se reproducen constantemente el estigma. Una vez que se les identifica como gitanos, comienzan el proceso para expulsarlos del vecindario si ya están en la vivienda, con insultos, agresiones, pintadas en las puertas… para echarles. Si todavía no han alquilado, los requisitos que se les piden aumentan para hacerles imposible el acceder al inmueble”.
Esta abogada no considera que haya un cambio sustancial en estos comportamientos a lo largo de las dos décadas de labor por la igualdad de su organización. Es algo arraigado en la cultura. “Lo que sí notamos que hay más conocimiento de los derechos pero aún así muchas personas gitanas tienen tan asimilada esa discriminación que la aceptan. Y muchas veces no quieren que haya posibles represalias o situaciones tensas en la convivencia y rehúsan, la mayoría, poner denuncia.
Cortés espera que la Ley integral de Igualdad de Trato y no discriminación, del 12 de julio de 2022 de herramientas efectivas como sanciones administrativas. Desde el Observatorio del Secretariado Gitano, se registran medio centenar de casos al año en los que se niega el acceso a personas o familias a una vivienda por pertenecer a la etnia gitana. Racismo que se origina tanto en las inmobiliarias como en las comunidades de vecinos, según se extrae del informe de CEDRE.
