Manifestación abolicionista convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, Día Internacional de la Mujer. Foto: Carlos Luján / Europa Press
/

Cinco asociaciones que defienden la prostitución reciben 2,4 millones de euros de fondos públicos

12 Min. lectura

Varias asociaciones que consideran la prostitución un trabajo más reciben elevadas cantidades de dinero público, incluso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para blanquear esta actividad, especialmente en el Levante español. Desde Cataluña y Aragón hasta la Región de Murcia, ayuntamientos, diputaciones y consejerías liberan fondos en subvenciones públicas para la organización de charlas, talleres, presentaciones de libros y jornadas en donde la defensa de la prostitución es el tema central. A eso hay que sumar las partidas procedentes del Estado a través de distintos ministerios. Algunas de ellas, incluso, ofrecen cursos para mujeres que se inician en la prostitución previo pago de 90 euros como Aprosex que, según recoge en su web, celebró en 2021 la 17ª Edición de los Cursos de Profesionalización para Trabajadoras Sexuales.

Cinco asociaciones –Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), Associaciò Genera, Aprosex, Asociación Casa Alba y el Sindicato Otras– concentran las subvenciones de cuatro Comunidades Autónomas que, a través de distintas convocatorias, obtienen fondos para mantener estas actividades. De ellas, la que más dinero público recibió fue el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo que, entre 2019 y 2022 gestionó 790.639 euros procedentes de la Región de Murcia (Gobierno autónomo y Ayuntamiento), la Comunidad de Valencia y del Estado.

Cartel anunciando unas jornadas feministas de la asociación Nomadas.

A esta cifra hay que añadir las cantidades recibidas a través de las convocatorias anuales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de ayudas a proyectos para las víctimas de trata a las que concurre esta entidad desde el año 2010 por un total de 222.109 euros entre esta fecha y 2018. Sumada a la cantidad resultante de los ejercicios 2019-2022, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo ha recibido 1.012.748 euros para fomentar la prostitución como una actividad laboral.

Barrios rojos

Según el manifiesto publicado en su página web, esta organización trabaja por el reconocimiento de la prostitución como una “actividad económica legítima”, para que no se “establezcan controles sanitarios obligatorios” a las mujeres porque contribuye a estigmatizarlas y por la creación de espacios públicos, “al estilo de los barrios rojos de algunas ciudades europeas” para esta actividad. El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo se creó en Murcia en 2002 y, en la actualidad, cuenta con delegaciones territoriales en Murcia, Comunidad Valenciana (Elche y Alicante), Castilla La Mancha (Hellín y Albacete) y Andalucía.  

En Murcia, su financiador principal es el gobierno autónomo a través de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia con un montante total de 367.165 euros entre 2019 y 2022, seguido por el ayuntamiento con 170.000 euros para el mismo periodo. De la Comunidad de Valencia recibieron 46.828 euros a través de la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad, la Secretaría Autonómica de Salud Pública y la partida correspondiente al 0,7%.

Festivales eróticos

El Estado también libra subvenciones para que el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo realice sus actividades, entre las que se encuentra la participación en eventos “con potencial para la sensibilización de clientes como los festivales eróticos”, según el propio colectivo.

Los ministerios de Sanidad, Igualdad y Derechos Sociales y agenda 2030 aportaron, en su conjunto, 113.245 euros, a los que hay que sumar 41.551 euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia sobre las mujeres en los ejercicios 2019, 2020 y 2022, así como  51.850 del Plan Nacional contra el Sida en el año 2019.

captura de pantalla con una acción de crowfunding organizada por varias asociaciones para captar fondos en la plataforma Gofundme.

Aunque las cantidades ya reseñadas, y extraídas de la Base de Datos del Ministerio de Hacienda, sólo incluyen los últimos cuatro años, el Comité de Apoyo a las trabajadoras del Sexo había recibido subvenciones con anterioridad. Un total de 47.245 euros fueron entregados a esta asociación en los años 2015 (15.000 euros) y 2017 (37.245 euros) por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad  para la ejecución de distintos proyectos. El cómputo global de todo lo reseñado, asciende a un total de 1.064.993 euros desde 2015 hasta 2022.

Visión academicista

Si el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo se enorgullece de estar formado, en un 81%, por personas en situación de prostitución, la Associaciò Genera presenta un perfil diferente. Fundada en 2003 en la ciudad de Barcelona, “busca la redefinición de los roles sociales desde una perspectiva de género a través de la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres partiendo del ámbito del trabajo sexual”, según se recoge en su web.

Sus impulsoras responden a una visión de la prostitución como trabajo desde una perspectiva más academicista e incluyen formaciones al funcionariado, profesionales de los ámbitos de la educación, la salud, servicios sociales, jurídicos, personal de ONGs y estudiantes.

La Associaciò Genera recibió entre 2019 y 2022 un total de 658.372 euros procedentes, principalmente, de instituciones catalanas. El Departamento de Derechos Sociales, el de Salud y el Departamento de Igualdad y Feminismos concedieron en forma de subvenciones directas sin contraprestación 104.713 euros en 2019, 39.806 euros en 2020, 81.231 en 2021 y 71.805 euros en 2022. A estas cantidades hay que añadir las recibidas por parte del Instituto Catalán de las Mujeres con una cifra global para estos cuatro años de 46.119 euros.

Las diputaciones de Barcelona y Girona han concedido también subvenciones a esta organización, 5.749 euros  la primera y, más generosamente, la segunda con tres subvenciones de 36.000 euros cada una durante los años 2019, 2020 y 2021. Como parte también de las instituciones catalanas, el Ayuntamiento de Barcelona ha contribuido a financiar las actividades de la Associaciò Genera con dos partidas de idéntica cuantía, 61.150 euros los años 2020 y 2021.

Subvenciones del Ministerio de Igualdad

El Estado también ha participado con sus aportaciones en forma de subvenciones y ayudas a los proyectos de esta entidad a través, exclusivamente, del Ministerio de Igualdad. Desde el año 2009 hasta 2022, la Associaciò Genera ha recibido un total de 299.981 euros procedentes de la línea de subvenciones que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género convoca para la financiación de proyectos destinados a la atención y la asistencia a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y sus hijas e hijos menores de edad o con discapacidad.  Esta cuantía sumada a la procedente de las instituciones catalanas arroja una cifra total de 958.353 euros.

La defensa que la Associaciò Genera realiza de la prostitución como un trabajo queda patente en la revista Punto G (mantiene alojados en su web cuatro ejemplares correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010) donde publican entrevistas con mujeres en prostitución que presentan esta actividad como una salida laboral más, ofrecen consejos de higiene íntima, especiales sobre BDSM/Sado y pornografía. En su portal mantienen también un Manual de Profesionalización de Trabajadoras Sexuales.

Aprosex, OTRAS y Centro Alba

Aunque Aprosex y el Sindicato OTRAS son las organizaciones más conocidas, no perciben ayudas públicas en nuestro país tan elevadas como las anteriores. Ambas se circunscriben a la provincia de Barcelona y recibieron, entre 2017 y 2022 un total de 25.919 euros, la primera, procedentes del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y 7.265 euros la segunda de las mismas instituciones entre 2019 y 2021.

Sin embargo, la singularidad del Sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales)  es que recibió estos fondos, entre noviembre de 2018 y junio de 2021) mientras sus estatutos estaban anulados por la Audiencia Nacional. Según publicó Nuria González en El Taquígrafo, en agosto de 2018 se inscribió en el registro del Ministerio de Trabajo la organización sindical, acción que Magdalena Valerio, entonces titular de esta cartera, aseguró desconocer para afirmar, posteriormente, que le “habían metido un gol por la escuadra” al no tener constancia de dicho registro.

«trabajo sexual»

En noviembre, la Audiencia Nacional anuló los estatutos al entender que no puede existir la prostitución como trabajo y, menos aún, por cuenta ajena porque se estaría dando legitimidad al proxenetismo, actividad delictiva según el Código Penal. Ante este contratiempo, el Sindicato renunció en junio de 2021 al concepto ‘trabajo sexual’ en sus estatutos y sólo entonces el Tribunal Supremo dio vía libre al texto. Mientras este asunto se resolvía, el Sindicato Otras recibió las subvenciones a pesar de que, durante este tiempo, podría no haber dispuesto de una cuenta bancaria para depositar la cantidad concedida.

Una mujer sostiene su pancarta con un mensaje de protesta en contra de la prostitución durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Sevilla, Foto: María José López / Europa Press

La web de la organización sindical no deja lugar a dudas sobre sus actividades. En la descripción recogida en su portal se refiere a la prostitución como “trabajo sexual” y “sector laboral”. No faltan los artículos en contra de las posiciones abolicionistas de la prostitución y a favor de su regulación junto a cursos para la introducción al sindicalismo, talleres gratuitos para realizarse pruebas de VIH o Hepatitis C en el propio domicilio y un blog donde se recogen testimonios de mujeres en situación de prostitución que defienden las bondades de esta actividad.

Empoderamiento económico

La Asociación Centro Alba está ubicada en Zaragoza y trabaja con mujeres, hombres y personas trans en contextos de prostitución. Entre sus fines se recoge la oposición a la criminalización y otras formas de opresión legal del trabajo sexual, el apoyo a esta actividad como trabajo y el empoderamiento económico y la inclusión social de las mujeres en situación de prostitución como trabajadoras sexuales. 

Esta organización recibió entre 2019 y 2022 un total de 320.051 euros de tres instituciones, el Ayuntamiento de Zaragoza (210.000 euros), la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón (100.786 euros) y el Instituto Aragonés de la Mujer (9.265 euros).

Estas tres organizaciones están integradas en la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP por sus siglas en inglés) que agrupa a organizaciones similares en cinco regiones del mundo –África, Asia-Pacífico, Europa (incluida Europa del Este y Asia central), América Latina y América del Norte-Caribe. Con sede en Edimburgo (Escocia, Reino Unido), su objetivo principal es “defender la voz de las trabajadoras sexuales a nivel mundial y conectar las redes regionales que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales femeninas, masculinas y transgénero” según se recoge en su web.

Este conglomerado asociativo internacional recibió en 2017 un total de 1,8 millones de dólares de la Fundación Robert Caar y 2,8 millones de dólares en 2019 del mismo financiador para “ayudar a los miembros del consorcio a mantener y expandir sus éxitos”. Esta fundación, con sede en Amsterdan (Países Bajos), es un fondo internacional líder en el mundo centrado en la financiación regional y global de redes para mejorar la salud, la inclusión y el bienestar de las poblaciones con servicios inadecuados.

Sus principales financiadores son el Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido (20%), la Fundación Bill y Melinda Gates (8%), el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida a través del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida-ONUSIDA (36%). También aparece el Ministerio holandés de Asuntos Exteriores (18%), el Ministerio holandés de Asuntos Exteriores a través del Programa PITCH (4%) y la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo- NORAD (14%).  

Asociaciones interconectadas

Tres de las cinco organizaciones reseñadas –CATS, Aprosex y OTRAS- mantienen vínculos entre ellas y con otros colectivos constituidos pero no registrados como tales. Un ejemplo de ello es el llamamiento que realizó la Coalición Estatal de Trabajadoras Sexuales en marzo de 2020 a través de la plataforma Gofundme para recoger aportaciones dinerarias ante la crisis sanitaria producida por el COVID 19 y la imposibilidad de realizar sus servicios.

Según los datos recogidos en la propia plataforma, la recaudación logró reunir 18.802 euros y fue impulsada por Aprosex, el Sindicato OTRAS, el colectivo Afemtras y Nomadas que, previamente, habían acordado cómo se repartiría la cantidad que pudiera reunirse.

Polígono Marconi

Afemtras (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) es una plataforma que reúne a mujeres en situación de prostitución en el Polígono Marconi de Madrid. Su portavoz, Ninfa, reconoce en una entrevista publicada en el blog alojado en la web del Sindicato OTRAS que “las mujeres de Afemtras nacimos de la militancia en Hetaira”, una asociación en defensa de la prostitución con una trayectoria de veinte años y cuyas integrantes siguen activas en otros colectivos.

Fundada, entre otras, por Cristina Garaizábal y Mamen Briz en 1995, el Colectivo Hetaira ha recibido subvenciones hasta 2018 principalmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -49.268 euros entre 2015 y 2017-, la Comunidad de Madrid -20.511 euros en 2018- y de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de la convocatoria anual de subvenciones para proyectos dirigidos a las víctimas de trata -35.226 euros en total en 2010 y 2011.

Personas migrantes y refugiadas

La conexión entre Hetaira y la Associaciò Genera queda patente en la colaboración conjunta que algunas de sus integrantes realizan en la coordinación de libros. Laura Macaya –directora de Genera y Cristina Garaizábal –una de las fundadoras de Hetaira- coordinaron el libro Alianzas Rebeldes (Bellaterra Edicions, 2021) junto a Clara Serra (diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid en 2015 y, posteriormente, de Mas Madrid hasta 2019). En este libro colectivo se incluye un capítulo firmado por Mamen Briz y el prólogo lleva la autoría de  Empar Pineda, ligada también a Hetaira.   

Cabecera de la manifestación para reclamar la abolición de la prostitución, a 28 de mayo de 2022, en Madrid (España). Más de cien organizaciones feministas se manifiestan para reclamar la abolición de la prostitución bajo el lema ‘Por los derechos de las mujeres, ¡ley abolicionista, YA!’. Las entidades reclaman la aprobación de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), la propuesta legislativa elaborada por la Plataforma de organizaciones de mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP). Foto: Fernando Sánchez / Europa Press

Aunque Hetaira anunció el cese de sus actividades como colectivo en diciembre de 2019, aparece como una de las principales donantes junto a Aprosex en la campaña de donaciones mencionada anteriormente a través de la plataforma Gofundme. Por su parte Nomadas (Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo Sexual y de Género), creada en Valencia en 2018 se presenta, según se recoge en su web, como “un grupo de profesionales y activistas por los derechos de las personas LGTBIQ+, de las trabajadoras sexuales, de las personas migrantes y refugiadas”.

Un ‘putivermú’ y una ‘Pro sexy party’

Ofrecen acompañamiento jurídico a personas migrantes en situación de prostitución y en su blog publicitan actividades en colaboración con otras organizaciones como el Colectivo de prostitutas de Sevilla, la plataforma Regularización Ya que defiende la prostitución como una actividad laboral y el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS).

Con esta última entidad organizaron en marzo de 2022 unas Jornadas Feministas Proderechos en Valencia en las que, el primer día se organizó una mesa de debate sobre la Ley de libertades sexuales y, el segundo, un ‘putivermut’ y una ‘Pro sex party’ con música, textos y arte pro sex. En la descripción de las jornadas se apuntaba que se trataba de un lugar para “informarse, acuerparse, conocer y celebrar las vidas y las existencias que están atravesadas por los distintos trabajos sexuales y sus interseccionalidades”. Terminaba la explicación alertando de que no se tolerarían “actitudes putófobas, racistas, misógenas, femméfobas, transodiantes, capacitistas y en general excluyentes”.

Alianza Europea por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales

Se da la circunstancia de que en febrero de 2022, la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se reunió con representantes de los colectivos que defienden el libre ejercicio de la prostitución. En aquel encuentro se sentaron a la mesa el Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), Afemtras, Aprosex, Nomadas, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) y Putxs en lucha.

Al igual que otras organizaciones, las conexiones internacionales entre entidades con los mismos objetivos se extienden cada vez más con la finalidad de conseguir introducirse en organismos de decisión. Nomadas entró a formar parte el pasado mes de febrero de la  Alianza Europea por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales (ESWA, por sus siglas en inglés) una red internacional europea de apoyo a las personas en situación de prostitución donde se integran 29 países europeos e Israel.

Además de Nomadas, las organizaciones españolas Fundación Triángulo, Colectivo Caye (Asturias), Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), Aprosex, Putas Indignadas, Adhara Sevilla Chekpoint y el Sindicato OTRAS también se han integrado en esta red supranacional que, a su vez, pertenece  también a la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), entre otras.

Cristina Prieto

Periodista e investigadora con más de treinta años de experiencia. Integrante del equipo español del Proyecto Monitoreo Global de Medios (GMMP), un estudio internacional para conocer la presencia de las mujeres en las noticias. Coautora del libro Nietas de la Memoria.