Una característica que toda/o miembro destacada/o de la dirección política de un partido debería tener bien desarrollada es la capacidad de análisis, pero no parece que ése sea el punto fuerte de la líder de Podemos. Ione Belarra tiene razón al constatar que el enésimo intento de articular “la izquierda a la izquierda del PSOE” sigue siendo incapaz de cortar la hemorragia de votos que, proceso electoral tras proceso electoral, es una constante a la hora excluirla como opción de voto.
Pero que su diagnóstico sobre las causas de la pérdida de votos se reduzca a señalar que “la estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado”, es claramente decepcionante y no augura que vaya a haber autocrítica, sino enfrentamiento por cuotas de poder.
Porque la postura honesta y responsable es analizar por qué una opción que se identifica como la “izquierda a la izquierda del PSOE”, se llame como se llame, y que afirma ser progresista y feminista, no es creíble. O peor aún, que puestas a elegir la opción “menos mala”, como muchas votantes Feministas afirman haber hecho tras la entrada de Vox en gobiernos autonómicos, la opción que representa Sumar no haya sido considerada ni siquiera como el clavo ardiendo al que se recurre en situaciones extremas.
Servilismo queer ante el neoliberalismo más depredador
Y es que es notorio que la reflexión a la hora de votar respecto a esa opción política, para muchísimas mujeres Feministas, fue que era una mala opción para la defensa y fortalecimiento de los derechos de menores y mujeres, precisamente debido a que no había un ápice de progresismo Feminista en sus propuestas, sino un conformismo enfermizo con el ordenamiento social androcéntrico más clásico.
Aunque lo grave para la salud democrática de este país, es que la opción considerada “menos mala” también lleva tiempo mostrando el mismo lastre androcéntrico, y un nuevo periodo de gobierno en coalición abonado con el servilismo queer ante el neoliberalismo más depredador, y debiendo favores políticos a diestra y siniestra, desgraciadamente va a seguir sin articular la ordenación general de las políticas públicas bajo la óptica del principio de igualdad entre los sexos, que es la garantía para el fortalecimiento democrático que sigue siendo una asignatura pendiente para nuestra clase política.
Y sin tener ese marco político Igualitario, seguiremos abocadas/os a la comprobada insolvencia política para afrontar el creciente aumento de denuncias presentadas por violencia machista y por agresiones sexuales, el de la feminización de la pobreza y sus repercusiones en hogares monomarentales, el del número de mujeres carentes de un diagnóstico diferencial porque continúa siendo minoritario el estudio de la fisiología propia de las mujeres…
Las mujeres Feministas y la Ley
Antes y durante la campaña electoral entidades y partidos Feministas hicieron público que es preciso llevar a cabo la deslegitimación del maldito género para elaborar políticas preventivas efectivas, pero ni una sola candidata/o ni en las entrevistas, debates o mítines que han recogido los principales medios de comunicación se ha comprometido a actuar así a pesar de que la vigente Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres conmina a los poderes públicos a llevar a cabo “una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española.”
Las mujeres Feministas llevamos esperando la implementación de esta Ley, que contiene herramientas políticas de trabajo encaminadas al cambio del modelo de sociedad que mantiene blindada la desigualdad estructural entre los sexos (elaborada y aprobada durante la presidencia de un Gobierno socialista), con el carácter transversal e Interministerial que ese cambio de modelo precisa, desde su aprobación en 2007.
Y ni siquiera la llamada de atención que supuso la aprobación en 2017, por parte de todos los grupos con representación política en aquel momento, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que había sido impulsada en 2016 por los grupos parlamentarios del PP y del PSOE, ha conseguido que la ideología Feminista permee las propuestas políticas defendidas por los partidos de ideología progresista. Porque existe una enorme diferencia entre decir que se es Feminista y actuar políticamente demostrando serlo.
Nunca fue cierto lo de la mayoría progresista y feminista
La convocatoria precipitada de Elecciones Generales, sin la necesaria reflexión por la pérdida de voto de las propuestas progresistas en las elecciones Autonómicas y Municipales del 28-M, nos encamina a la misma mentira política vendida por el Gobierno de coalición sí, pero Feminista no, que denunciamos públicamente desde el Movimiento Feminista: nunca fue cierto que hubiera una mayoría parlamentaria “progresista y feminista” avalando leyes tan claramente conformistas con el orden social androcéntrico como la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y la Ley “trans”.
Y como es perfectamente comprensible ni el partido conservador ni el cavernario han hecho crítica alguna a la carga de androcentrismo que contienen esas leyes, hecho más que evidente en el caso de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, ya que, a pesar de no haber perdido la más mínima oportunidad de mencionarla en relación al nº de reducciones de penas y excarcelaciones anticipadas, jamás hicieron mención alguna de la exclusión intencionada de la actividad pornográfica y prostitucional como violencia sexual que claramente recoge la Ley.
¿Qué consecuencias tiene este hecho jurídico? Pues la preservación de la figura del pornógrafo y del putero de la sanción penal y social, que adquieren la categoría de “clientes” puesto que su dinero tiene el poder de arrancar el “sí”.
Clientes, no. Puteros
Desde luego esta Ley no se elaboró bajo la óptica del principio de igualdad entre los sexos, tal y como habría sido preceptivo bajo la vigente Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sino bajo la óptica de la normalización de la asimetría jerarquizada entre los sexos alimentada por el maldito género.
Y esa normalización de la asimetría jerarquizada tiene consecuencias muy graves, tal y como refleja el titular de una noticia publicada el 31/5/23:
”El informe “Niñas en movimiento en el norte de África” elaborado por Save The Children concluye que una de cada tres niñas o adolescentes migrantes que llegan al sur de Europa desde el norte de África ha sufrido o ha sido testigo de violencia sexual o de género”. «Las niñas mencionaron con frecuencia el abuso sexual para acceder a las necesidades básicas a lo largo del viaje, incluyendo el alojamiento, la protección y el dinero», especifica la ONG, que incide en que «parecían ver el abuso sexual como una forma estratégica de lidiar con su desprotección.”
Considerar a los puteros “clientes” y normalizar la mercantilización de la deshumanización estableciendo diferencias entre la trata y la actividad prostitucional, ha formado parte del discurso parlamentario de la aclamada “mayoría parlamentaria progresista y feminista” que distinguió al anterior Gobierno de coalición.
Tras el resultado electoral del 23-J se abre el periodo para la formación de un nuevo Gobierno, pero, tras lo visto durante la campaña, las esperanzas de que las reivindicaciones Feministas respecto a la transversalidad de las políticas encaminadas a reducir la brecha entre los sexos sean asumidas por el nuevo Gobierno, son desgraciadamente muy pocas. Pero ya hemos advertido que no les valdrán las mismas trampas dos veces.
