A mediados de los años cincuenta del pasado siglo XX, el gran autor de ciencia ficción Philip K. Dick escribió un relato en el que, en una imaginada sociedad del futuro, varios mutantes conectados a una máquina eran capaces de prever todos los crímenes unos días antes de que fuesen perpetrados, de manera que los presuntos criminales, aún sin serlo, eran detenidos antes de que tuvieran ocasión de cometer realmente delito alguno. Este inquietante cuento futurista, llevado en 2002 al cine por Spielberg, confronta totalitarismo con derechos y libertades, y nos habla de lo que algunos llamarían libre albedrío.
Por Sol Sánchez, Diputada Asamblea de Madrid por IU
Los últimos días, asistiendo perpleja al bochornoso atropello y golpe del Constitucional, me ha resultado imposible no imaginar a esos jueces convertidos en los mutantes de K. Dick, decidiendo no sobre la culpabilidad de un individuo aún inocente, sino acusando a una mayoría parlamentaria al completo, secuestrando un procedimiento legislativo, cargándose cuarenta años de funcionamiento de las instituciones en nuestro país, y decidiendo por primera vez en su historia evitar el debate y votación de una ley antes de que se apruebe. Violando la inviolabilidad de las Cortes Generales de la que ellos mismos deberían ser garantes. Aquí no se anula el libre albedrío de nadie, aquí se han cargado la democracia de todos.
Por si a alguien todavía a estas horas le faltan datos de lo que ha pasado, se lo resumo en tres actos.
Primero los tiempos; el mismo Tribunal Constitucional que lleva una año sin responder el recurso del diputado Alberto Rodríguez y al que no le parece urgente que un representante político electo en las urnas por sufragio universal esté en el limbo, el mismo Tribunal Constitucional que tarda años en solucionar lo que allí se lleva, ha tardado menos de tres días en reunirse y sentenciar cuando era el trasero propio de alguno de sus miembros, con el cargo caducado hace más de seis meses, el que podía irse a su casa.
Segundo la imparcialidad; en el recurso presentado el día 14 por Unidas Podemos, se apelaba al artículo 219 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde dice que es causa de abstención y, en su caso, de recusación “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa” y por ello se solicita la abstención o recusación de los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez, ya que su mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la Proposición de Ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales y cumplir con la Constitución. Pues sin ponerse ni colorados, la rechazan como si tal cosa. El daño irreparable al propio Constitucional ya está hecho.
Tercero las competencias; el Tribunal Constitucional que no tiene capacidad para pronunciarse sobre un procedimiento legislativo que está inconcluso, refrendó ayer 19 de diciembre un recurso de amparo que impide la actividad del legislativo, cargándose así de un plumazo la inviolabilidad de las Cortes Generales. Todo el sistema democrático de nuestro país se tambalea. Se han anticipado al orden democrático de las cosas como si los mutantes de la distopía de K. Dick defendieran sus privilegios empapados en crack.
Las mayorías institucionales que emanan de la voluntad de las urnas, y que la derecha con su sentido patrimonialista del estado lleva cuatro años abortando en el Consejo General del Poder Judicial y meses ya en el Tribunal Constitucional, vuelven a ser negadas. No puedes atropellar permanentemente a la democracia, así que acabará perdiendo el Partido Popular, y mientras el Constitucional ha eliminado todo resquicio de la credibilidad y prestigio social y jurídico que pudiera quedarle.
Y ahora ¿qué?
Hoy mismo podría comenzar la tramitación urgente de una Ley Orgánica y el bloque demócrata sería una piña. Máxima pulcritud. Y en la calle, después de este espectáculo, mucha más gente entenderá la urgencia de la reforma legislativa que permita la renovación de los órganos judiciales e impida que un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional y un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial de forma coordinada con la derecha política permanezcan de forma indefinida incumpliendo la Constitución. Y por mucho que, como el protagonista de la historia de K. Dick las derechas busquen finales alternativos, todos los caminos van a conducir al mismo lugar. Lo que aún no sabemos es el coste que va a exigir ese trayecto