La institución médica que autoriza la práctica profesional de la Medicina en la Comunitat Valenciana, ha comprobado que Sharayu Gaikwad, la ginecóloga que ha trabajado para el Instituto Valenciano de Infertilidad durante siete años, no está colegiada. Así se lo ha hecho saber Rafael M. Cantó Pastor, secretario general del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia a Valeria Martínez y Carlos López (nombres ficticios), la pareja que lleva interpuestas cuatro denuncias contra el emporio valenciano por “fraude médico” después de que la fecundación in vitro en IVI “desencadenase que sus dos hijas nacieran con grandes discapacidades”, explican.
El matrimonio tras descubrir que dicha clínica privada “había contratado durante al menos siete años a la india Sharayu Gaikwad, quien se presenta como ginecóloga, pero cuya cualificación profesional no aparecía por ningún lugar”, siguió investigando y además de comprobar “no estar colegiada en nuestro país”, ha dado con lo que denomina “el caso más grave de intrusismo de ginecología y obstetricia conocido en España en clínicas de reproducción”, añade Valeria Martínez. “Gaikwad habría intervenido sin cualificación en miles de transferencias de embriones, tal y como aparece en su propio perfil de LinkedIN y en la descripción de su experiencia poniendo en riesgo la salud de cada paciente intervenida. Una de ellas pude ser yo. Si no se aparece registrada, como se exige por Ley en España, no puede ejercer como ginecóloga”, subraya.
Un ilícito que viene de muy largo
La «supuesta doctora» contratada por IVI Valencia habría participado por ejemplo en 2012 en un estudio con 240 pacientes como investigadora principal. Es más, según el artículo publicado en la revista Fertility and Sterility, ella fue quien realizó todas las transferencias embrionarias. También aparece como investigadora principal en la web clinicaltrials.gov, un registro internacional de ensayos clínicos.
Tal y como explica la madre denunciante “puede que hasta se hayan inventado que sea médica en la India. Bien porque engañara al departamento de recursos humanos, bien porque conociera personalmente a alguno de los dueños de IVI o por cualquier otra circunstancia, incluido que trabajaría más barato y echando más horas que una ginecóloga titulada. La clínica IVI tiene obligación de verificar que está colegiada. Eso significa tener un título médico en su país de origen y homologado por el Ministerio de Educación de España”.
Así las cosas, los primeros indicios de que Gaikwad trabajaba para el IVI, el Instituto Valenciano de Infertilidad, se remontan al año 2008. En otra fecha su nombre ya aparecía junto al de los fundadores del Instituto, los médicos José Remohí y Antonio Pellicer, en la presentación de un proyecto de investigación durante la cuarta conferencia internacional del centro. Todo indica que se trasladó a Valencia desde la India y que regresó a su país en 2015.
Sharayu Gaikwad vuelve a aparecer en dos capítulos de un libro de texto y como primera autora de un estudio clínico, lugar reservado al investigador que más contribuye al proyecto. En ambos casos figuraba como una ginecóloga afiliada a la clínica valenciana. El ensayo clínico buscaba esclarecer si un reposo de 10 minutos después de la transferencia embrionaria mejoraba las probabilidades de éxito. Los autores destacan la importancia de la investigación porque el descanso “es costoso y requiere tiempo de las pacientes y aumenta la ocupación del espacio en las clínicas”.
Dicho ensayo fue autorizado por el Comité de Ética de Investigación en Humanos de la Universidad de Valencia, a la que está adscrita el IVI. Tanto Remohí como Pellicer son catedráticos de la Facultad de Medicina, y este último era decano de la Facultad de Medicina cuando se realizó el estudio.
La pareja denunciante cree “que los dueños de la clínica IVI Valencia al conocer todo trataron de borrar el rastro digital de Sharayu Gaikwad, sin denunciar el asunto a las autoridades médicas y colegiales ni informar y pedir disculpas a todas las pacientes tratadas por ella. Pensamos que la clínica IVI de Valencia trató de ocultar este asunto en vez de asumir las responsabilidades e indemnizaciones de los daños físicos y morales que ella pudiera haber causado a las pacientes”, subraya Carlos López. “Ella no estaba colegiada en los Registros Públicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ni en los del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (COMV). Por eso preguntamos directamente al Consejo General que nos recomendó solicitar un certificado de colegiación al Colegio de Valencia”, añade el padre.
En respuesta a la solicitud recibieron un certificado del secretario general del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Rafael M. Cantó Pastor, en el que se confirma el fraude. “Este certificado es una bomba porque confirma que en IVI Valencia se ha cometido un delito de intrusismo. Si hacemos las cuentas de los años que Gaikwad trabajó allí, salen miles de actividades ginecológicas como punciones foliculares en quirófano, transferencias de embriones al útero de las pacientes, prescripción de medicamentos o la realización de ecografías”, recalca Valeria.
Ya con el certificado en mano, «y como otra muestra más de mala praxis de este emporio hemos tratado de mediar extrajudicialmente para resolver con IVI la indemnización por daños y perjuicios de nuestras hijas». Algo que vienen reclamando judicialmente desde hace años. “La respuesta que nos ha dado es que no piensan pagar ni un euro hasta que un juez así se lo ordene”, subraya el padre.
Las otras denuncias contra el IVI
El IVI fue fundado en 1990 y desde 2004 está adscrito a la Universidad de Valencia. Poco después, Pellicer fue nombrado decano de la Facultad de Medicina, y Remohí director de un máster oficial en reproducción asistida. En 2017, el IVI se fusionó con la clínica RMA de Estados Unidos. Según su web, IVIRMA tiene 74 clínicas y 28 laboratorios en 9 países.
El caso denunciado de esa supuesta ginecóloga no es el primer escándalo en el que se ve envuelto el IVI. El otro asunto que ha salpicado a la clínica valenciana es el de Biomedical Supplies, una filial del IVI. Según el diario El Mundo, la empresa importó kits para el tratamiento de la infertilidad de Japón sin el correspondiente sello de la Comisión Europea entre 2012 y 2014. Inicialmente la fiscalía pedía 20 millones de euros de multa para la empresa así como 27 millones y 4 años de cárcel para el administrador. Las multas se redujeron en un 75% -quedando en 5,5 y 6,5 millones de euros respectivamente- y la condena fue de 18 meses de prisión.
Traslado a la Comisión de Intrusismo y Defensa de la Salud
Ahora la pelota con la denuncia de la pareja sobre la supuesta ginecóloga está en la Comisión de Intrusismo y Defensa de la Salud del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia. “Esta comisión tiene como fin la protección de la ciudadanía en lo que a su salud se refiere. Por ello intervienen en situaciones en las que un intruso realiza funciones médicas para las que no está cualificado ni autorizado, porque esas actuaciones ponen en verdadero riesgo la salud de los pacientes”, describe Martínez.
Según sus estatutos cuando se detecta un caso de intrusismo -tanto por parte de las personas colegiadas como de la ciudadanía valenciana- la Comisión recopila toda la información necesaria para que lo estudien tanto los servicios jurídicos del ICOMV como los servicios jurídicos de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU). El letrado Juan Molpeceres Pastor dirige los servicios jurídicos del ICOMV y la abogada-mediadora Ana Isabel Móner Romero es la coordinadora jurídica de AVACU. En el caso de resultar positivos esos informes jurídicos, se elevan al Pleno del Colegio y -si existe conformidad- se trasladan a la Fiscalía de Valencia.
En el centro, el doctor Torres, presidente de la Comisión de Intrusismo del ICOMV.
El ICOMV está presidido por la doctora Mercedes Hurtado Sarrió y AVACU lo preside el economista Fernando Móner Romero. Las presidencias de ambas entidades firmaron en 2015 un convenio pionero para luchar contra el intrusismo médico. Este acuerdo fue impulsado por el doctor Torres, recalcando que «con este tipo de acuerdos conseguimos unir a más gente en la lucha contra el intrusismo, desde el Colegio vamos a trabajar duramente para garantizar a la ciudadanía una atención médica profesional y cualificada”.
La última victoria de la Comisión fue el pasado mes de junio. El Juzgado de lo Penal nº 10 de Valencia condenó a seis meses de cárcel a la dueña de una clínica de medicina estética de Valencia capital por pinchar ácido hialurónico para aumentar el volumen de los labios a su clientela sin ser profesional médica después de que el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) presentara una denuncia ante la Fiscalía.
Ahora resta por ver si el Colegio Oficial de Médicos de Valencia tomará cartas con Sharayu Gaikwad así como con IVI Valencia. El caso recuerda al de Víctor Yeste, conocido como “el falso médico”, un valenciano que ejerció como tal en varios centros catalanes durante dos años a pesar de no estar cualificado. El Colegio de Médicos de Girona y el Institut Català de la Salut se personaron como acusación particular pidiendo tres años de prisión. Yeste fue condenado a un año y siete meses de cárcel a finales de noviembre con el agravante de tener una condena anterior por el mismo delito. “Por nuestra parte -finaliza este matrimonio- no vamos a parar hasta que nuestras hijas tengan los tres millones de euros que reclamamos por los daños, perjuicios económicos y morales para sufragar todos los gastos que tienen por la discapacidad con la que nacieron por la mala praxis de IVI y para que puedan ser cuidadas con toda la dignidad que merecen cuando nosotros por nuestra edad faltemos. Además, con esta nueva información pedimos que cualquier mujer o familia que haya podido ser tratada por Sharayu Gaikwad nos contacte, como ya ha sucedido en otras ocasiones, al correo afectadasclinicasivi@gmail.com y así sumar fuerzas”.
