La falta de información entre las mujeres que llegan a nuestro país para escapar de la mutilación genital femenina (MGF) imposibilita que soliciten protección internacional por causas humanitarias. La resolución favorable de estos expedientes permitiría a menores y adolescentes regularizar su situación y emprender una vida nueva en España. Sin embargo, durante 2022, ninguna de las mujeres que solicitaron esta medida procedía de países donde esta deshumanizante y peligrosa intervención se practica, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.
El último informe oficial publicado por el Ministerio de Igualdad cifra en 69.086 el número de mujeres residentes en España procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina (MGF). De ellas, 12.900 son niñas menores de quince años que se encuentran en riesgo de ser ‘cortadas’ cuando, en periodos vacacionales, viajan con sus familias a los países de origen.
Sin embargo, estas cifras son aproximadas y, aunque el informe se publicó en 2020, los datos se recogieron en 2016 por lo que sólo pueden tomarse como una referencia. La falta de sistematización de los registros, de desglose y la ausencia de códigos comunes para la obtención de información no permiten arrojar una cifra real. Lo que sí se perfila con mayor exactitud es el mapa de distribución de estas niñas y jóvenes en España donde Cataluña concentra el mayor número seguida por Madrid, Andalucía, Valencia y País Vasco.
Escapar de la mutilación
Margarita Martínez Romero, médica pediatra y colaboradora de Médicos del Mundo, trabaja con menores tuteladas no acompañadas y escucha los relatos de algunas niñas que llegan a nuestro país para escapar de la mutilación. Otras vienen ya ‘cortadas’ y sólo permanecen en España de paso para continuar su viaje y reencontrarse con sus familias en otros países europeos, principalmente Francia o Alemania.
“Las que llegan huyendo de la mutilación –nosotras siempre hablamos del ‘corte’ para no estigmatizarlas más- lo manifiestan desde el primer momento y recorren la misma ruta que el resto de migrantes que quieren alcanzar las costas españolas”, explica la doctora Martínez.
Violaciones
Los países situados en la parte occidental de África, especialmente Guinea, Gambia, Ghana, Mali y Nigeria, someten a las mujeres a esta inhumana costumbre aunque voces expertas prefieren hablar con más precisión de etnias o comunidades que de países.
“En este viaje que realizan solas a muy corta edad–señala Margarita Martínez- atraviesan Mali y Marruecos donde, lo normal es que sean violadas, sobre todo en el bosque de Nador, lugar en el que permanecen el tiempo necesario para conseguir un sitio en una patera que cruce el Estrecho para llegar hasta España”.
Viajan solas
La práctica profesional de esta pediatra con las niñas tuteladas y en el centro de salud del Albaicín en la capital granadina, le permite estar en contacto con situaciones que, ante los ojos de la cultura europea, producen escalofríos.
“Hace dos años traté a una niña de ocho años que venía desde Costa de Marfil donde dos de sus hermanas habían muerto a causa de la mutilación y cuyos padres emigraron a Europa con la intención de traérsela cuando tuvieran el dinero suficiente” señala Margarita Martín.
“Viajó sola – continúa la pediatra- después de dejarla en su país a cargo de unos familiares y otros dos hermanos que iban a quedarse allí; otra de sus hermanas, que también tenía previsto venir a Europa cuando la familia volviera a ahorrar, había huido de la comunidad por miedo a ser mutilada a pesar de que los padres, después de haber perdido ya a dos hijas, expresaran su deseo de no volver a intentarlo con ellas”.
Protección Internacional
Lo que muchas de estas niñas y adolescentes no saben es que la mutilación genital femenina está contemplada como una violación de los derechos humanos y, por ello, quienes llegan a España tras huir de sus países para no someterse a esta práctica están en su derecho de solicitar protección internacional.
Loli Sánchez Mariscal, médica de familia y voluntaria de Médicos del Mundo, es la encargada de elaborar estos informes y asegura que “no se hacen muchos para el número de mujeres que suponemos que están mutiladas porque no tienen conocimiento de que es una forma de solicitar protección internacional y sólo se enteran cuando entran en contacto con alguna ONG” explica.
Algunas de las niñas y adolescentes que llegan hasta los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) situados en Ceuta y Melilla y tienen la fortuna de contactar con alguna organización no gubernamental que trabaja en ellos, son asesoradas en este aspecto pero no todas reciben la información adecuada.
Sentencia del Tribunal Supremo
La protección internacional es una ayuda que se ofrece a una persona que está fuera de su país y no puede regresar porque su vida corre peligro. El artículo 7 de la Ley Orgánica 12/2009, aunque no alude específicamente a la mutilación genital femenina.
Sí recoge las persecuciones por motivo de sexo y, la jurisprudencia creada por los fallos de 15 de febrero de 2007 y 11 de mayo de 2009 del Tribunal Supremo. Éstas establecen que se dará protección y asilo a las mujeres perseguidas por “la imposición de prácticas contrarias a la dignidad humana, como el matrimonio forzado o la mutilación de un órgano genital” y que en sus países de origen “no obtengan una protección legal eficiente”. Esta ayuda posibilita la obtención de autorización de residencia, trabajo, documentación y formación, entre otras.
En primera persona
Dosu Kourama, una joven natural de Guinea cuyo informe fue elaborado por la doctora Sánchez Mariscal, lo ha conseguido. Ella huyó de su país tras ser mutilada y obligada a casarse con quince años, era la tercera esposa de su marido. “Salí de mi casa y, tras atravesar Mali, llegué a Marruecos donde me subí a una patera que me trajo hasta Melilla” relata.
Estaba embarazada y allí dio a luz a su hijo mientras empezaba a colaborar con organizaciones que tienen entre sus objetivos la erradicación de la MGF. “Quería estudiar y alejarme de los malos tratos de mi marido”, explica mientras asegura que “nadie se toma en serio la Ley, las madres no tienen fuerza para parar esta práctica y a los hombres les da igual”.
Kourama asegura que hay que escuchar a las mujeres porque las comunidades mienten a las organizaciones que trabajan con ellas al asegurar que ya no realizan mutilaciones pero “cuando se van, se siguen practicando”. Su hermana, que permanece en Guinea y es madre de dos hijas, se ha negado a que sean ‘cortadas’ pero “la decisión depende del padre y, si no lo consigue, abandonará el país con sus hijas”.
Prevención
El trabajo que realiza Margarita Martínez como pediatra contempla dos vertientes. Por un lado, atiende a los niños y niñas que llegan en patera a la costa de Granada y, por otro, realiza un control sanitario habitual de menores en su consulta del centro de salud al que añade una labor pedagógica con las madres de las niñas a las que, poco a poco, introduce el tema de la MGF.
Ella misma reconoce que, “al principio, cuando realizaba los reconocimientos sanitarios a las niñas que llegaban solas tras huir de sus países de origen y estaban en los centros de acogida, no se me ocurría explorarles los genitales hasta que me lo sugirió una mediadora intercultural y entonces se me abrieron los ojos”. Esto ocurrió en 2018 cuando la llegada de pateras registró un notable aumento y en ellas venían un gran número de niños y niñas.
Falta de formación médica
“Antes de esta fecha, me encontraba, por ejemplo, con una familia que llegaba desde Mauritania y no se me ocurría pensar en este tema pero, ahora, ya forma parte de mi rutina”, explica. Martínez reconoce la falta de formación de las médicas y los médicos en este aspecto “tanto durante la carrera como en la especialidad”. Desgraciadamente “sigue pasando aunque, poco a poco, cada vez hay más formación”, concluye.
Su trabajo en el centro de salud es diferente. Allí, el contacto con las madres y el control médico de las niñas desde que son bebés le permite abordar el tema con ellas y “nuestro papel es, fundamentalmente, la prevención”.
Poco a poco, “preguntamos a la madre si tiene el ‘corte’, qué es lo que piensa, si en algún momento ha considerado hacérselo a su hija y nosotros le informamos de las consecuencias que tiene para la salud y las legales” ya que en España la mutilación genital femenina está castigada por Ley. Este acercamiento no es fácil porque hay que “ganarse” la confianza de la familia y “es necesario abordar el tema con mucho tacto”, asegura Martínez para quien esta labor preventiva es un “trabajo a largo plazo”.
Compromiso familiar
La doctora Sánchez Mariscal, por su experiencia como médica de familia, señala que “las madres, que suelen tener el ‘corte’, están más abiertas a entender que es un perjuicio para la salud de sus hijas pero hay que hablar también con los padres porque son los que tienen la última palabra”.
Las niñas que se encuentran en centros de menores se sienten más seguras y no perciben ya el riesgo de ser mutiladas en nuestro país. Pero la situación de las niñas que han nacido en España en el seno de familias en cuyos países de origen se sigue realizando esta práctica es diferente.
La vuelta a sus países natales para pasar periodos vacacionales supone un peligro para ellas porque las familias suelen aprovechar su estancia para cumplir con las tradiciones y costumbres de sus comunidades.
Margarita Martínez se ve obligada a acelerar ese contacto con las familias para conseguir que firmen el compromiso preventivo, un documento en el que las familias se comprometen a no someter a las niñas a la mutilación de sus genitales mientras se encuentran fuera de España bajo pena de denuncia y prisión para los progenitores.
“Muchas veces, realizar el ‘corte’ no depende de la decisión del padre o la madre, sino de las abuelas o tías que pueden llevarse a la niña sin pedirles su consentimiento”. asegura Martínez. “Con el documento van protegidas porque las mujeres en estas comunidades respetan mucho la palabra del padre de familia y, cuando este les advierte de que puede ir a la cárcel si mutilan a su hija, el mero hecho de causar un perjuicio a este hombre disuade a las mujeres de la comunidad de realizar cualquier acto que pueda suponer algo malo para él”.
Se obliga al padre a firmar el documento preventivo
Sobre este documento, Sánchez señala que, sobre todo en Cataluña, donde hay más niñas en riesgo porque concentra un mayor número de familias procedentes de países donde la MGF es una práctica habitual, “se obliga al padre a firmar el compromiso preventivo y no sólo a la madre porque su palabra tiene más peso”.
De los 18 casos documentados en España y recogidos en el Informe sobre MGF elaborado por el Ministerio de Igualdad, sólo uno, en 2011, concluyó con una sentencia condenatoria para los padres al recoger que la pequeña, nacida en España en 2009 de una unidad familiar procedente de Gambia, sufrió la mutilación de los genitales en nuestro país.
El resto de casos se redujeron a alertas dadas por centros educativos ante la proximidad de un viaje familiar donde las niñas podrían ponerse en peligro o no se pudo documentar la participación de los progenitores de manera directa para ser castigados. “Normalmente, si se viola el compromiso preventivo, la niña no vuelve a España porque sus padres saben que pueden ir a la cárcel y, ante este escenario, prefieren dejarla al cuidado de otros familiares en su país de origen”, señala la doctora Martínez.
Menores no acompañadas
Entre junio de 2021 y junio de 2022, en el Registro Central de Extranjeros constaban 8.023 personas de 16 a 23 años con autorización de residencia como menores no acompañados o jóvenes extutelados. De ellas, 543 eran mujeres para el primer período y 804 para el segundo, lo que representa en ambos casos un 7% del total. A 30 de junio de 2022, se registraron entre las niñas y jóvenes procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina cifras importantes entre las originarias de Nigeria (38%), Camerún (21%), Costa de Marfil (12%) y Mauritania (9%), entre otras.
Sin embargo, los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior a través de su Portal de Transparencia confirman que, de las 11.558 autorizaciones de estancia o residencia concedidas a mujeres durante 2002 por razones humanitarias, ninguna tuvo como destinaria una mujer procedente de algún país donde se practique la mutilación genital femenina, ni entre menores de 18 años ni a mujeres en todos los tramos de edad hasta más de 65 años.
Falta de datos
La MGF es un procedimiento no médico que implica la extirpación total o parcial de los genitales femeninos externos y otras lesiones en los órganos genitales femeninos. Su erradicación forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas sobre la igualdad entre hombres y mujeres y pide acabar con esta práctica para 2030.
A pesar de que se desconoce la prevalencia mundial, las estimaciones consideran que entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas sufren el corte de sus genitales en África y Oriente Medio aunque UNICEF sitúa esta cifra en más de 200 millones.
Datos alentadores
Las conclusiones del estudio La prevalencia mundial de la mutilación/ablación genital femenina: una revisión sistemática y un metanálisis de estudios nacionales, regionales, de centros y escolares publicado en septiembre de 2022 por Farouki L, El-Dirani Z, Abdulrahim S, Akl C, Akik C y otros, en la revista PLOS Medicine concluye que existe “una gran variación en la prevalencia de la A/MGF entre países, y la prevalencia parece estar disminuyendo en muchos, lo cual es alentador, ya que minimiza el daño físico y fisiológico para una futura generación de mujeres”.
Sin embargo, “esta prevalencia estimada es inferior a la prevalencia mundial real de la MGF debido a lagunas en los datos, denominadores no comparables y encuestas no disponibles” por lo que “en muchos países se requieren intervenciones políticas y comunitarias considerables para alcanzar la meta 5.3 de los ODS”.
