En un ejercicio de funambulismo jurídico que ralla la prevaricación, El Tribunal Supremo ha mantenido la inhabilitación de 13 años para Oriol Junqueras y Dolors Bassas, y de 12 para Jordi Turull y Raül Romeva. En este caso el Tribunal ha sustituido el delito de sedición por el de desobediencia, manteniendo el de malversación.
En el caso de los otros condenados, se aplica el mismo criterio, pero al no concurrir el delito de malversación, quedan sin efecto sus penas de inhabilitación. En este grupo están Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
A efectos prácticos, el Tribunal Supremo viene a decir que de los 13 años de inhabilitación aplicados a Oriol Junqueras en la sentencia en qué concurrían sedición y malversación, todos correspondían a la malversación. ¡Vaya! ¡Qué curioso!
La última revisión del delito de malversación aprobada por el Congreso, además, comportaba penas inferiores en el caso de no existir finalidad de lucro personal. El Tribunal presidido por Marchena, en un gesto que puede connotar cierta chulería: mantiene la inhabilitación por 13 años a pesar de los cambios legislativos, a pesar de que no existe el lucro personal.
¿Por qué razón? Para demostrar su enojo con los cambios propiciados por las recientes reformas, para demostrar su posición de fuerza con el ejecutivo y con el legislativo. Muchos recordarán que en el año 2021 se vio un caso similar de tensión entre poderes cuando el Tribunal Supremo pidió a la presidenta del Congreso Mertixell Batet un informe sobre el cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta al diputado Alberto Rodríguez.
La arbitrariedad manifiesta del Tribunal redundará en favor de los afectados en sus recursos en los Tribunales Europeos, pero cuando lleguen sus resoluciones ya será demasiado tarde para reparar el mal causado.
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