El feminismo filosófico español cuenta con magníficas representantes, entre ellas una de las mentes más brillantes es sin duda la de Celia Amorós, y una de sus frases más icónicas es “hay que conceptualizar bien para politizar bien”.
Frase que le recomiendo encarecidamente que asuma a la Consellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, Elisa Núñez (Vox), porque está claro que lo de politizar bien no es lo suyo. Y como siempre, a los hechos me remito:
- Respuesta sobre su posición respecto al franquismo como dictadura: «Franco para mí es un personaje histórico. No he vivido esa época».
- Respuesta al ser preguntada por el término violencia de género: «No me gusta catalogar las cosas. No es momento de hablar de conceptos o términos sino de situar a la víctima en el centro, que es a quien hay que prestar apoyo y asistencia necesaria».
- Respuesta al ser preguntada sobre la incidencia del cambio climático en el aumento del número de incendios forestales, y en su mayor intensidad y duración: “No hay que tener en cuenta un concepto. No me gusta establecer conceptos. Soy de ver la realidad, ver los factores y analizarlos. Y luego poner las soluciones”.
El actual gobierno de la Generalitat Valenciana es un gobierno de coalición PP-Vox, y respecto a las actuaciones y manifestaciones políticas de la parte de la V (que ya muchos califican como la V de la vergüenza), en artículos anteriores he aportado argumentos que avalan que puedan ser calificadas como concebidas desde la ignorancia, y que van asentando la idea de que justamente sea esa ignorancia lo que constituya su seña de identidad política. Y nuevamente voy a aportar argumentos que desde el rigor desmontan el negacionismo respecto a la violencia Patriarcal que alimenta el maldito género, y que de forma tan recalcitrante como reprobable muestra la Consellera de Justicia e Interior Elisa Núñez, de Vox.
la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado
En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la CEDAW, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el primer instrumento que reconoce explícitamente las condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diferentes formas de discriminación que viven y establece parámetros de políticas públicas para combatirlas, adquiriendo en base a ello el carácter de tratado internacional que consagra y protege los derechos humanos y las libertades de las mujeres.
Pero como esa discriminación sobre menores y mujeres estaba profundamente insertada en el modelo de socialización androcéntrico establecido desde hace milenios; atendiendo al hecho de que en la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, se reconoce que la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y debe contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia.
Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.
Y alarmada por el hecho de que las oportunidades de que dispone la mujer para lograr su igualdad jurídica, social, política y económica en la sociedad se ven limitadas, entre otras cosas, por una violencia continua y endémica, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó solemnemente el 20 de diciembre de 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e instó a que se hicieran todos los esfuerzos posibles para que fuera universalmente conocida y respetada.
Una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer
En esa Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada y ratificada por España en 1983, la Asamblea General de Naciones Unidas muestra su reconocimiento a la función desempeñada por los movimientos en pro de la mujer para que se preste más atención a la naturaleza, gravedad y magnitud del problema de la violencia contra la mujer. Y decreta que los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán, entre otras cosas:
- ”Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer.”
- ”Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer.”
- ”Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones.”
- ”Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema.” ”Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional.”
Las obligaciones de la consejera de Vox
Elisa Núñez ha aceptado un cargo como Consellera de Justicia e Interior del Gobierno de la Generalitat Valenciana, e independientemente de su pertenencia a Vox, un grupo político ajeno al consenso científico, a la ética parlamentaria y al fortalecimiento de los valores democráticos, está obligada a ejercer su cargo asumiendo el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Justicia e Interior, cuyo Artículo 10 recoge la Dirección General de Atención a las Víctimas, que tiene atribuidas entre sus competencias
“Planificar, diseñar y, en su caso, desarrollar programas formativos y de mejora del conocimiento dirigidos de manera transversal e intersectorial a todos los profesionales de la administración de justicia que contribuyan a reforzar la protección y promoción del derecho de acceso a la justicia y a la atención y protección de las víctimas, en colaboración con el resto de departamentos y administraciones.”
En función de todo lo expuesto, la actuación política de la mencionada Consellera de Vox cuando ha recortado las partidas para atención a las víctimas del delito, que contarán con una reducción del 2’9% respecto al presupuesto del año anterior.
“Tenemos una Oficina de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género en cada provincia, y nos hemos dado cuenta de que eran el escaparate de una ideología”, declara la política de Vox en las entrevistas. “Me comprometo a proteger a todas las víctimas de delitos, hombres y mujeres, sea cual sea su agresor y sea cual sea el delito”, añade mostrando unos niveles de incompetencia tan preocupantes y un grado de ignorancia tan elevado, que la inhabilitan para desempeñar con las debidas garantías las funciones que competen a la Conselleria de Justicia e Interior.
Los datos sobre violencia machista en la Comunidad Valenciana desmienten a Vox
Según la memoria presentada en 2023, la red de oficinas de asesoramiento y justicia gratuita de la Generalitat Valenciana ha atendido a casi 90.000 personas en sus cinco años de funcionamiento, con los delitos relacionados con la violencia de género como principal causa. Más del 80% de las personas atendidas han sido mujeres, más de la mitad de las víctimas lo son de violencia de género y el 70% de las actuaciones tienen que ver con la violencia machista.
Y las cifras oficiales registradas en el Informe Anual del Consejo General del Poder Judicial del 2023 muestran que lo que la sociedad española precisa imperiosamente, no es desde luego una responsable de una Conselleria de Justicia e Interior que actúe con esta manifiesta insolvencia e ignorancia:
- ”El número de denuncias y el de mujeres víctimas de la violencia de género volvieron a aumentar con respecto al año anterior, como viene ocurriendo de forma continuada desde 2013, salvo la excepción del año Covid. En concreto el número de mujeres víctimas aumentó un 10’30%, el número de denuncias por violencia de género un 9’46% más.»
- ”El 80,64 % de las sentencias dictadas contenían un fallo condenatorio, lo que marca un nuevo máximo anual en la serie histórica.”
Mazón tendría que cesar inmediatamente del cargo que ocupa a la política de Vox
El Informe incluye valoraciones de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona.
Entre ellas destaco la que considero que tiene que tener en cuenta el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para exigir a la consellera, Elisa Núñez que, o ajusta sus actuaciones y declaraciones como Consellera de Justicia e Interior al marco legislativo establecido por la adhesión de España a la CEDAW en 1983, la Ley Autonómica Valenciana para la Igualdad entre mujeres y hombres de 2003, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres de 2007, y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017.
De no hacerlo, tendría Mazón que cesar inmediatamente del cargo que ocupa a la política de Vox porque estaría obstaculizando la formación específica en violencia machista que es imprescindible que tengan a su disposición todos los operadores jurídicos que atienden a las víctimas de este tipo de violencia, y conculcando el derecho de las víctimas a ser atendidas en función de la naturaleza de la violencia sufrida, tal y como afirmé que constata la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género:
- ”Es absolutamente necesario mantener los altos niveles de formación y profesionalidad de quienes hacen posible que la Justicia funcione dando una respuesta a la víctima. El Estado debe seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y debe seguir aportando los medios necesarios para que los operadores que colaboran con jueces y juezas (fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, policías, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etc.), cuando llega una denuncia por delitos relacionados con la violencia de género, actúen con el máximo cuidado y rigor para seguir ampliando el nivel de confianza de las mujeres víctimas en la Justicia en el trance que supone el duro paso de denunciar a su agresor.”
Otro caso en el gobierno PP-Vox de Carlos Mazón
En el actual Gobierno de Coalición PP-Vox, la Vicepresidencia 2ª y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda la ostenta Susana Camarero Benítez (PP), que mostrando también una gravísima insolvencia política respecto a sus funciones en la Conselleria de Igualdad, ha permanecido muda ante las reiteradas muestras de incompetencia respecto a las políticas igualitarias que la Conselleria de Justicia e Interior tiene obligación de asumir, y ella como Consellera de Igualdad defender.
Señor Carlos Mazón, el Gobierno de la Generalitat Valenciana merece una calidad democrática que al momento presente su Gobierno de coalición PP-Vox dista mucho de tener. Y no nos conformaremos con lamentarlo.
