Hace unas horas se ha realizado la votación para escoger al nuevo presidente del Tribunal Constitucional. El “afortunado” no ha sido otro que el magistrado Cándido Conde-Pumpido, un viejo conocido del panorama español que ha pasado por diversos puestos de enorme relevancia en la justicia nacional, además de haber librado batalla en varios frentes (más o menos literales) de la misma durante algo más de cuatro décadas.
Cándido Conde-Pumpido, nacido en La Coruña inserto en una extensa tradición familiar de juristas, magistrado del Tribunal Supremos y también Fiscal General del Estado desde 2004 hasta 2011 (Zapatero times), uno de los abanderados de la lucha y el reforzamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Pero entre tanta seriedad de toga y puñetas, del nuevo presidente del Tribunal Constitucional del magistrado cabe destacar su “forja juvenil” como magistrado de la Audiencia de San Sebastián entre 1981 y 1985.
Fueron años especialmente complicados en el País Vasco, secuestrados entre la lucha antiterrorista y la guerra sucia contra ETA iniciado por el Ministerio de Interior bajo el nombre de Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Allí es donde Conde-Pumpido establece relación con Juan Alberto Belloch (ministro de Justicia e Interior de Felipe González y alcalde de Zaragoza). En la Universidad del País Vasco (UPV), donde ejerció como profesor de Derecho Civil, adquirió renombre por revolverse y condenar algunos actos del GAL, así como por dictar la primera sentencia por tortura en la Audiencia de San Sebastián, cuando esta responsabilidad pasó de la jurisdicción militar a la ordinaria. Tampoco se mordió la lengua al echar un rapapolvo a su compañero del Supremo Manuel Marchena, por juzgar por rebelión a los independentistas catalanes. Lo hizo con un voto particular ya en el Tribunal Constitucional.
En su trabajo como Fiscal General del Estado promovió el cambio del sistema de nombramiento y cese sobre su propio puesto, a fin de evitar el nombramiento y destitución a dedo por parte del ministro de Justicia. Ello supone un aparente intento (más o menos exitoso y más que menos determinado por su sesgo) de propiciar cierta separación entre poderes, que benefició además su continuidad en el puesto tras su primera elección y hasta 2011. Asimismo durante la época en la que Conde-Pumpido ejerce como Fiscal General del Estado, se produce una ampliación y potenciación de la Fiscalía Anticorrupción, cuadriplicando el número de fiscales y comenzando investigaciones que desembocarían en casos como Malaya, el Ballena Blanca, Gürtel o Brugal. Todo ello fue auspiciado por la especialización que el magistrado gallego tenía en economía, que desde sus primeros tiempos en el Tribunal Supremo (1995) le permitió concentrarse en delitos contra la hacienda pública o el blanqueo de capitales; también creó fiscalías como la de violencia de género o de medio ambiente y urbanismo.
¿Qué se destila por tanto de la carrera de Cándido Conde-Pumpido? Simple y llanamente una marcada carga política; una orientación concreta que eufemísticamente se acuña en la prensa como magistrado progresista. No es casualidad, por supuesto que no, que el miembro del TC fuese el preferido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como antes lo fue del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
Conde-Pumpido no es un progresista sino un juez y magistrado con un recorrido imponente en la historia reciente de nuestro país, que ha trabajado en líneas y en contextos que implicaban gran polarización o situaciones límite en las que los ciudadanos corrían riesgo de perder sus derechos. No hay que olvidar que Conde-Pumpido fue de los progresistas que no reprobó el estado de alarma en su posterior revisión… Pero sobre todo cabe arrojar luz sobre un hecho evidente: a nadie se le escapan los colores ni las determinaciones propias de ninguno de los miembros del tribunal.
Al ser elegido y realizar diversos comentarios sobre actualizar el Tribunal, apoyar y desarrollar cuestiones en relación con la violencia de género, o interesarse por el derecho en relación con la IA, el magistrado muestra un perfil moderado porque es continuista con sus intereses anteriores; aunque estos ya pudiesen estar determinados ideológicamente. El cambio en la “ley no escrita” (tan borrosa como la separación de poderes) que propondría a un miembro de la otra mitad política para la vicepresidencia se ve truncado por la propia actitud del bloque conservador que una vez más no quiere dejar que el progresista -no podemos entrecomillar todo esto- escoja a los magistrados que desea, lo que ha desembocado en una pantomima todavía mayor de la polarización que se vive en las diversas cámaras del gobierno.
La tónica es pues, en parte, la esperable en un contexto en el que el hecho de que el bloque conservador hubiese elegido a dedo a la “magistrada progresista de su gusto” habría resultando moderadamente ridículo; o habría terminado por oler raro. Las consecuencias de la elección actual sólo las veremos, una vez más, a la larga y a medias, en un punto de contaminación e intervencionismo corrientes, pero ante los que ahora algunos se desgañitan al grito de traiciones y ultrajes, o lo que es lo mismo; política donde no la cabe.
