Amir Mohammad Ahmadi y Astiaj Haguigui son dos víctimas más del régimen teocrático iraní. ¿Su delito? Bailar en la calle. El vídeo que ambos activistas y blogueros reconocidos, prometidos en matrimonio, grabaron el pasado mes de octubre danzando frente al monumento de la plaza Azadi, uno de los más populares de Teherán y epicentro de las revueltas contra el régimen, ha visto la luz en redes sociales.
Durante la grabación, que dura 16 segundos, la activista, Astiaj Haguigui, no portaba el velo, obligatorio en el país, lo que fue interpretado por las autoridades iraníes como una muestra de apoyo a la revolución social que desde hace meses hace tambalear los pilares del régimen ayatolá.
De hecho, el pasado 1 de noviembre ambos fueron detenidos en sus respectivos domicilios. Fuentes locales aseguran que recibieron “fuertes palizas por agentes vestidos de paisano”. La pareja fue entonces trasladada al pabellón 209 del Ministerio de Información, donde comenzaron a ser interrogados.
Sin embargo, no ha sido hasta ahora, y después de que el vídeo se viralizase en redes sociales, que la sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán los ha condenado a 10 años y medio de prisión a cada uno por “fomentar la corrupción, perturbar la seguridad nacional y difundir propaganda”, según informan medios iraníes en el exilio como IranWire.
La República Islámica de Irán prohíbe, entre otras, bailar a las mujeres en público y, desde luego, nunca con un hombre. Además, según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), desde Estados Unidos, la pareja tiene prohibido utilizar Internet y salir de Irán, además de la condena de prisión a la que se enfrentan.
HRANA asegura que, según fuentes cercanas a su familia, a ambos jóvenes, de 20 años, se les privó de ser asistidos por un abogado durante el proceso judicial en el cual se rechazaron todos los intentos de conseguir su libertad bajo fianza. La joven Astiaj Haghighi se encuentra en la tristemente conocida prisión para mujeres de Qarchak, situada a las afueras de Teherán. Los activistas denuncian periódicamente las condiciones de reclusión y precariedad de este centro.
De hecho, la prisión de Qarchak, localizada en medio del desierto, al sureste de la capital, es conocida por ser un centro de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Con sobrepoblación carcelaria, ha estado durante meses minada por la Covid-19 sin disponer de los suficientes medicamentos para hacer frente al virus y el acceso al jabón es limitado tal y como han contado reclusas que han estado allí, como es el caso de la académica australiana- británica Kylie Moore-Gilbert, acusada de espía por Irán.
En el año 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró oficialmente que Qarchak es un centro de “ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos”. Un informe de HRANA difundido ese mismo año detalló los actos de violencia, incluidas la tortura y la violación, y la falta de servicios médicos, que se practican en Qarchak.
El mismo domingo en el que se conoció la condena de los dos blogueros, se informó también de que la joven activista iraní Armita Abbasi, detenida el pasado mes de octubre en Karaj, ciudad situada a las afueras de Teherán, tuvo que ser ingresada en un hospital tras ser violada mientras se encontraba bajo custodia policial, tal y como ha confirmado la cadena de noticias norteamericana CNN.
La degradación de los derechos y libertades de los jóvenes iraníes está de manifiesto en un país que se encuentra al borde del estallido social y económico y que reclama un derecho básico e intrínseco a todo hombre y mujer: la libertad.
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