En la primera sesión del juicio del caso Astapa, que se celebró el lunes en Málaga, el fiscal del caso Valentín Bueno inició su intervención solicitando que se abriera un bloque de investigación dentro del juicio para dar cabida a las pruebas y presuntas manipulaciones del comisario Villarejo y el ex jefe de la UDEF, José Luis Oivera, en una operación montada para beneficio personal del comisario y para dar un golpe al PSOE y a su entones ministro, José Bono.
El 7 de julio de 2022 Crónica Libre nacía con un reportaje en el que se jugaba una aluvión de querellas de los aludidos, agentes del orden, de la ley, encargados de investigar la corrupción de nuestro país desde hace casi dos década. El enfoque era el resultado de años de investigación y concluía que el comisario José Manuel Villarejo no estaba solo en sus presuntas tropelías, contaba con una serie de policías de la UDEF, empezando por sus jefes, que falsificaban los informes, según las instrucciones del cliente. Uno de estos grupos de policías actuó en el caso Astapa, que desmanteló el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), dirigido por el socialista Antonio Barrientos, y en el que llegaron a apuntar a una presunta financiación del PSOE en cuya cúpula estaría el ministro José Bono, a quien le siguieron en su vida privada.
Las denuncias sobre la manipulación de la causa fueron puestas en conocimiento de la jueza de instrucción -Isabel Conejo también admitió la denuncia de la asociación de Villarejo sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, finalmente fue archivada-, del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, a través de interminables escritos por parte de algunos acusados, como el alcalde que fue destituido por la operación policial Antonio Barrientos, desde que esta se inició hace 17 años.
Después de hablar en el desierto, algunos de lo acusados se unieron a una humilde investigación que dos periodistas iniciaban hace siete años sobre el todopoderoso policía, debido a que parte el dinero que José Manuel Villarejo tenía en Uruguay había sido enviado a Estepona e invertido en promociones inmobiliarias, clínicas de salud y hasta proyectos de parking.
Tras decenas de reportajes y de indicios, 17 años después de tener imputado al doctor Antonio Barriento, ejerciente en el Hospital de Málaga y que había decidido dos décadas atrás arrebatarle la alcaldía a los hombres de Jesús Gil, para que su localidad no sufriera el expolio de Marbella, el fisal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero se ha dado cuenta de que la investigación estaba manipulada. 17 años después. Y lo mismo va para los innumerables jueces de instrucción que pasaron por el cargo.
Pruebas de la relación del fiscal con Villarejo
Resulta curiosa la vehemencia con la que el fiscal defendió durante años su error, al negar en repetidas ocasiones durante la instrucción que se incorporara determinada documentación o se investigara la participación de Villarejo, como ahora solicita.
Este cambio de opinión, quizás tenga algo que ver que ahora existen pruebas documentales de que los fiscales del caso Juan Carlos López Caballero y le propio Valentín Bueno estaban en contacto directo y personal con Villarejo y el comisario y entonces jefe de la UDEF, José Luis Olivera.
Solo hace falta seguir los pasos del exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, para no encontrar respuesta a por qué la fiscalía no abrió diligencias sobre las denuncias que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el 15 de noviembre de 2000, que nunca fue contestada ni investigada. El exalcalde Barrientos puso hasta seis denuncias más ante la misma Fiscalía que tampoco fueron ni contestadas ni investigadas, lo cuál es tónica en los procedimientos del comisario.
Claro, había gato encerado. Villarejo llevaba tiempo trabajándose a un joven concejal con ambición y que deseaba ser alcalde. Pertenecía al PSOE, como ese regidor que se estaba interponiendo entre él y una licencia para construir el Mirador de la Playa. A los socialistas no les iba a sentar bien, pero David Valadez estaba comprometido en acudir el 16 de noviembre de 2007, junto con otra concejal, para interponer una denuncia ante la UDEF de Madrid que se convirtió en el origen del caso ASTAPA.
A Valadez se le olvidó mencionar en esa denuncia que ya había anunciado en una reunión del grupo municipal, y quedo recogido en el acta el día, su relación con «la policía», previa a un sesión plenaria del Ayuntamiento, en concreto el 26 de octubre de 2006. A este hecho el fiscal López Caballero nunca le dió ninguna importancia.
Con fecha de 26 de marzo de 2007, el comisario Villarejo obtuvo el teléfono directo del fiscal y su puso en contacto con él, según se desprende de la agenda del comisario.
Dos días después se firma el decreto de la Fiscalía para detener al alcalde Barrientos firmado por el propio Juan Carlos López Caballero, aunque el exregidor de Estepona no será interrogado por le juez y el fiscal hasta 11 años después.
Sin investigar en Tándem
El Juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón y que investiga la causa Villarejo, ha estado siguiendo la misma senda que el fiscal malagueño: no investigar. ¿Así que en cada uno de los casos en los que se intuye su participación queda a buen hacer de la sala o del fiscal que se investigue o no, a pesar de existir una causa que ahonda sobre los 40 años dentro de la Policía? ¿Y el caso Pujol, donde está acreditado que la testigo principal, Victoria Álvarez. cobraba de los fondos reservados del Ministerio de Interior a través de Villarejo, tiene que seguir adelante? ¿Tiene García Castellón escondido en Tándem pruebas que afecten? ¿Y en Gürtel, donde está claro que se robó, destruyó, amenazó incluso invadió el espacio vital de los testigos para que estos no hablasen? ¿Trabajos todo ellos encargados por la exsecretaria general del PP y de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, la única a la que García Castellón no se atreve a imputar en Tándem a pesar de las pruebas?
A día de hoy, no existe una pieza separada en la causa Tándem sobre la operación Astapa, lo cual resulta muy difícil de entender. El juez García Castellón sigue llegando puntualmente retrasado a una instrucción, donde se sigue transcribiendo e instruyendo lo que la Policía decide, ya que nadie más tiene la documentación completa. Tanto el Fiscal Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, como el juez García Castellón, deben tomar nota de lo ocurrido, porque además de Astapa existen más procedimientos judiciales que han sido manipulados por Villarejo.
¿Nadie va a investigar cómo es posible que los policías de la UDEF que fabricaron todos los informes falsos sigan en activo y realizando nuevas investigaciones? ¿O es que no existe en la Fiscalía o en la Policía un sistema de control interno eficaz para que esto no ocurra? Por qué 16 años de instrucción destruyen a cualquier persona, ahí está ya la pena. Y si no, que se lo pregunten a Sandro Rosell: dos años encarcelado con pruebas falsas, absuelto en seis juicios diferentes y a quien se pretende indemnizar con 18 euros al día.
