El bochornoso espectáculo del ni contigo ni sin ti de María Guardiola para convertirse en presidenta de Extremadura. El escándalo de los condenados por violencia machista que VOX coló a Carlos Mazón, que tuvo que tragar con un extorero como vicepresidente y una consejera que predica que la violencia de género no existe… Por no hablar del ultra Juan García Gallardo que ha conseguido la vicepresidencia para que el PP mantuviera el poder a costa de los derechos de las mujeres. Pero también ocurre en Valladolid, donde Vox ha obligado al alcalde del PP a eliminar los carriles bici, aunque eso cueste perder los fondos europeos conseguidos. El 28M abrió la puerta a la ultraderecha a las instituciones autonómicas y locales por obra y gracia del PP con tal de conseguir el bastón de mando, aunque no ganara las elecciones. Medida tras medida, la ciudadanía lleva 7 meses y un día sufriendo una condena.
Castilla y León marcó el camino a seguir para el Partido Popular: gobernar a cualquier precio, aunque eso signifique dar poder a la ultraderecha lo que se traduzca en una pérdida inadmisible de derechos conseguidos en libertad y abanderar el negacionismo del cambio climático, los servicios públicos, el PIN parental, el feminismo o la necesidad de los sindicatos que defiendan a los trabajadores de los abusos de la patronal.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, adelantó las elecciones para intentar librarse de Ciudadanos y gobernar en solitario. Y Castilla y León salió de Málaga para meterse en Malagón. Lo único que consiguió por cambiar el naranja por el verde. Pasar del centro a la extrema derecha, lo que sea por seguir en el poder de la tierra que encumbró a José María Aznar.
El Partido Popular consiguió su propósito de mantenerse en el gobierno de nuevo cediendo a todas las exigencias de Santiago Abascal: la vicepresidencia y tres consejerías para VOX o nada. El nuevo vicepresidente, Juan García-Gallardo Frings, estrenó su cargo dejando clara la ideología que iba a imponer gracias en el gobierno: «En muchos países de Europa ya casi no nacen niños con síndrome de Down y esto se debe a la existencia de leyes que invitan a los padres a triturar a los niños en el vientre de las madres», se atrevió a decir.
El vicepresidente Gallardo contra los derechos de las mujeres en Castilla y León
Acabar con el aborto y, por tanto, con los derechos legales de las mujeres, ha sido una de las marcas de la casa del vicepresidente ultra de Castilla y León, una de sus principales luchas y decidió empezar 2023 con una muy criticada medida: los médicos debían ofertar a las mujeres embarazadas, tanto si habían decidido interrumpir su embarazo como si pensaban continuar con la gestación, la posibilidad de escuchar el latido del feto en un intento de fomentar la natalidad en este territorio.
Con medidas como esta, Castilla y León volvía al blanco y negro al fomentar una política en la que se vuelve a estigmatizar a las mujeres que deciden poner fin a embarazos no deseados. Vuelve el sentimiento religioso de culpa y la vergüenza social. Crónica Libre denunció en abril que el gobierno de Mañueco y García Gallardo sólo financia la interrupción voluntaria del embarazo en dos provincias. Violencia institucional contra las mujeres.
Con sus políticas, ideología y declaraciones, García Gallardo no sólo demuestra poco respeto a la política, sino también a la ciudadanía a la que representa por su cargo regalado. En un pleno se dirigió a la procuradora socialista, Noelia Frutos, -que sufre enanismo distrófico- de una manera impropia para alguien con su cargo: “Le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás». No ha sido ni mucho menos su única salida de tono: llamó «¡gentuza!» a los periodistas que cubrían las manifestaciones contra la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, donde se le ha visto muy activo.
PP Vox: Retirar subvenciones a los sindicatos, para acabar con los derechos de los trabajadores
Vox también está en contra de que los trabajadores tengan derechos laborales y representantes que los defiendan. Una de las medidas más importantes del consejero de Industria, Comercio y Empleo (imposición del partido ultra), Mariano Veganzones Díez, fue retirar la subvención nominativa de 1´3 millones de euros para UGT y CCOO, sindicatos que representan a más del 70% de afiliados en Castilla y León, rompiendo el diálogo social en la Comunidad Autónoma.
En cada una de las negociaciones con el partido de Alberto Núñez Feijóo, Vox ha tenido muy claro cuáles eran las conserjerías que les interesaba liderar para imponer su ideología. En Castilla y León exigió también el departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que representan el motor de la región. Y Mañueco se lo concedió. Su sillón por delante de los ciudadanos. Y así han ido las cosas.
La Junta publicó en mayo una resolución con la que pretendía suavizar las medidas contra la tuberculosis bovina, enfermedad transmisible de los animales que controla la Comisión Europea para su erradicación. Un ridículo continental. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se vio obligado a intervenir a través de una orden ministerial por la que se limitaba el movimiento de ganado bovino en Castilla y León hasta la derogación de la resolución.
La medida, más populista que pragmática, acabó suponiendo grandes pérdidas para los ganaderos de la región, quienes se manifestaron ante la sede de la Junta de Salamanca. Como era de esperar, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendió la orden de la Junta, argumentando que la resolución suponía una infracción de la normativa europea y del Estado Español.
Extremadura: El ridículo del “no puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista”
Con semejante precedente, los resultados del 28M en Extremadura provocaron uno de los espectáculos políticos más bochornosos de 2023. La protagonista fue María Guardiola, la candidata del Partido Popular en la región, aunque, a la vista de los acontecimientos, el guión se estuviera escribiendo en las sedes del PP y Vox de Madrid. Los resultados electorales en Extremadura estuvieron reñidos hasta que se escrutó el último voto. El PSOE ganó las elecciones por la mínima. Los socialistas y los populares consiguieron 28 escaños cada uno. Vox logró cinco representantes y Podemos, cuatro.
La ajustada realidad apuntaba a un gobierno de coalición de las derecha con la extrema derecha. Hasta tal punto lo tenían los extremeños claro, que el presidente en funciones, el socialista Guillermo Fernández Vara, llegó a anunciar que dejaba la política. Pero saltó la sorpresa cuando la líder de los populares anunció que no iba a gobernar junto a VOX por sus políticas en materia de igualdad: “No puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI”.
Guardiola encendió una mecha difícil de apagar. Y en la sede del PP en Génova saltaron chispas porque les pilló con el pie cambiado. Tanto fue así que, en un primer momento, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijoo secundó las palabras de su compañera. Pero, donde dije digo… Lograr el Gobierno de Extremadura, una tierra históricamente socialista, era una pieza clave de cara a las inminentes elecciones generales. Y al PP no le importó el ridículo con tal de conseguir el poder.
A partir de esas primeras declaraciones, las presiones fueron en aumento desde todos los sectores de la derecha obligando a Feijoo a desdecirse. Para el PP primaba la política nacional por encima del futuro de Extremadura. Y en lo que ocurrió desde ese momento están las pruebas que lo confirman: ordenó a María Guardiola a formar un gobierno rápido. Y así lo hizo, se saltó sus principios para seguir en política, la mujer que llegó a afirmar que «no podría dormir si pactaba con Vox», acabó entregando a la ultraderecha la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En estos meses de legislatura, el Ejecutivo extremeño de coalición ha dejado claro el poder que ha regalado a los de Abascal. Sus dos medidas estrella han sido la eliminación de la gratuidad universal de los comedores escolares, lo que deja fuera del servicio a más de 2.100 estudiantes que se ven obligados a abonar el importe directamente al servicio del catering; y la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.
Génova dio orden de negociar con Vox
Génova da orden de pactar con VOX. El reportaje de Crónica Libre publicado tras elecciones locales y autonómicas desvelaba las intenciones del partido de Feijóo tras los ajustados resultados electorales. Fuentes del PP confirmaron a este digital (el tiempo nos ha dado una vez más la razón) que la cúpula del partido de la derecha había dado orden de pactar con VOX. Ocurrió en la formación de los ayuntamientos de forma más discreta y siguió pasando con los gobiernos autonómicos de una manera más aireada. Aunque en un principio promulgara lo contrario, el moderado Feijóó abrió las puertas de las instituciones a la extrema derecha otorgándole más poder del que le dieron las urnas.
El pacto entre el Partido Popular y VOX en la Comunidad Valenciana se basó, principalmente, en atacar la cultura de la región. Uno de los principales postulados del vicepresidente, José Ángel Antelo, anteriormente torero, es vaciar de recursos a la Acadèmia Valencia de la Llengua, buscando eliminarla del Estatuto de Autonomía, ya que considera que la entidad está “al servicio de los únicos que pretenden la ruptura de la gran nación que es España”.
El partido de extrema derecha también anunció su intención de cerrar la televisión pública valenciana. El poder que Carlos Mazón le ha dado al partido de Abascal con tal de conseguir la presidencia es tal que se le ha abierto la puerta a que la extrema derecha decida la educación de los escolares de la región: su objetivo es sacar de las aulas los materiales que -a su juicio- atentan contra “la inocencia de los menores”.
Comunidad Valenciana, la obsesión de Vox por meter baza en la educación de los escolares
Con todas las competencias conseguidas por gracia del Partido Popular, Vox ha insistido además en revisar los materiales educativos, ya que, según sus creencias, «se miente sobre realidades biológicas, científicas, antropológicas e históricas». Los de Abascal en la Comunidad Valenciana están obsesionados con intentar acaparar espacios que ni siquiera se acordaron a el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones: En su punto 28, se explicita que “los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares». El PP les da la mano y ellos les toman el brazo.
También fue objeto de críticas la concesión del PP de una Conserjería tan fundamental para el orden democrático como la de Justicia e Interior a Vox. Hace apenas unas semanas, Crónica Libre publicaba un artículo sobre la nefasta consecuencia para las mujeres de ese pacto al ceder el cargo a Elisa Núñez, una mujer que, como todo su partido niega que exista la violencia de género.
”Las leyes de género han tenido un resultado nefasto, lo único que hemos conseguido es que desaparezca la presunción de inocencia de los hombres” aseguró en un desayuno informativo en el que añadió: ”Hay que hacer pedagogía para que la gente entienda la diferencia entre la violencia sobre la mujer y la ideología de género, que criminaliza al hombre por el hecho de serlo y plantea una imagen débil de la mujer al sobreprotegerla”.
En Aragón no cambiaron ni una jota
En Aragón, los pactos PP y Vox no cambiaron ni una jota. Ninguna diferencia respecto al del resto de Comunidades Autónomas en las que el Partido Popular necesitaba a los ultras para gobernar. Apoyo de la extrema derecha a cambio de puestos en el Ejecutivo y medidas estrictas en materia de igualdad, educación y trabajo.
La presidenta de las Cortes aragonesas, Marta Fernández (otra concesión del PP), fue noticia en septiembre por negarle el saludo a la ministra de Igualdad, Irene Montero y a su segunda, Ángela Rodríguez Pam en un acto del gobierno en Zaragoza. La falta de educación institucional ocurrió después de que la representante de Vox asegurara públicamente que Irene Montero afirmando que “solo sabe arrodillarse para medrar”.
Murcia, qué hermosa eres para el PP y para Vox: 100.000 euros públicos para atacar a Pedro Sánchez
El acuerdo en Murcia fue el último en llegar, rozando el límite de plazo antes de la obligación de repetir elecciones. Más tiempo en las negociaciones, pero el mismo guión que en el resto de España: el Partido Popular consiguió formar gobierno a cambio de entregar la vicepresidencia y la Consejería de Fomento a VOX. Ambas formaciones políticas acordaron eliminar subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, instaurar el PIN parental para garantizar la “neutralidad” ideológica y reducir impuestos. Además, la violencia de género quedó relegada a un segundo plano, siendo integrada en la violencia que sufren “los niños y los mayores”.
En Murcia, la partida presupuestaria que más llama la atención tras el acuerdo de las derechas es la dedicada a “defender España; el propio vicepresidente, José Ángel Antelo, confirmó que la región ha destinado 100.000€ públicos para emprender acciones judiciales y manifestaciones contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Los gobiernos autonómicos son tan jugosos como necesarios para intentar que Feijóo llegue a la Moncloa, hay mucho dinero a su disposición con el que poder conseguir que cambien las balanzas electorales. Pero donde se llega a la ciudadanía es con el poder en los ayuntamientos, cuanto más importante sea, mejor, pero cualquier ciudad vale.
La política de cercanía, la municipal, es un primer paso para embaucar a los electores. Crónica Libre publicó un reportaje sobre las exigencias de Vox al PP para llevarse el bastón de mando en los consistorios. Con tal de quitar a Óscar puente de la alcaldía de Valladolid, el PP permitió que la ciudad perdiera fondos europeos al retirar inmediatamente los carriles bici. Entonces nos preguntamos: ¿A qué se debe la obsesión enfermiza del PP y Voz por los carriles bici?
