Huelgas, polémicas sobre manipulación al servicio de los gobiernos de turno, debates sobre su modelo de financiación y garantías de pluralidad… Las televisiones públicas, españolas o extranjeras, nacionales o autonómicas, siempre están en el centro del periodismo y de la controversia política. Algunos creen que son un caso perdido de neutralidad, pero otros pensamos que son la esperanza de una televisión democrática y plural.
El último conflicto ha sido en Reino Unido, donde los trabajadores de la BBC participaron de forma masiva en una huelga en protesta por los recortes drásticos en su red de radios locales. Una huelga apoyada por la Federación de Sindicatos de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas. Si las condiciones laborales están en el centro de la mayoría de los conflictos laborales, en el caso de las televisiones públicas también están las acusaciones de parcialidad informativa y falta de pluralidad.
Este mismo mes de marzo, la BBC anunciaba primero el despido y después la readmisión del exfutbolista y presentador estrella Gary Lineker tras apartarlo temporalmente por criticar en Twitter la nueva política migratoria del Gobierno. El director general de la BBC afirmó que la polémica se debía a la importancia que la cadena da a la imparcialidad de sus profesionales.
En España, los trabajadores de RTVE convocaron su última huelga en 2019. Entonces protestaban por “las nefastas políticas de contratación de personal e inversión tecnológica”, pero también denunciaban la manipulación informativa.
Y es que la controversia en torno a las acusaciones de manipulación por parte de los gobiernos en los contenidos de las televisiones públicas son constantes. Volviendo a RTVE, durante parte de 2018, el Consejo de Informativos de TVE convocaba concentraciones semanales para demandar una RTVE plural, imparcial e independiente, era lo que se llamaban los “viernes negros”. Comisiones Obreras siguió convocando alguna concentración en 2019 y durante el pasado año continuaban las concentraciones con las mismas exigencias.
Manipulaciones en Telemadrid y CanalSur
El ambiente en las televisiones autonómicas todavía es más conflictivo. El Comité de Empresa de Telemadrid denunció el tratamiento dado por los informativos de la cadena a la manifestación en defensa de la sanidad pública celebrada el pasado noviembre en la capital. Telemadrid emitió titulares en sus espacios informativos tales como “manifestación de sindicatos y de la izquierda madrileña contra Ayuso”, mostrando, según los sindicatos, un total “desprecio” a la protesta y obviando que fueron las asociaciones de vecinos las convocantes. Ya durante el gobierno de Esperanza Aguirre las denuncias de manipulación de los trabajadores fueron constantes, desde el apoyo a la teoría de la conspiración del 11M al ensalzamiento de Aguirre como líder del PP, por encima de Rajoy. Fue entonces cuando los trabajadores de la televisión autonómica pusieron en marcha la web Salvamos Telemadrid para denunciar las manipulaciones.
En Andalucía, el Consejo Profesional de Canal Sur presentó el pasado octubre un análisis de las informaciones entre los meses de abril y septiembre del pasado año donde señalaban 130 manipulaciones desde la dirección de informativos del organismo y donde también se incluyen faltas de respeto a los trabajadores. Entre esas manipulaciones destacaban que se le dedicara 10 veces más de tiempo a los argumentos a favor de suprimir el Impuesto de Patrimonio que a los en contra. «Se ha dedicado el triple de tiempo a la subida de las torrijas por el IPC que a las tres sentencias del caso Gürtel«, añadían.
Falta de imparcialidad en A Punt
Tampoco pensemos que las denuncias de manipulación se dirigen exclusivamente a las televisiones de las autonomías del Partido Popular. En la Comunidad Valenciana, el vocal del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) Vicente Cutanda, a propuesta del PP, ha denunciado que los medios públicos valencianos están perdiendo la imparcialidad de años anteriores según se aproxima la cita electoral. Según señalaba en la revista Valencia Plaza el pasado 20 de marzo, “en las últimas semanas he presentado más quejas y protestas sobre información de contenido político que en los últimos tres años”.
El caso de Canal Nou
No olvidemos que la antecedente de la actual televisión autonómica valenciana, A Punt, era Canal Nou, que fue duramente criticada por su falta de objetividad y manipulación política a favor del Partido Popular y que incluso provocó una recomendación del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana para que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de objetividad, veracidad, imparcialidad y respeto al pluralismo político. Canal Nou se vio implicada en el Caso Gürtel, debido a diversos contratos irregulares para la visita del Papa a Valencia según informes de instituciones judiciales. El 5 de noviembre de 2013, la Generalidad Valenciana anunció el cierre del canal tras acumular hasta 1200 millones de euros en deuda y la imposibilidad de recolocar a los casi 1000 empleados despedidos en un ERE ilegal.
TV3 y el procés
Otra cadena autonómica que se ha encontrado en el ojo del huracán por su línea informativa ha sido la catalana TV3, algo inevitable ante los tortuosos acontecimientos ligados al procés catalán. Ya en 2018, desde la Sección Sindical de CCOO en la corporación de medios públicos catalanes y del Comité de Empresa de TV3, se denunciaba que el gobierno catalán había reducido el número de integrantes del Consejo de Gobierno convirtiéndolo en más “monocolor” y “así se llegó a la negociación ‘en cremallera’ de los cargos más importantes. CIU se quedó con la dirección de TV3, ERC con la dirección de informativos”. “’El control del relato’ estaba servido y en pocas manos”, añadía CCOO.
Las denuncias se dispararon en los momentos más álgidos del procés, cuando los medios catalanes públicos se alinearon sin fisuras con las tesis independentistas. La diputada independiente integrada en el grupo socialista Beatriz Silva denunció que TV3 “está totalmente escorada y el espacio que le da al monotema, al procés, es desproporcionado. Está claro que en Cataluña tenemos un problema político grave pero TV3 solo habla de eso y deja al margen otras cuestiones que son igual de importantes y que seguramente afecten más a los ciudadanos”.
El debate de la financiación
Existen todavía más debates en torno al modelo de televisión pública. Uno, fundamental, el modelo de financiación, ahí se puede incluir la decisión respecto a la publicidad (recordemos que RTVE renunció a ella con el gobierno de Zapatero).
A este respecto, José Manuel Martín Medem, periodista jubilado de RTVE y representante de Unidas Podemos en el Consejo de Administración de RTVE, señala que «la financiación debe ser exclusivamente a través de los Presupuestos Generales del Estado, con dependencia del Parlamento y no de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que es la actual propietaria y financiadora. Es decir, una financiación pública como la educación y la sanidad«. Es el planteamiento lógico si consideramos que, en democracia, el derecho a la información, es tan fundamental como lo pueda ser el derecho a la educación o a la salud.
Sobre la pluralidad
El otro gran debate es cómo definir los órganos que regulen su pluralidad y profesionalidad, y la elección de sus integrantes. Parece lógico lograr una representación adecuado de profesionales, grupos parlamentarios, sindicatos, sectores ciudadanos, etc… Martín Medem, que también es miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas, establece los siguientes elementos: mantener los actuales consejos de informativos, democratizar la aplicación del derecho de acceso (un sistema no desarrollado para garantizar el acceso a la programación de los diferentes colectivos sociales representativos en el país), un auténtico defensor de la audiencia, un consejo de participación social de verdad que sustituya al actualmente insignificante Consejo Asesor, que la comisión de control parlamentario sea eficaz y contar con una autoridad audiovisual que no dependa de los gobiernos.
La alternativa plural nunca es la televisión privada
Es evidente que esta no es la situación actual, ni en RTVE ni en las televisiones autonómicas, es por ello que, para algunos sectores, la complejidad de poder llegar a esta neutralidad y, sobre todo, las tristes experiencias de control político que hemos podido apreciar, les llevan a proponer la eliminación de las televisiones públicas. Se trataría de un grave error.
Creer que el panorama privado puede garantizar la pluralidad y la imparcialidad que tanto está costando lograr en las televisiones privadas es una ingenuidad. De hecho, es una histórica propuesta neoliberal la de eliminar las televisiones públicas, en la medida en que las televisiones privadas ya suponen la mejor opción para una oferta editorial de derechas. Recordemos las intenciones de Esperanza Aguirre de privatizar TeleMadrid. Basta recordar quiénes son los accionistas de los dos grandes grupos televisivos españoles para deducir esa línea.
En América Latina
Si observamos el caso de América Latina, comprobaremos que durante los gloriosos tiempos de gobiernos neoliberales, en los noventa, la estrategia no fue controlar ninguna televisión pública, bastaba con eliminarlas o reducirlas al mínimo (Ecuador no tenía televisión pública, y Bolivia, Venezuela y Argentina tenían unas televisiones públicas precarias frente a unas poderosas privadas).
Existe una anécdota curiosa sucedida en Honduras tras el golpe de Estado militar contra Manuel Zelaya en 2009. Los golpistas cerraron el canal público de televisión, Canal 8, y dos meses después anunciaron que el Estado lo abandonaba y entregaría a un empresario la frecuencia radioeléctrica que ocupaba. De este modo ya se garantizaban la lealtad del canal de televisión. Incluso si en un futuro la izquierda ganaba las elecciones, no tendría una televisión, la pública ahora era de un empresario amigo.
El caso Berlusconi
Otro caso curioso. Tras el escándalo de las fiestas con prostitutas del primer ministro italiano Silvio Berlusconi en Cerdeña, allá por 2009, su obsesión era que ninguna televisión italiana importante entrevistase a ninguna de ellas. Berlusconi no lo tenía difícil, controlaba las principales privadas como propietario de Mediaset y las públicas como primer ministro. Sin embargo, RAI2 terminó entrevistando en su estudio a una de las prostitutas ante la indignación de Berlusconi. La conclusión es clara: resulta más fácil que un propietario controle la televisión privada que un primer ministro controla la televisión pública.
A lo largo de este análisis hemos repasado las denuncias y movilizaciones de los periodistas de las televisiones públicas denunciando las manipulaciones o intentos de diferentes gobiernos. Pero por mucha manipulación que suframos en las televisiones públicas el nivel de libertad de sus periodistas y las posibilidades de regeneración siempre serán mayores que en los medios privados.
Nadie se puede imaginar que una televisión privada emitiese lo que sucedió en TVE1 en julio de 2009, cuando los profesionales de la televisión pública no dudaron en emitir en el informativo el ataque que sufrió el periodista de la cadena por parte del jefe de prensa del ministerio de Trabajo, molesto por una pregunta que el profesional le hizo al ministro en la rueda de prensa. Todos los telespectadores pudieron ver y escuchar cómo le decía al periodista. «Voy a pedir quién eres para evitar que vengas a este Ministerio». ¿Se imaginan una televisión privada emitiendo una amenaza similar del jefe de prensa del dueño de la cadena dirigida a un periodista de esa misma cadena? Simplemente lo despedirían y listo.
El modelo neoliberal prefiere televisiones privadas
Para los políticos neoliberales la caída en desgracia de la televisión pública no es un problema mayor, entre otras razones porque saben que su ideología se transmite con mucha más impunidad en un medio privado sin tener que dar incómodas explicaciones a trabajadores, sindicatos o partidos de oposición. Es más, hundir su prestigio puede no ser una mala opción si con ello los ciudadanos comienzan a replantearse el gasto en medios de comunicación públicos y emigrar, por ejemplo, en el caso español, a las televisiones de Berlusconi o Planeta.
Con toda la rabia que nos genere la manipulación de los gobernantes de la televisión pública, es importante que no olvidemos que, a diferencia de las privadas, se pueden crear órganos participativos y plurales de control, sus periodistas pueden denunciar, algo impensable en un medio privado y, en última instancia, la dirección del medio público cambiará tarde o temprano cuando echemos al gobierno que la manipula.
