Asesinatos machistas, violencia institucional, pederastia o prostitución: 365 días de feminismo desde que el 7 de julio de 2022 Crónica Libre viera la luz. Periodismo feminista por y para la mujer. Esta es una de las bases de este diario que desde el primer día se puso como objetivo. Y lo hemos conseguido. Nuestros reportajes de investigación y de denuncia son un ejemplo de un medio de comunicación comprometido con la igualdad y cuya obsesión es acabar con la lacra de la violencia de género.
Ha sido uno de los grandes reportajes de este primer año para Crónica Libre porque en este trabajo se juntaban las dos bases sobre los que se asientan nuestros pilares: investigación periodística y feminismo. La profesora universitaria y feminista Juana Gallego se preguntó Dónde y en qué se han invertido los 1.000 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. No fue fácil rastrear el destino de ese dinero pero conseguirlo, era imprescindible para Crónica Libre. No faltaban los motivos.
El 13 de septiembre de 2017 se firmó un ambicioso plan de lucha contra la violencia de género que implicaba dedicar 1.000.000.000 de euros en los siguientes cinco años a fortalecer las estrategias que ya existían con la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. El tema no era para menos. El triste recuento anual de mujeres asesinadas recordaba que cada año eran asesinadas una media de 62 mujeres a manos de sus parejas o exparejas (con un terrible pico de 73 mujeres en 2010).
Esos mil millones de euros estarían repartidos en: 100 millones a las entidades locales, según habitantes. 500 millones para las Comunidades Autónomas que tenían competencias en materia de asistencia social, sanidad y educación, y 500 millones según competencias estatales para la violencia de género. Transcurridos esos 5 años desde la aprobación del Pacto de Estado la sociedad tiene derecho a saber en qué y cómo se han gastado esos millones.
No ha sido fácil rastrear el uso que se han dado a los mil millones pactados, pues las cifras con las que se ha contado están repartidas en diferentes ámbitos territoriales, estatales, autonómicos o locales. Pese a que en la web Delegación del Gobierno se puede acceder a los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas así como a los Ayuntamientos, la multiplicidad de informes, notas, documentos o actualizaciones complica saber cuánto y en qué se han invertido los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género. Además, la web está incompleta y no consta información de los dos últimos años
Fondos contra la violencia de género para la prostitución
En esta misma línea, la periodista y feminista Cristina Prieto denunció en Crónica Libre que Cinco asociaciones que defienden la prostitución reciben 2,4 millones de euros de fondos públicos, incluso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El feminismo de este medio es abolicionista y lucha por el fin de la prostitución porque supone un abuso contra la mujer. Varias asociaciones que consideran la prostitución un trabajo más reciben elevadas cantidades de dinero público para blanquear esta actividad, especialmente en el Levante español.
Desde Cataluña y Aragón hasta la Región de Murcia, ayuntamientos, diputaciones y consejerías liberan fondos en subvenciones públicas para la organización de charlas, talleres, presentaciones de libros y jornadas en donde la defensa de la prostitución es el tema central. A eso hay que sumar las partidas procedentes del Estado a través de distintos ministerios. Algunas de ellas, incluso, ofrecen cursos para mujeres que se inician en la prostitución previo pago de 90 euros como Aprosex que, según recoge en su web, celebró en 2021 la 17ª Edición de los Cursos de Profesionalización para Trabajadoras Sexuales.
Cinco asociaciones –Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), Associaciò Genera, Aprosex, Asociación Casa Alba y el Sindicato Otras– concentran las subvenciones de cuatro Comunidades Autónomas que, a través de distintas convocatorias, obtienen fondos para mantener estas actividades. De ellas, la que más dinero público recibió fue el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo que, entre 2019 y 2022 gestionó 790.639 euros procedentes de la Región de Murcia (Gobierno autónomo y Ayuntamiento), la Comunidad de Valencia y del Estado.
Violencia de género y maltrato institucional
Dos investigaciones rigurosas persiguiendo que el dinero destinado a la protección de las mujeres vaya realmente a proteger a las mujeres. Por mucho que los políticos de la derecha y de la extrema derecha se empeñen, la violencia machista existe y sólo si juntamos fuerzas entre todos podremos acabar con ella. Para conocer la realidad que viven las familias que sufren la violencia de género, Nuria Coronado firmó un reportaje en agosto de 2022, de esos que llegan directos al corazón por la crueldad de los actos del maltratador y por el maltrato que muchas veces tienen las instituciones con las familias de las mujeres asesinadas.
“Yo tenía un papá malo que mató a mi mamá”. Esta frase es de J., un niño de cinco años, a quien le falta su madre desde el pasado 14 de agosto de 2018. Su progenitor Mustapha B. cuando tenía 39 años le dejó huérfano en aquella fecha. Asestó ocho navajazos en su coche a Leyre González de 21 años, la abandonó ensangrentada a las puertas del centro de salud de Dúrcal (Granada) y salió huyendo.
No se pudo hacer nada por salvarla. Hoy Belinda Justo Sanz, la abuela del pequeño quiere hacer un homenaje a su hija narrando el calvario de sobrevivirla así como el abandono y el maltrato institucional que ha sufrido desde entonces. Lo cuenta a corazón abierto, “le escueza a quien le escueza” y lo hace por una sola razón: “porque las mujeres no le importamos a nadie. Da igual que nos maten o nos maltraten”.
Amenazas en casas de acogida de Andalucía, que son «como una cárcel»
Las historias que persiguen a las mujeres que huyen de sus maltratadores son escalofriantes porque, a veces, no terminan cuando deciden escapar de su infierno. Cristina Prieto entrevistó a varias víctimas de violencia de género que denunciaban las malas condiciones de casas de acogida en Andalucía. Alimentos caducados, pisos sin calefacción en ciudades muy frías y el trato del personal centran las quejas a pesar de que la empresa adjudicataria del servicio niega todas las acusaciones. Lo que podría entenderse como un refugio para las mujeres víctimas de violencia machista pudiera convertirse, en ocasiones, en “una cárcel”.
Las usuarias de distintas casas de acogida en Andalucía que han decidido hacer públicas las condiciones en las que viven ellas y sus hijos. Algunas, incluso, han preferido abandonar esta red de recursos habitacionales y volver a sus ciudades a pesar de poner en peligro sus vidas por la cercanía de sus maltratadores. “Llevo tres años huyendo de mi maltratador, con una maleta de un lado a otro, y con un GPS a cuestas porque se ha saltado la orden de alejamiento cinco veces pero prefiero estar en mi ciudad a vivir en una casa de acogida bajo amenazas de sus responsables” afirma una de las usuarias tras su paso por uno de estos recursos en Córdoba.
Pisos sin calefacción en invierno en ciudades donde la temperatura puede bajar por debajo de cero grados durante las noches, podrían estar detrás de enfermedades en los niños y niñas que comparten estas casas con sus madres. “Llevé a mi hija siete veces a urgencias porque siempre estaba con fiebre ya que la habitación donde dormía era muy fría y no había calefacción ni persianas para poder bajarlas de noche” comenta Lilibet que fue amonestada por cambiar la cama de su hija.
“El sistema está hecho para defender a los pederastas en lugar de a las víctimas”
Con absoluta angustia e impotencia. Así espera Sandra la llegada del día en el que esta madre, cuya hija menor de 10 años fruto de otra relación fue abusada por su expareja, tendrá que pasar por el calvario de una prueba pericial. Una jueza de Valencia, atendiendo a la demanda del pederasta, ha ordenado una valoración pericial para dictaminar “la pertinencia de decretar un régimen de visitas” de su otro hijo con ella “y la forma de llevarse a cabo”. El violador no solo no se arrepiente de los abusos, sino que cuenta con una orden de alejamiento de su víctima y tiene prohibido trabajar con menores.
