La apuesta de España por el vehículo eléctrico o las energías renovables hacen que en nuestro país se haya producido un boom de proyectos mineros. Sin embargo, varios expertos en medio ambiente alertan de las nefastas consecuencias que esto tiene para la salud del planeta y de las personas por la alta contaminación que conlleva. “Los minerales que posee España se han convertido en un problema ambiental, social y de salud pública”, advierten, al tiempo que señalan que “la necesidad de estos minerales no justifica la barra libre y llevarnos hacia un desastre ambiental”.
Según el informe Estadística Minera de España 2020 en nuestro país hay 2.629 explotaciones mineras. Más allá de las mismas planean sobre el horizonte un gran número de nuevos proyectos. Cristóbal López, coordinador del área de minería de Ecologistas en Acción, señala que es complicado saber el número real de proyectos en curso, teniendo en cuenta “la presión que viene de Europa para que España sea una zona de sacrificio minero importante” ante las grandes reservas de minerales que atesoramos.
A esto une la Ley de Minas a la que califica como la más laxa del mundo, ya que somos el único país que no obliga a pagar un canon por extracción y los planes de restauración no siempre se llevan a cabo o se convierten en vertederos, como en la mina de Touro, en Galicia.
Y es que, tal y como señala, “este sector habla de sostenibilidad, pero todas las empresas que tienen adjudicadas las concesiones mineras son empresas pantalla, con un mínimo capital social, propiedad de otra compañía que puede estar en un paraíso fiscal. La segunda organización es de la matriz y quien cotiza, confirma. “Quien hace frente a los problemas es la empresa pantalla. Si surge un problema ambiental esta quiebra y no se paga nada”.
Un negocio en alza
El sector, que en 2020 superó los 3.000 millones de euros en nuestro país, según los últimos datos publicados, es uno de los que más residuos genera, avanza López, “porque algunas minas están por debajo del 1% de concentración y para obtener una tonelada de tantalio o de cobre hay que extraer cien”. Confirma que hay muchas minas que se están reabriendo tras cerrarse décadas atrás por no ser rentables. Se busca una explotación rápida. Las empresas mineras cuentan con maquinaria que permite mover un gran número de toneladas.
“De manera tradicional si extraes poco, contaminas poco y el medio puede regenerarse, pero con maquinaria pesada se genera un gran número de toneladas de residuos”, expone. Al tiempo que recuerda que las sustancias más peligrosas son los metales pesados porque aparejados a los mismos están el plomo, cadmio, torio o estroncio, muy venenosos e incluso cancerígenos.
Destruir la identidad del paisaje
Opinión que secunda Joaquín Araujo, uno de los principales ambientalistas españoles. Araujo asegura que “la minería a cielo abierto está considerada como la quinta actividad más perniciosa, ya que contamina los tres elementos fundamentales para la vida: aire, agua y tierra, al liberar algunos de los metales pesados”. ¿A nivel particular? “Nada destruye tanto la identidad de un paisaje como reventarlo y ahondar en el mismo”, subraya.
En su opinión “estamos vapuleados” por cientos de peticiones de prospección minera con una paradójica situación: “Por un lado necesitamos hacer la transición hacia las energías renovables pero el planeta, y España, carecen de suficientes fuentes de alimentación de minerales para esa transición”. Por ello, recomienda plantearse algo completamente diferente: “No es sustituir el coche convencional con 50 o 60 años de retraso, es transitar hacia una austeridad y moderación, no ir hacia otra tecnología altamente demandante de energía”.
El gas y la energía nuclear no son renovables
A la pregunta de cómo juzgaría el papel que están jugando tanto el Gobierno de España como el de la Comunidad Europea en materia medioambiental, responde que “no acaban de dar con la tecla, engañándonos con palabras que significan todo lo contrario a lo que normalmente deberíamos priorizar en un desastre”. El gas y la energía nuclear no son en absoluto renovables, aclara. “Si un parque eólico o solar están situados en una huerta, tampoco se puede denominar como renovable”.
Y es que, tal y como subraya, “con el grito de lo renovable estamos agrediendo lo poco que queda sin destruir, mientras la comunidad científica en rebeldía nos demuestra que hay territorio idóneo y suficientemente degradado para soportar todas esas instalaciones sin invadir más la naturaleza”.
El mundo rural, el más perjudicado
El mundo rural es el más perjudicado en este sentido. Cristóbal López considera que esto ocurre porque “es más barato expropiar los terrenos«. ¿Las consecuencias para los pueblos afectados? “El desastre ambiental y la contaminación que acaba habiendo en su ecosistema, además de impedir otras economías más tradicionales como la agropecuaria, la caza, la pesca y una mayor despoblación, porque nadie quiere vivir en un lugar contaminado”.
Para Jorge de Dios, investigador de conflictos socioambientales USAL/UNED, el fenómeno de la minería a cielo abierto en el mundo rural que estamos viviendo desde principios del siglo XXI se produce en un contexto de globalización de la economía, por lo que aparecen nuevos actores en el territorio. “Empresas multinacionales sujetas a las exigencias de una economía global, sobre todo en el tema de precios y de competencia de mercados. Cuestión que da lugar a un modo de producción que caracteriza a la megaminería: intensivos en capital y en maquinaria, pero no en puestos de trabajo”.
Nuevo concepto de ecología política
Y al que se enfrenta una sociedad rural formada e informada sobre este tipo de conflictos, sobre el grave impacto que tiene en la salud, en el medioambiente y en las economías locales. “Así surge el concepto de justicia ambiental y una sociedad más preocupada por la crisis ecológica y climática o por la pérdida de la biodiversidad que por el crecimiento del PIB”, manifiesta Jorge de Dios.
Todo ello nos lleva a nuevos movimientos sociales, protagonizados por una generación de personas organizadas bajo el paraguas de plataformas ciudadanas, asociaciones y redes a las que Jorge de Dios distingue por su rápida respuesta a las amenazas. La participación de sus miembros, altruista, nace al albor del desencanto político. “Mantienen su total independencia ante los partidos políticos, pero participan en el debate político con voz propia, intentando influir en las decisiones».
La España vacilada, no la España vaciada
Es el nuevo concepto de ecología política. Personas que mantienen su identidad. Descendientes de aquellos que formaron parte del éxodo rural y que enarbolan una postura crítica respecto a algunas consecuencias que el proceso ha tenido. Es lo que Jorge de Dios denomina como “la España vacilada”, más que la España vaciada. “En ellos se produce una cultura de defensa del territorio porque este ha sido injustamente tratado”, sostiene.
Joaquín Araujo reconoce que la existencia de estas plataformas ciudadanas es una gran noticia. “Una multiplicación por muchos y una diversificación afortunada de lo que llamamos ecología política. Una pura profundización de la democracia en un mundo rural maltratado”.
«Sillicosis valley»
Jorge de Dios pone en valor el trabajo de plataformas y asociaciones que han logrado grandes éxitos frente a determinadas explotaciones mineras como la plataforma Mina Touro-O Pino NON o las tres plataformas y asociaciones abulenses del denominado “Triángulo del feldespato”. En este caso, aunque dos de ellas lograron evitar que los proyectos se llevaran a cabo, la Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja ha tenido que lidiar con la amenaza de tres expedientes que afectaban a 16 de sus 23 pueblos.
En este momento, tras una dura lucha, la amenaza se ve reducida a dos proyectos. Uno de ellos bajo la batuta de Cerro el Rocil, empresa del Grupo Cosentino, cuyo presidente ha sido recientemente condenado por los casos de silicosis de sus trabajadores. “Es importante evitar que sigan emergiendo sucesivos proyectos en el Valle del Corneja y que este pueda conocerse como Silicosis Valley”, indica Jorge de Dios.
Minas sí pero no así…
A pesar de todo Cristóbal López, Jorge de Dios y Joaquín Araujo son conscientes de la necesidad de la minería. ¿Cómo compaginar minería y medio ambiente, minería y vida? Es muy difícil, se reafirma Araujo. “Hay que elegir medidas más blandas. Una minería bien estudiada”, aconseja, al tiempo que aclara que nunca aprobará la mina de litio de Cáceres, por mucho que quieran hacerla subterránea.
López aboga por avanzar en la economía circular para suplir entre el 50 y el 60 % de la extracción. Reciclar. Analizar y racionalizar el consumo de metales porque “aunque estemos explotando a lo loco hay unos límites biofísicos. No todo puede ser barra libre de aquí al infinito”, argumenta.
Y, por supuesto, “extraer con unas garantías y vigilancia del Estado. Si ponemos garantías y reducimos las necesidades de extracción es cuando podemos tener una minería sostenible porque va a contaminar de manera controlada”. “Minas sí pero no así”, sentencia Jorge de Dios.
Herramientas contra vulnerabilidades
Aquellos que quieran denunciar atropellos mineros pueden recurrir al Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB). Esta iniciativa, lanzada con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 junto a varios colectivos entre los que se encuentra Ecologistas en Acción, expone vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causados por la industria extractiva en la Península Ibérica.
El portal, que ya ha detectado más de 139 infracciones ambientales cuenta, de momento, con algunos de los casos más graves como la mina de Las Cruces, en Sevilla, por poner un ejemplo. La mayor mina a cielo abierto de cobre en Europa cuya explotación fue autorizada a pesar de encontrarse bajo un acuífero considerado como reserva estratégica de emergencia para la ciudad.
Por su parte el Atlas de Justicia Ambiental, una herramienta científica gestionada por el Instituto Tecnológico de Ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, permite analizar los conflictos ambientales por zonas, materias primas o actores involucrados en el conflicto. En este momento alberga alrededor de 4.000 casos a nivel mundial.
