La investigación se inicia a raíz de una denuncia anónima que ha aportado a la Oficina Antifraude sendas copias de dichas auditorías. En ellas, la intervención municipal aporta una relación extensa de irregularidades económicas e insta al ayuntamiento a aplicar medidas correctoras que, como los mismos informes indican en sus conclusiones, no habrían sido atendidas hasta la fecha.
En dichas auditorías, a las que ha tenido acceso este medio, se enumeran aspectos como la inexistencia de actas que recojan las retribuciones de los miembros del consejo de administración, el pago de variables a la gerencia sin previo acuerdo de la junta, aumentos de sueldo por encima de la ley y sin cobertura legal, contratación de personal sin ningún protocolo de recursos humanos, prórroga tácita de contratos recurrentes, falta de transparencia en los concursos públicos y la injustificación de dietas del personal de la empresa, entre otras.
Sobre el tema de las dietas, la intervención advierte que existe “una debilidad de control interno importante que puede suponer posibilidades de fraude o ineficiencias en la gestión del gasto público”.
Las auditorías también advierten sobre la ejecución presupuestaria de la empresa por debajo del 70% del presupuesto en ambos ejercicios, así como la aprobación de nuevas tarifas funerarias y la tramitación de líneas de crédito bancarios sin pasar por los organismos de aprobación pertinentes, como por ejemplo el pleno municipal del ayuntamiento de Tarragona.
Los informes ponen especial enfasis en la detección de despidos improcedentes acordados en ambos ejercicios y la existencia de graves incumplimientos en la normativa de contratación pública y concurrencia pública.
EMSERFUMT, Empresa Mixta de Servicios Fúnebres Municipales de Tarragona, S.A, es una empresa mixta participada por el ayuntamiento de Tarragona, que ostenta el 51% de las acciones, y por la empresa Funespaña (49%), perteneciente al grupo asegurador Mapfre. El presidente del consejo de administración es el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; mientras que el resto de 8 consejeros son cuatro representantes de la propia Funespaña, el político de Junts, Dídac Nadal: y tres representantes de la sociedad civil tarraconense.
La denuncia, presentada hace unas semanas ante la Oficina Antifraude de Cataluña está siendo valorada por dicho organismo de control, que tiene la obligación de trasladar el caso a los estamentos judiciales si encuentra indicios delictivos que se escapen de su competencia de actuación.
La Oficina Antifraude de Cataluña es una institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de Cataluña. Antifraude tiene como objetivo prioritario prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos, o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de información derivada de las funciones propias del personal al servicio del sector público.
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