No solo de políticos, banqueros, periodistas y grandes empresarios vivía Villarejo. Las garras del ex comisario también llagaron hasta algunos protagonistas de la crónica rosa como Luis Miguel Rodríguez, conocido como El Chatarrero, que aparece en la documentación localizada por la policía referente a 2015, cuando el dueño del mayor desguace de Europa era pareja sentimental de la nieta de Franco. En los listados de la actividad ilegal de Villarejo también aparece el hijo de Jaime Ostos: el ex comisario podría haber recibido el encargo de descubrir si estaba realmente casado con Yolanda García Cereceda, heredera de la lujosa urbanización de La Finca después de haber reconocido en una revista ser homosexual. En juego había una herencia de más de 1.000 millones de euros. La macrocausa Villarejo salpica al papel cuché.
David Arnanz
Corría 2013 cuando el nombre de El Chatarrero saltaba a todas las portadas de las revistas del corazón. Hasta entonces desconocido, Luis Miguel Rodríguez se convertía en personaje de la prensa rosa por ser la pareja sentimental de Carmen Martínez Bordiú, una de las reinas del papel cuché patrio. Desde entonces, el dueño de La Torre, el mayor desguace de Europa, no ha dejado de ser noticia de la crónica social gracias a sus relaciones, entradas y salidas con otras famosas, como la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.
El nombre de El chatarrero también aparece ahora en los documentos del comisario Villarejo incautados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, y que pertenece a una nueva pieza. Fue en el año 2015 cuando la estructura empresarial Cenyt, creada por José Manuel Villarejo para realizar proyectos de investigación e inteligencia mientras pertenecía a la policía recibía el encargo de investigar a Luis Miguel Rodríguez García. En la hoja de encargo encontrada consta las grandes cantidades que se llevaría Villarejo por aceptar el trabajo. El cliente ofreció dos opciones: Precio fijo o a comisión. Es decir 250.000 euros pasara lo que pasara o 150.000 euros más porcentaje por éxito.
Cuando se hizo pública su relación sentimental con la nieta de Franco, se calculaba que Luismi –como se le conoce- contaba con una fortuna de en torno a los 40 millones de euros que empezó a amasar en los años 90 cuando se hizo con los servicios de retirada de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, las cuentas de desguaces La Torre no pasaban por su mejor momento: pérdidas de más de un millón de euros y una deuda con Hacienda en torno a los 8 millones. Su fortuna personal también se vio reducida a causa del divorcio de su mujer, propietaria del 49 por ciento de la empresa y con la que tiene dos hijas. El divorcio se firmó en marzo de 2015. Ese mismo año, Luismi y la nietísima fueron ‘pillados’ juntos disfrutando en restaurantes, terrazas de moda, en los toros e, incluso, tomando café en la cafetería de desguaces La Torre.
Carmen Martínez Bordiú vivía en un piso en la exclusiva calle de Velázquez, de Madrid, de 600 metros cuadrados por el que se pagaba un alquiler de 5.500 euros mensuales, importe que pagaba él. En 2015, Carmen Martínez Bordiú reconocía en televisión que Luismi era el hombre de su vida. La relación, tras varias idas y venidas, acabó en octubre.
Proyecto Platoon
Fue intenso por tanto el año 2015 para El chatarrero, más ahora que conocemos que pudo ser objeto de seguimiento de Villarejo. Proyecto Platoon, así denominó villlarejo a la operación de seguimiento al Chatarrero. En español, pelotón, el nombre del operativo podría recordar a la mítica película de Oliver Stone que narra la historia de un chico de buena familia que se presenta voluntario para luchar en la guerra de Vietnam. Su inexperiencia le hará sufrir más de la cuenta. Superviviente y herido de combate vuelve a casa consciente de que el enemigo real estaba en su interior y que tendrá que vivir con ello el resto de su vida.
El proyecto Platoon es uno de los que forma la pieza 35 de la investigación contra las actividades ilegales de Villarejo que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional le acaba de hacer llegar al juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional. Los investigadores quieren seguir investigando para conocer más detalles de ésta y otras 69 operaciones para conocer, entre otras cosas, quién le hizo el encargo de investigar a Luis Miguel Rodríguez, el chatarrero.
“No hay nada malo en ser gay”
El hijo del torero Jaime Ostos, llamado como su padre, también ha sido protagonista de la prensa rosa por airear sus intimidades familiares. Él también aparece en los archivos de Villarejo. Jaime Ostos junior se hizo muy popular allá por 2005 después de que su madre, Consuelo Alcalá, primera mujer del torero, publicara una biografía en la que detallaba los malos tratos que sufrió durante años por parte de su popular marido. El hijo de ambos salió a la palestra para defender a su padre, enfrentándose a su madre de tal manera que, incluso, llegaron a verse en los tribunales. Jaime Ostos Alcalá salió del armario en una revista completamente desnudo en 2010: «No voy a permitir que mi madre, por hacerme daño, use esto como algo sucio. No hay nada de malo en ser gay», decía.
Jaime Ostos Alcalá también aparece en los archivos de Villarejo, no por la relación con sus padres, pero sí, de alguna manera por su vida privada, por su matrimonio -puesto en entredicho- con Yolanda García Cereceda, hija del creador de la exclusiva urbanización ‘la Finca’ de Pozuelo, a las afueras de Madrid. Luis García Cereceda falleció en junio de 2010 con una fortuna estimada de más de 1.000 millones de euros. A raiz de su muerte comenzó una guerra entre sus dos hijas, Yolanda y Susana por el control de la multimillonaria herencia.
De hecho, Susana García Cereceda fue imputada en 2020 por contratar al propio Villarejo para que investigara a su hermana, dentro de lo que se conoce como Proyecto Land, que se desarrolló entre el 10 de julio de 2013 y el 12 de febrero de 2014 cuando Villarejo todavía estaba en activo en la Policía. Según el instructor, Susana Cereceda contrató a Villarejo para recabar información sobre la situación de la promotora de la Finca con el fin de reclamar su herencia y averiguar datos sobre otros herederos, entre ellos, de su hermana Yolanda. Villarejo cobró 340.252 euros por esta investigación que incluía datos patrimoniales, asuntos personales e información íntima de Yolanda García Cereceda y Jaime Ostos Alcalá.
Ahora sabemos que, en paralelo a esta investigación ilegal, Villarejo también recibió el encargo de investigar a Ostos. En esta ocasión, el cliente era la Fundación AFAL, la Asociación de Familiares de Enfermo de Alzhéimer sin ánimo de lucro cuya cúpula ha sido condenada en enero de 2022 por apropiarse de 8’4 millones de enfermos de alzhéimer y personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales, cuya tutela tenía encomendada. La Audiencia Provincial de Madrid considera probado que el expolio se llevó a cabo a través de transferencias «injustificadas» con las que desvalijaron el patrimonio de sus tutelados. Una de las estafadas es, precisamente, Yolanda García Cereceda.
La batalla entre las hermanas García Cereceda fue tan encarnizada que la juez del Juzgado de Primera Instancia número 65 de Madrid, encargada de dirimir el pleito, decidió en 2013 que fuera la Fundación AFAL quien tutelara los bienes de Yolanda. Fue entonces cuando Jaime Ostos tuvo que entregar en el Juzgado la licencia de matrimonio, celebrado en Carolina del Norte (Estados Unidos) un año antes. Con ello, pidieron que fuera Ostos, como marido, quien se encargara de la gestión del patrimonio dejando así fuera a la Fundación AFAL, algo que, a tenor, de la documentación encontrada en el despacho de Villarejo, no les sentó nada bien. Por eso decidieron que el ex omisario y su mano derecha, Rafael Redondo, intentara sacar trapos sucios que le desacreditaran.
Lo mismo hicieron con el televisivo periodista Juan Luis Galiacho, cuya investigación contra la cúpula de la Fundación y sus tejemanejes publicadas en el medio Extraconfidencial.com, le llevaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2014, el mismo año que Villarejo recibió el encargo de hacerle una exhaustiva investigación.
Villarejo y el expresidente de Guatemala
El juez García Castellón ha tenido una semana intensa en la Audiencia nacional. Este viernes 21, ha llamado a declarar a William Anthony Schwank, un testigo clave en la pieza separada número 4 del proyecto Tándem, denominado Pit, por ser intermediario en un turbio asunto de corrupción en Guatemala, donde también aparece Villarejo. En 2016, la justicia guatemalteca solicitó a España la entrega del empresario naviero Ángel Pérez Maura, propietario junto a su hermano Álvaro de la Naviera Pérez & Cía., acusado de pagar sobornos de 30 millones de dólares a altos funcionarios de Guatemala, incluidos el ex presidente Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación del proyecto del puerto Quetzal. Los hermanos Pérez Maura acudieron entonces a Villarejo para evitar la extradición y así no ser juzgado en el país sudamericano. Por este encargo, el comisario se embolsó 7’4 millones de euros.
En 2018, la Audiencia Nacional rechazó la extradición por ser ciudadano español y se abrió la puerta a que Ángel Pérez maura fuera juzgado en España. Crónica libre intentó contactar, el mismo viernes reiteradamente, con Antonio García Cabrera, letrado de Villarejo en su despacho de Madrid sin éxito. Lo cierto es que el abogado del excomisario tiene la agenda complida. Por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, donde se instruye la macrocausa de su cliente, están pasando este mes de octubre también los empleados, responsables y abogados del BBVA. El juez Manuel García Castellón investiga otros posibles encargos que el grupo financiero hizo a empresas de antiguos policías vinculados con Villarejo. Los letrados del BBVA presentaron un recurso contrario a que el juez indagara sobre “hechos nuevos” ya que estas nuevas pesquisas generan “indefensión” porque son investigaciones hechas a espaldas suyas.
El juez rechazó el recurso asegurando que “no ha habido ninguna investigación secreta, sorpresiva o a espaldas de la parte recurrente. No se aprecia ningún tipo de irregularidad, lesión o menoscabo, ni del derecho de defensa de la parte recurrente ni de las normas que rigen la ordenada prosecución del proceso”. De este modo, el magistrado está practicando nuevas diligencias tras incorporar al caso hechos de la pieza ‘Kitchen’ e imputar al BBVA y varios empleados por contratar los servicios del expolicía Antonio Bonilla, uno de los colaboradores de Villarejo.
En la conocida como pieza BBVA separada del denominado ‘caso Tándem’, -por la que el banco presidido por Carlos Torres ya estaba imputado- el juez quiere conocer los detalles de los contratos de la entidad financiera con Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo, para ejecutar proyectos de investigación e inteligencia entre 2004 y 2017 por los que BBVA habría pagado más de diez millones de euros.
