Nuevas informaciones aumentan el escándalo. Hasta 17 fueron los completos informes policiales de seguimientos ilegales que el ministro del Interior de Rajoy ordenó llevar a cabo contra líderes catalanes en lo que se denominó la Operación Cataluña. Con la información confidencial que se obtenían en esas «notas informativas», como asépticamente denominaban a este método de espionaje propio de otros sistemas, se llegaron a montar causas judiciales falsas, como la del expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell. Cualquier método, a cualquier precio con tal de frenar el independentismo catalán. Las «notas informativas» desvelan hechos fundamentales como que la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho fue la única fuente posible del arranque de la Operación Cataluña, que involucra al exministro Fernández Díaz, a Cospedal y al propio Rajoy.
Documentos ahora descubiertos por un consorcio de medios, entre los que se encuentra Crónica Libre, revelan que el Ministerio del Interior llevó a cabo entre 2012 y 2016 una serie de operaciones encubiertas, conocidas colectivamente como Operación Cataluña. Estas operaciones, detalladas en 17 informes de seguimiento que recibían el aséptico nombre de «notas informativas», exponen en realidad una vigilancia sistemática y no autorizada sobre figuras clave en Cataluña. La envergadura de la operación es tal que involucra al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; e incluso, al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Cloacas de Interior en estado puro.
El objetivo principal de la Operación Cataluña era neutralizar a los principales miembros de la política y empresariado catalán para acabar con el movimiento independentista o su apoyo. Para ello, se realizaron vigilancias sobre individuos y grupos considerados de interés para el gobierno central. Esto incluía políticos, empresarios, y otras figuras públicas de Cataluña. La operación fue diseñada, no sólo para recopilar información, tanto pública como privada, sino para alterar y manipular la política en Cataluña mediante la creación de causas judiciales, muchas de ellas falsas, con las que imputar y matar civilmente a los encausados, tal y como le ocurrió a Sandro Rosell y desveló en exclusiva Crónica Libre.
La trama era tan retorcida, que, tras una primera tentativa fallida, la Fiscalía logró encarcelar a Rosell en un segundo intento. Así lo confirmaban los audios publicados por este digital que demostraban cómo la Policía y la Fiscalía reciclaron querellas, informes policiales e información para enviar al expresidente del F.C. Barcelona a la cárcel. «Son prácticas mafiosas de primero de mafia», aseguró Gabriel Rufián en una entrevista exclusiva con Crónica Libre.
Alicia Sánchez-Camacho: la única fuente posible del arranque de la Operación Cataluña.
Con toda la información recabada en los seguimientos, el Ministerio del Interior de Fernández Díaz elaboraba informes detallados cada quince días. Estos completos dosieres recibían el nombre de «notas informativas», a las que ha tenido acceso este digital, donde se describían las actividades de vigilancia realizadas. Estos informes abarcaban desde la identificación de los individuos y grupos bajo vigilancia, hasta los métodos utilizados para recolectar información. Lo preocupante de estas acciones es que se llevaban a cabo sin las autorizaciones judiciales requeridas y en muchos casos la información que se recopilo era falsa. Recordemos que las investigaciones prospectivas son ilegales en España.
Una de las fundamentales «notas informativas» de la Policía es la que se fechó el 11 de septiembre de 2012 y que contiene la información que la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, le confesó a la hoy diputada de la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez-Camacho, en una comida en el restaurante La Camarga en 2010. Una comida en la que se habló del origen de la fortuna de la familia Pujol. La importancia de dicha «nota informativa» estriba en que en ella se desvela quién fue la única fuente posible del arranque de la Operación Cataluña: la propia Alicia Sánchez Camacho.
Una gran operación que contó con la colaboración de la UDEF y sus informes fantasma
La Operación Cataluña no fue obra del comisario Villarejo, algún otro individuo aislado, o departamento dentro del Ministerio del Interior. Al contrario, se trató de algo más grande, una gran operación que involucró a varias secciones, comisarias y diferentes niveles de la Administración, lo que haría indicar que fue un esfuerzo coordinado y extenso, en el que, como siempre, la UDEF jugó un papel fundamental con sus informes apócrifos. La participación de múltiples sectores dentro del ministerio indica una campaña de vigilancia bien planificada y ejecutada con recursos significativos que dejarían a la llamada Operación Kitchen en un juego de niños.
La lista de objetivos de vigilancia era extensa e incluía nombres prominentes en la sociedad catalana y española. Entre los más destacados estaban las familia Pujol, Sumarrroca, Puig o Monje; Sandro Rosell, el F.C. Barcelona, la Banca Privada de Andorra (BPA), Convergencia i Unió (CiU), Puigdemont, los Junqueras, y un largo etcétera. Estos informes no solo documentaban las actividades de vigilancia, sino que también proporcionaban información ilegalmente conseguida, que posteriormente se utilizó en procesos judiciales contra los vigilados. A pesar de que algunas notas informativas contenían advertencias sobre la falta de protección legal de estas operaciones, tales preocupaciones fueron mayormente ignoradas. Esto sugiere una posible negligencia o incluso una disposición deliberada para operar al margen de la ley.
Villarejo: «La Operación Cataluña comenzó a tramarse en 2012 con Cospedal y Rajoy al tanto»
Una de las revelaciones más impactantes es que estas «notas informativas» no solo circulaban dentro de los niveles bajos o medios del Ministerio del Interior, sino que llegaban regularmente a las oficinas de altos funcionarios, incluyendo la Secretaría de Estado, entonces en manos de Francisco Martínez y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz (Anticorrupción pide 15 años de cárcel para cada uno por espiar a Bárcenas en lo que se conoce como la operación Kitchen y ambos se defienden reclamando que el Partido Popular también sea acusado en el juicio «por beneficiarse de la operación de vigilancia al extesorero Luis Bárcenas»).
Pero la información conseguida ilegalmente en la Operación Cataluña no se quedaba en el Ministerio del Interior, también llegaba a Moncloa, a manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Así lo desveló el comisario Villarejo el pasado mes de mayo en la tercera comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la utilización de la policía política por parte del Partido Popular. Villarejo aseguró que la Operación Cataluña comenzó a tramarse en abril de 2012 con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien llegó a ponerle a Mariano Rajoy al teléfono. Es decir, el presidente estaba al tanto de todo desde el principio. El comisario lo dejó claro: «La Operación Cataluña se diseñó en las entrañas de la presidencia de Rajoy».
La cúpula del ministerio del Interior al servicio de las cloacas
El ya comisario jubilado confirmó que quien también estaba al tanto de todo -y dio la orden dentro del Ministerio del Interior- fue Jorge Fernández Díaz, que adoctrinó a sus subordinados como el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, de cómo tenían que organizar esa brigada política que estaba compuesta por la mano derecha del DAO, José Ángel Fuentes Gago; el propio Villarejo; el jefe de la UDEF, José Luis Olivera; y los responsables en Andorra, Celestino Barroso y Bonifacio Díaz.
En la misma comparecencia en el Congreso de los Diputados, Villarejo confirmó una exclusiva publicada por Crónica Libre sobre la relación de María Dolores de Cospedal con Alicia Sánchez Camacho. El 11 de noviembre de 2012 se reunían la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho y el comisario José Manuel Villarejo, por orden de Cospedal. «María Dolores se fía a muerte de ti», le dijo Villarejo a Camacho en aquél encuentro.
Gracias a la publicación de algunos fragmentos de esta conversación se conoció lista de objetivos entre los que se encontraban Artur Más, Xavier Trías, Oriol Pujol, Sandro Rosell o la empresaria, Susana Monge. Villarejo admitió que esos objetivos eran correctos, aunque en algún caso, como el de Sandro Rosell, después de las investigaciones, realizó una nota informativa desmarcándole del independentismo.
Implicaciones políticas y legales
La revelación de la Operación Cataluña tiene profundas implicaciones políticas y legales. En primer lugar, pone en cuestión el respeto por los principios legales y democráticos dentro del aparato gubernamental español. La vigilancia sin el debido proceso legal puede socavar la confianza del público en las instituciones gubernamentales y el estado de derecho. Además, estas actividades han sido una intrusión en la privacidad y los derechos civiles de los individuos vigilados. Esto es particularmente delicado en el contexto de Cataluña, donde las tensiones políticas entre el movimiento independentista y el gobierno central han sido altas. Resulta que las afirmaciones de “lawfare” parecen ser ciertas, pero no son puntuales, son masivas.
La naturaleza y el alcance de la Operación Cataluña, tal como se ha revelado, sugieren la necesidad de un análisis más detallado y una investigación independiente que el Congreso de los Diputados va a encarar en los próximos meses. Tal investigación debería tener como objetivo garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en las acciones del gobierno. Este caso también destaca la importancia crítica de proteger los derechos civiles y la privacidad frente a las operaciones de inteligencia y vigilancia del Estado.
La Operación Cataluña no es solo un caso aislado de vigilancia gubernamental, sino un reflejo de desafíos más amplios en la gobernanza, el respeto a la legalidad y la protección de los derechos fundamentales en España. Las lecciones aprendidas de este episodio podrían ser cruciales para futuras reformas en la supervisión gubernamental y en las prácticas de vigilancia en el país.
