Doce años encargándose del desplazamiento de los sanitarios del hospital Gregorio Marañón para la atención domiciliaria, pero la CAM les ha quitado el contrato, una empresa VTC se encarga hoy del servicio por más de 200.000 euros. No es la única decisión de la Comunidad de Madrid que perjudica al servicio público del taxi en favor de la empresa privada. Durante la pandemia concedió un contrato a dedo de 7.200 euros diarios a Uber, una empresa que no tributa en España, mientras 16.000 taxistas apenas trabajaban porque los ciudadanos estábamos confinados.
El desmantelamiento de lo público que caracteriza al gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene otro damnificado, el taxi. Doce años ininterrumpidos llevaba la empresa Tele-Taxi transportando al personal sanitario del hospital Gregorio Marañón, una de las joyas de la Sanidad Pública madrileña, en la asistencia domiciliaria. En ese tiempo, por la presidencia de la Puerta del Sol han pasado Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán. Los presidentes pasaban, pero el contrato permanecía. De hecho, gobernara quien gobernara, se renovaba automáticamente año a año, no había ni licitación. “Es lo normal porque ¿quién iba a desempeñar esta labor mejor que el servicio público del taxi?”, se pregunta Marcos Rodríguez, directivo de la Federación Profesional del Taxi.
Ayuso, sin embargo, abrió la puerta a las empresas privadas. Así en marzo de 2021, la Comunidad de Madrid anunció la convocatoria del “contrato de traslados de personal sanitario para prestar asistencia domiciliaria para el Hospital General Universitario Gregorio Marañón” por un plazo de 12 meses y un valor estimado de 841.625,60 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso Crónica Libre. “La razón oficial de por qué, por primera vez se sacó a concurso este contrato que históricamente era nuestro no la sé, la extraoficial es que las empresas VTC (vehículos con conductor) pusieron el punto e mira en este tipo de contratos que son muy ventajosos. Lo que hay detrás no lo sé, pero en ese procedimiento hubo cosas muy, muy, muy extrañas”, prosigue Rodríguez.
“Ya en el pliego de condiciones, la Comunidad de Madrid exige unos requisitos que parecen más pensados para las empresas VTC que para el taxi”, denuncia el representante de los taxistas. La documentación le da la razón. Proceso de salida de los vehículos de los garajes o contratación de personal son algunas de las exigencias que benefician a las flotas privadas. “¡Hombre! Un taxi no requiere de esa salida de cocheras y todo el mundo sabe que más del 90 por ciento de los taxistas es personal autónomo, cada uno tiene su licencia de taxi. Hay personal asalariado, pero no es personal rotativo, es fijo, es personal que perdura en el tiempo; no hay ese tipo de contratación que sí vemos que pasa en las empresas de VTC”, explica el responsable de Tele-Taxi.
Por el contrario, en el pliego de condiciones de este contrato público se pedía que el beneficiario tuviera “preferiblemente” -dice la documentación- un servicio de centralita telefónica. “De todos los que nos presentamos solo dos tenemos ‘call center’ 24 horas los 365 días del año y los dos somos empresas de taxi. Pues casualidades de la vida, somos a los que menos puntuación nos asignan”, denuncia Marcos Rodríguez, quien reconoce que hay un concepto que les dolió especialmente, un motivo por los que piensan que la licitación fue un traje a medida para as empresas privadas de vehículos con conductor: “Hemos trabajado 12 años de manera impecable según palabras de la directiva del Gregorio Marañón en todo tipo de condiciones, ahí hemos estado en todo momento, incluso en época en las que estábamos en huelga nunca hemos descuidado ese servicio y no valoran nada la antigüedad, no consideran que la experiencia es un valor añadido a la hora de ejecutar con profesionalidad el servicio. Yo creo que eso lo dice todo”.
Un contrato de 213.000 para una empresa VTC
Tres empresas VTC obtuvieron en ese concurso las tres valoraciones más altas. Las dos primeras, las dos con más puntuación, las que la Comunidad de Madrid consideró más idóneas para este servicio se autodescartaron al no ser capaces de justificar la oferta económica que habían presentado. “Eran desproporcionadas”, matiza Rodríguez, convertido ya en un experto en concursos de contratos con la Administración madrileña.
La empresa de Irubus S.A.U. se llevó finalmente el contrato por un importe de 213.323 euros. Se trata de una compañía perteneciente en el grupo Alsa, famoso por sus autobuses, uno de los grupos que más alzaron la voz contra las firmas de economía colaborativa como Bla Bla Car por el daño que podía hacer al negocio del transporte de pasajeros por carretera. Ante la amenaza de la competencia emergente, su presidente, Jorge Cosmen, reclamó en 2018 “las mismas reglas de juego” para todos los operadores. Entonces ya hablaba que el futuro de Alsa estaba en la diversificación.
Según datos del Registro, entre la veintena de apoderados de Irubus se encuentran nombres muy relacionados con el negocio de los VTC como Christian Pauwels, un profesional con 23 años de experiencia en el sector de transportes por carretera que tras pasar tres años en norteamericana trabajando volvió en 2018 a España para dirigir un proyecto nuevo de gestión de licencias VTC bajo las plataformas Uber y Cabify “realizando todo el arranque del negocio en Madrid y Barcelona”.
Otro nombre con peso en el sector que también forma parte de la estructura de Irubus es Ignacio Pérez-Carasa González-Estrada, relacionado con empresas de alquiler de vehículos en Cataluña, Canarias, Extremadura, Asturias, Toledo y Baleares.
Crónica Libre ha intentado ponerse en contacto repetidas veces con la sede social de Irubus en Madrid sin éxito.
«Los VTC incumplen la Ordenanza de Movilidad Sostenible«
“A nosotros nos saltaron todas las alarmas cuando vimos que la mitad de las autorizaciones de VTC de Irubus eran de Madrid y la otra mitad eran de Baleares. Tras muchas investigaciones descubrimos que usan las licencias de Baleares para trabajar en Madrid, que es una zona mucho más rentable económicamente. Pero es que, además, los vehículos de Baleares que y trabajaban en la Comunidad de Madrid eran motor diésel, lo que incumple la Ordenanza de Movilidad Sostenible”.
Con estos argumentos, las empresas del taxi presentaron recurso ante la Comunidad de Madrid por una decisión que consideraban, a todas luces, injusta. “Básicamente se ríen de nosotros porque su respuesta, después de todo el argumentario que hacemos es que no hemos especificado qué empresa es la que incumple las condiciones. Y encima nos dicen que no toman en cuenta nuestra reclamación porque no somos parte interesada al no haber quedado cuartos en la lista de puntuación, que nosotros habíamos quedado los sextos. Aquí todo es sangrante”, se indigna marcos Rodríguez. Así, la Comunidad de Madrid les comunicó que la decisión de la Comunidad de Madrid era correcta y que después de doce años se quedaban sin contrato.
“Fuimos a hablar con la dirección del Gregorio Marañón con los que teníamos una relación estupenda de años y nada, la segunda de a bordo nos dio muy buenas palabras, pero nos dijo que no podía hacer nada. El director, que, por cierto, acaban de cesarle, ni siquiera se atrevió a recibirnos. No nos merecemos ese trato que nos hicieron. Nosotros que teníamos tan buen rollo con ellos, que cada año hacíamos La cabalgata de la ilusión, decorábamos los taxis, nos disfrazábamos de Reyes magos y llevábamos regalos a la planta de oncología infantil totalmente desinteresados… No hemos vuelto a hacerlo. Sería ridículo que nosotros estuviéramos dentro del hospital disfrazados haciéndonos la foto y en la puerta los vehículos VTC llevándose el dinero. Es una falta de respeto así que con toda nuestra tristeza no hemos vuelta a hacerla y por supuesto las empresas VTC tampoco la han hecho”, dice emocionado el representante de los taxistas.
Contratos de urgencia para los VTC
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprovechado los momentos de emergencia que hemos vivido en los últimos años para conceder a dedo, según permite la ley, contratos de transportes de sanitarios a empresas de VTC olvidándose del taxi. “Servicios de vehículos con conductor con 9 plazas, incluido conductor, para centros de salud Covid 19” es la licitación que se presentó al principio del confinamiento por la pandemia y que se publicó su adjudicación en junio de 2020 al que ha tenido acceso este medio.
El gobierno de Ayuso decide conceder el contrato de 361.692 euros por dar servicio 50 días directamente a la empresa Uber. Un contrato de 7.200 euros diarios por tener coches disponibles en las puertas de los centros de salud abiertos cuando por entonces toda la carga sanitaria se la llevaron las urgencias de los hospitales. “Lo más sangrante de esto es que cuando publicaron el resultado de la licitación tuvieron que hacer una conversión del nif del adjudicatario porque Uber es holandés. Le dieron este contrato de urgencia a una empresa que tributa fuera de España mientras los 16.000 taxis de la Comunidad de Madrid estábamos parados porque la población estaba confinada”, se exalta Marcos Rodríguez, directivo de la Federación Profesional del Taxi.
Cuando el temporal Filomena, más de lo mismo: el contrato se lo adjudican por procedimiento de urgencia a Unauto, empresa de José Manuel Berzal, exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez-Almeida. Lo más sorprendente es que la empresa a la que el gobierno de Ayuso otorgó el contrato no tenía en ese momento ni un solo vehículo con licencia VTC, es decir, tenía que subcontratar.
En un acto promocional de Uber en enero de este año, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que “si hay vtc no es porque lo quiera la Comunidad de Madrid, es porque lo quieren los ciudadanos”.
