La justicia tiene como hipótesis central a “la banda de los copitos” mientras que desde el kirchnerismo piden que se investigue a una organización llamada “Revolución Federal”. Esta semana dos jueces fueron amedrentados; la vicepresidenta habló por primera vez del caso; buscan establecer si el atacante tiene problemas psiquiátricos y lo investigarán por pedofilia.
Por Eliana Paniagua
La escalada de violencia contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sigue en ascenso desde que el 22 de agosto la fiscalía solicitara para ella 12 años de prisión. La noche del 1 de septiembre Fernando Sabag Montiel, de 35 años, apuntó a la cabeza de Fernández de Kirchner, aunque sus escoltas de la Policía Federal no vieron nada y la propia víctima tampoco se enteró. Sabag Montiel accionó dos veces el arma, pero no había una baja alojada en la recámara, eso significa que nunca iba a salir el disparo.
Existe un contexto previo de inseguridad alrededor de la vicepresidenta, con peticiones hechas por ella misma: en su apartamento de Recoleta, se prohibieron las cámaras de seguridad, las vallas y la presencia de la Policía de la Ciudad. Las deficiencias continúan: con la declaración de los escoltas y testigos en la causa se supo que la seguridad de Fernández de Kirchner estaba a cargo de militantes de “La Cámpora”, una organización kirchnerista conocida por sus actitudes violentas, cuyo líder es Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta.
En medio del atentado se oyeron voces oficialistas que pedían por una ley para evitar “discursos de odio”, es decir, a quienes piensen diferente al kirchnerismo y lo manifiesten. Incluso, un diputado oficialista, solicitó que para que cese la violencia contra Fernández de Kirchner se detenga el juicio en su contra con la gravedad que significa quitarle independencia al Poder Judicial que está juzgando por delitos de corrupción a una ex presidenta.
Sabag Montiel fue detenido y tres días después ocurrió lo mismo con su novia, Brenda Uriarte, de 23 años, que se dedicaba a vender fotos desnuda en redes sociales y copos de algodón de azúcar en la calle. Declaró que no estuvo con él la noche del atentado y que no sabía que tenía un arma. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad la mostraron junto a Sabag Montiel ese día en la localidad de Quilmes y por la noche al lado de su novio cuando intentó perpetrar el ataque. También hallaron fotos de ella manipulando el arma. Encontraron, además, una conversación de Whatsapp con su amiga Agustina Díaz: “mandé a un tipo para que la mate a Cristi”. Díaz también fue apresada.
El último detenido en la causa es otro vendedor de copos de algodón de azúcar: Gabriel Carrizo. En su estado de Whatsapp escribió que el presidente, Alberto Fernández, sería el próximo en ser atacado.
Denuncia por pedofilia
En las pericias al móvil de Sabag Montiel surgieron problemas: el equipo de la Policía Federal borró su contenido y el de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) intentaba recuperar esa información. Mientras tanto, en el análisis de la tarjeta de memoria, encontraron fotos inquietantes: “se observa a personas que aparentan ser menores de dieciocho años participando de actividades sexuales explícitas”, describió el fiscal Carlos Rívolo y solicitó que se abra una investigación por pedofilia. Se supo también que el año pasado tras una consulta en un hospital de Capital Federal fue derivado a realizar un tratamiento psiquiátrico.
Al avanzar de la investigación se generó otra hipótesis: que Sabag Montiel no actuaba sólo sino con “la banda de los copitos”, es decir un grupo de personas que venden en la calle copos de algodón de azúcar como su novia Brenda. Es decir, gente que pasó de ser vendedores ambulantes a una banda preparada para matar a una vicepresidenta.
Esta banda habría comenzado a organizar el ataque el 22 de abril, según la justicia, que destaca como prueba conversaciones de Whatsapp de Uliarte donde cuenta que se compró un arma y detalla lo que tenía pensado hacer con ella: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo… el tema es cómo, porque la vieja tiene seguridad”.
Sabag Montiel y Uliarte están procesados como coautores del delito de “intento de homicidio calificado”. La jueza María Eugenia Capuchetti señaló en el procesamiento que “ambos actuaron con el dolo homicida, siendo que aquel designio quedó en evidencia también en los mensajes que intercambiaron previo al hecho donde expresamente hicieron referencia a la voluntad de matar a Cristina Fernández de Kirchner”.
¿La banda de los copitos o Revolución Federal?
Mientras que la justicia basa en la banda de los copitos, el gobierno pide investigar a un grupo llamado “Revolución Federal” que se formó para realizar un escrache a dirigentes argentinos. Usaban pancartas con la frase «Al kirchnerismo, cárcel o bala», pero también iban contra políticos de otros partidos como la izquierda o el radicalismo. En un acto, miembros de ese grupo se presentaron con una guillotina a sus protestas bajo la consigna: «Todos presos, muertos o exiliados». Aseguran que en un audio el líder de “Revolución Federal”, incitó a matar a Fernández de Kirchner. Quieren que la jueza siga esa línea de investigación.
En estos días se supo que el ex presidente Mauricio Macri fue amenazado de muerte por las redes sociales y realizó la denuncia. Y más tarde confirmaron que telefónicamente Fernández de Kirchner también fue amenazada. Su cuestionado ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a asegurar que le pondría más custodia como antes del atentado y como después del atentado.
La palabra de la víctima
El jueves Fernández de Kirchner habló desde el Senado por primera vez sobre el atentado: “Fueron los militantes los que aprehendieron a quien me había intentado matar, no fue la Policía. No solo lo detuvieron, impidieron que -fracasado el primer disparo- intentó montar otra vez el arma y se lo impidieron. Pero no hicieron justicia por propia mano, ni lo lincharon, nada. Hicieron lo que corresponde hacer a ciudadanos democráticos y cristianos. Lo entregaron a la Policía, a la ley. Y de verdad que yo no creo que haya que sancionar ninguna ley especial, las que ya están vigentes alcanzan y sobran. Hay poner mucha institucionalidad para reconstruir”.
A Jorge Gorini, uno de los magistrados que lleva adelante el juicio por corrupción contra la vicepresidenta le dejaron un “artefacto extraño” a metros del garaje de su casa envuelto en cinta negra. Horas después, especialistas en explosivos encontraron que la bolsa contenía cuatro mandarinas. A otro de los jueces del Tribunal que decidirá la suerte de Fernández de Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu, le hackearon el móvil y la fiscalía especializada en Ciberdelincuencia comenzó la investigación.
Denunció que fue golpeado por miembros de “La Cámpora”
Lucas González, de 29 años, relató que se acercó al departamento de la vicepresidenta para brindarles importantes datos a sus escoltas, pero le pidieron que volviera al día siguiente. A pocas calles de allí, según denunció ante la policía, se acercó un grupo de personas que alegaron ser de “La Cámpora” y de la “Agrupación Organización Nacional de Logística CFK” (el oficialismo niega su existencia, pero oficiarían de “custodios” de Fernández de Kirchner) y lo golpearon brutalmente. Las lesiones fueron corroboradas: una doble fractura en la mandíbula que probablemente deberá recibir una cirugía. Analizan si González está en sus cabales y averiguan quiénes le propinaron la paliza.
