El juzgado de instrucción 13 de Madrid ha abierto diligencias contra el comisario jubilado; el policía y socio, Antonio Giménez Raso, alias El Bigotes; el estadounidense Marc Varri; y el agente de la UDEF, Alberto Estévez. La fiscalía ha apoyado la apertura de diligencias después de que el juez Manuel García Castellón la rechazara dentro de la causa Tándem. Una investigación conjunta de Crónica Libre y La Vanguardia destapa todos los entresijos del inicio de la trama de la Operación Cataluña.
El ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, acaba de abrir la veda de las querellas contra la brigada política, al margen de la causa Tándem. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado portazo a todos los intentos de que se abran nuevas piezas que afectan a la investigación ilegal que se realizó contra líderes independentistas catalanes o empresarios influyentes, conocida como Operación Cataluña o Proyecto Barna.
Pero un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de Sandro Rosell contra el comisario José Manuel Villarejo; su socio, Antonio Giménez Raso; el agente del FBI, Marc Varri; y otro de la UDEF, Alberto Estévez. Los señalamientos de los afectados vinieron desde el propio Partido Popular y el Ministerio del Interior en el año 2012 tal y como desgranamos en la investigación conjunta realizada entre Crónica Libre y La Vanguardia.
Según la agenda del comisario José Manuel Villarejo, el 6 de noviembre de 2012, ASC (Alicia Sánchez Camacho) y cuyo alias es Modista le facilitó al policía un listado de nombres entre los que se encontraba Felip Puig (exconsejero de Interior), Carlos Sumarroca (empresario y fundador de CiU), Carlos Godó (dueño de La Vanguardia), Susana Monje (en la junta del Barcelona en ese momento), Jaume Giró u Oriol Pujol, además de facilitarle el teléfono de algunas fuentes como la de Victoria Álvarez, de quien apunta que es un contacto del entonces jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, y que ha tenido dos años de relación con Jordi Pujol Ferrusola.
Más querellas y graves delitos
Parece evidente que ahora, quizás sean atendidas las actuaciones judiciales que, hasta el momento, han sido interpuestas por la familia Pujol o por Sumarroca y, que habían sido rechazadas, al igual que la del director de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel.
Tanto el juez Hermenegildo Barrera como la fiscal de Madrid, Silvia Galdolfo, sí han visto pertinente abrir diligencias por graves delitos contra el comisario Villarejo, su socio, y también policía, Antonio Giménez Raso -conocido como El Bigotes en el sector de la investigación privada-, el agente del FBI que estuvo destinado en la embajada de EEUU en 2015, Marc Varri, y el agente de la UDEF, Alberto Estévez, que realizó el informe que llevó a Sandro Rosell a cumplir dos años a prisión con pruebas inconsistentes como finalmente se vio en el juicio.
Como bien se escucha en uno de los audios filtrado por el propio Villarejo, Alicia Sánchez Camacho es la que señala a Sandro Rosell debido a que, como se explica en la querella, «algunos de los responsables de la citada trama político-policial le consideraban, al parecer, vinculado con el independentismo. Esta circunstancia, unida a la indudable relevancia social del FCB, puso al querellante en el punto de mira de dicho entramado delictivo».
Los delitos son de organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación de caudales públicos y detención ilegal. Aunque García Castellón no admitió la primera querella interpuesta por Rosell, dejó escrito en su auto que «la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella» y «la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito«.
Susana Monje y las fuentes con fondos reservados
La primera persona mediante la que atacar al entonces presidente del Barça fue la tesorera del club, Susana Monje, que «según ha confirmado ella misma posteriormente, fue sometida a chantaje por parte de los citados mandos policiales».
Además, relata en la querella, «la Sra. Sánchez-Camacho mostró un gran interés por investigar también al propio presidente del FCB, haciendo notar al comisario que la familia del Sr. Rosell era una de las fundadoras del partido Convergència Democrática de Catalunya, junto con las familias Pujol y Sumarroca, quienes, según la versión de la Sra. Sánchez-Camacho, habrían «colocado» al Sr. Rosell al frente de la entidad deportiva azulgrana».
También fue Alicia Sánchez Camacho quien la puso en contacto con Victoria Álvarez, ex de Jordi Pujol Ferrusola, y compañera de estudios de Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy. En la actualidad Vicky es la única testigo por la que se inició la investigación sobre la familia Pujol que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, un testimonio que no se resiente a pesar de estar más que acreditado que cobró de los fondos reservados hasta que Villarejo se jubiló.
Como se puede ver en la anterior imagen, el 30 de enero de 2014, casi dos años después de que la dirigente del PP catalán la señalara como fuente, el comisario Villarejo anota en su agenda: «Vicky: Comida y pago mes. Preguntó por datos Rosell. Sigue muy conectada a Manos Limpias».
Vicky Álvarez y La Transparencia de Sandro Rosell
A principios de ese mes, el día 8, Victoria Álvarez ya había puesto en contacto a Villarejo, a quien ella conocía por el nombre de Javier Hidalgo y creía que era periodista según su testimonio, «con José Luis PÉREZ, un individuo que decía tener información sobre presuntas conductas irregulares de Sandro Rosell y personas cercanas a él». Este tiene un blog denominado La Transparencia de Sandro Rosell, donde cuelga sus audios y otros documentos que va obteniendo.
Finalmente contacta con José Luis Pérez el 10 de enero de 2014 y quedan para verse en el Hotel Fenix el día 13. También se entrevistaron el 13 y 28 del mismo mes y el 5 de febrero posterior.
José Luis Pérez conoció al comisario Villarejo bajo la identidad ficticia de Javier Hidalgo y este a su vez le presentó a su socio, policía en segunda actividad, Antonio Giménez Raso, a quien el comisario apunta como Tony pero que es conocido en el mundo de la investigación privada como El Bigotes.
A este tampoco se lo presentaron por su nombre real, le dijeron que se llamaba Andrés y que era agente de la UDEF, mentira que se mantuvo hasta el año 2016 cuando ya se había destapado que Javier Hidalgo era Villarejo.
Giménez Raso, alias «Tony», era retribuido con fondos reservados por su labor y, según se desprende de las anotaciones de la agenda del comisario, estuvo también trabajando en el «asunto Rosell».
Tanto Victoria Álvarez, José Luis Pérez como el abogado Javier Iglesias se reunieron varias veces con el máximo dirigente de la organización delictiva «Manos Limpias«, Miguel Bernad, «en unas reuniones que estuvieron fundamentalmente centradas en investigaciones sobre la familia Pujol», aunque también el sindicato ultra llegó a querellarse contra Rosell por el fichaje del futbolista Neymar.
Con la ayuda del FBI
En mayo de 2014 Villarejo contactó con el agente enlace del FBI Marc L. VARRI, aquí querellado, que estaba adscrito a la Embajada de EEUU en Madrid y con quien Villarejo mantenía una larga y estrecha relación, según se desprende de las múltiples anotaciones del comisario.
Ambos se reunieron en varias ocasiones, algunas en compañía de otros altos mandos policiales como el comisario Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía, a fin de solicitar ayuda a la policía estadounidense para combatir al independentismo catalán.
Con Varri, según la querella, «se habría acordado activar -o, en todo caso, aprovechar- un supuesto requerimiento de información remitido desde Estados Unidos a España en relación con el denominado asunto «Fifagate«, de corrupción en el mundo del fútbol, que serviría como pretexto para iniciar una investigación policial por las autoridades españolas respecto de Sandro Rosell en relación con asuntos que nada tenían que ver con el citado escándalo».
Operación Rimet
En 2015 se cursó una Comisión Rogatoria Internacional (CRI) desde los Estados Unidos en la que se vinculaba a Rosell con escándalos de corrupción en el mundo del fútbol y se pedía a las autoridades españolas información sobre sus cuentas bancarias en España. Así se abrió la Operación Rimet, «que se prolongaría durante dos años y culminaría con la presentación de una querella contra mi principal por parte de la propia Fiscalía, en abril de 2017, firmada por los fiscales Daniel Campos Navas y Vicente González Mota».
De forma muy llamativa, el Departamento de Justicia americano designó al querellado Marc L. Varri como interlocutor en la ejecución del requerimiento de información. La única fuente de información de la citada CRI contra Sandro Rosell era unos supuestos «testigos cooperadores» denominados «TC1» y «TC2» que nunca llegarían a identificarse.
La Comisión Rogatoria, por lo demás, contenía graves errores, como la atribución a Rosell de una cuenta en la entidad GOLDMAN SACHS en los Estados Unidos que nunca ha existido, desde la que, supuestamente, se habrían transferido, entre octubre y noviembre de 2012, más de tres millones de euros a una cuenta en CAIXABANK.
Sin embargo la cuenta estaba en Reino Unido, por lo que resulta chocante que EEUU se interesa por una operación ajena a su sistema financiero.
También resulta chocante que el agente Varri no acudiera al registro de la casa de Sandro Rosell y que tampoco acudiera al juicio al que fue citado como testigo en 2019 por la Audiencia Nacional.
En favor de la UDEF
Para Pau Molins, el abogado del Rosell, y después que su cliente no haya sido llamado a declarar en siete años por las autoridades estadounidenses, «el requerimiento de información cursado desde los Estados Unidos solo sirvió, en realidad, para que la Policía y la Fiscalía españolas pudieran justificar su investigación posterior, sin que las autoridades estadounidenses volvieran a mostrar ningún interés».
Así, la investigación la acabaron haciendo agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estrechamente relacionados con Villarejo y con el director del CITCO, José Luis Olivera, «a los que encomendaba la redacción de aquellos informes con los que se perseguía a los objetivos políticos de la «Operación Cataluña».
El querellado entre estos agentes de la UDEF es Alberto Estévez «que firma diversos informes en el marco de la investigación policial una vez recibida la (ahora más que sospechosa) CRI procedente de los Estados Unidos«. Además, «Estévez habría actuado a las órdenes del Jefe de Brigada José Luis ANDRÉ VEGA, también bajo las órdenes del Villarejo».
El primer informe policial exhaustivo firmado por Estévez, abandona en la página 9 el tema que tanto interés suscitaba a EEUU, el Fifagate, y que era a lo que tenía que contestar en la comisión rogatoria sobre Rosell. Es decir, «Rosell es «descolgado» de la «percha» de la CRI estadounidense para pasar a estar en manos exclusivas de la UDEF«, alega Molins en la querella.
Y con siempre un periodista amigo
En la querella también se señala a la jueza instructora Carmen Lamela por causar indefensión contra Rosell al estar encarcelado, ya que en 21 meses de investigación solo se tomaron dos declaraciones y el informe de Estévez, que se cayó abajo el primer día de juicio. Lamela no dejó a la defensa acceder a la Comisión Rogatoria Internacional (CRI), apelando a que había sido devuelta a EEUU, mientras que al llegar su sucesor se demostró que esto era falso.
Pero, como en todos los montajes de Villarejo y la brigada política, lo necesario son los periodistas y medios amigos señala la querella que: «Algunas de estas filtraciones (hasta 31) tuvieron lugar por medio del diario digital «El Confidencial« (concretamente por el periodista José María Olmo, al que algunos colegas de su profesión describen como «uno de los periodistas de cabecera del comisario Villarejo»), tal como la defensa denunció varias veces en el procedimiento (sin éxito alguno, claro).
Ese medio tuvo acceso y publicó numerosa información de la propia causa cuando esta se encontraba todavía en fase instructora o de otras causas derivadas (como el llamado «caso Abidal» sobre un supuesto trasplante ilegal de hígado a este futbolista) cuando todavía se encontraban bajo secreto sumarial. El tiempo ha acreditado que prácticamente todo lo publicado por ese medio contra Rosell era sencillamente falso.
