Florencia Morales fue detenida cuando iba a comprar comida para sus hijos, en el marco de un decreto del gobierno argentino durante la cuarentena por COVID. La policía dijo que se suicidó, la autopsia indicó que fue asesinada y que desaparecieron músculos, venas y arterias del cuello de la víctima. Su hermana, a 30 meses del hecho, exige más que nunca justicia e intenta que el presidente la reciba y la escuche.
Por Eliana Paniagua @60líneas
La organización Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, indicó que tras el decreto conocido como ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) dictado por el presidente argentino Alberto Fernández, con la excusa de evitar los contagios por COVID, contabilizó entre el 20 de marzo al 6 de agosto de 2020 “92 muertes de personas a manos de integrantes de las fuerzas estatales”. Una de ellas fue el asesinato de Florencia Magalí Morales. Tenía 39 años y vivía en Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis con sus hijos de 11 y 8 años y una nieta de 3.
El domingo 5 de abril de 2020 salió de su casa después de las 9 de la mañana en bicicleta para comprar comida para sus pequeños. Le pidió a una vecina que vigilara a sus hijos. La detuvieron a dos cuadras y argumentaron varias cosas: la ASPO de Fernández y unas reglamentaciones del gobernador de esa provincia, Alberto Rodríguez Saa, que prohibía la circulación determinados días para quienes tuvieran la terminación del número de documento par y otros días para quienes la poseían impar. También alegaron que transitaba en sentido contrario al establecido en la calle.
La llevaron a la comisaría 25 y, pese a que todo lo que alegan que hizo son infracciones, quedó increíblemente incomunicada en un calabozo. Y no salió con vida. Según la policía, Florencia se suicidó en la celda ahorcándose con el cordón de su ropa.
Dudas e investigación
La familia de Florencia vive en otra provincia, en Mendoza. Sus padres tienen 79 y 80 años. Celeste Morales, una de sus hermanas, se puso al frente del reclamo de justicia y lo contó a Crónica Libre. “Cuando me enteré que mi hermana estaba detenida, empecé a llamar a la comisaría para hablar con ella y me cortaban. A las 23:00 me atiende Johana Torres, la nombro porque es una de las imputadas, y me dice que mi hermana estaba declarando. Me mintió porque ella llevaba cinco horas muerta. A las 2 de la madrugada me atendió el comisario Reynaldo Clavero, otro de los imputados. Me dijo que mi hermana fue detenida por andar en contramano con una bicicleta. ‘Va a tener que venir a buscarla a la morgue. Su hermana decidió suicidarse’, me dijo, con esa frialdad”.
“Me gestionaron un permiso para viajar y nos escoltaron todo el tiempo que estuvimos en San Luis. No me dejaban ver el cuerpo de mi hermana, cuando lo logramos, mi sobrino mayor vio en el cuerpo dos surcos a la altura del cuello y yo dos moratones en el pómulo izquierdo. En la sala velatoria, después de estar 15 minutos despidiéndola, vino un policía a decirnos que tenían la orden de cerrar. Y así lo hicieron. Tomaron fotos con el lugar cerrado para enviar a quien dió la orden. Lo mismo nos pasó en el cementerio, no nos dejaron estar con la excusa del Coronavirus pero en San Luis no había ningún caso en ese momento. Un policía también nos quería convencer de que era mejor cremar el cuerpo para llevarlo en una cajita en el viaje. Un cínico”, contó Celeste.
Testigos y cámaras de seguridad
Dos detenidos en los calabozos de la comisaría brindaron su testimonio en la justicia. “Contaron que uno de los policías hizo orinar a uno de ellos en la celda donde después metieron a mi hermana. Era un lugar chico, sin ventilación, con una puerta ciega. Eso demuestra el ensañamiento, la maldad. Dijeron que pasó horas gritando y pidiendo ir a su casa con sus hijos, pidió auxilio, sufría de ataques de pánico, no recibió ayuda para nada. Mi hermana era una leona, no dejaba por nada a sus hijos”, aseguró.
La justicia solicitó ver imágenes de cámaras de seguridad de la zona: “En la del banco que está frente a la comisaría sólo se ve que Florencia entra voluntariamente, todo lo demás se borró, no está. Esto demuestra que ella entró de una manera voluntaria, no fue detenida en la vía pública como dijo la policía”.
Autopsias
Se realizaron dos autopsias. La primera indicó que existieron «contusiones en los brazos» y «excoriaciones debajo de las rodillas«, lo que significaría que se defendió de un ataque. “Pedimos otra autopsia porque supimos que el médico no respetó el protocolo de Minnesota, que es hacer un examen exhaustivo a un cuerpo, y que tomó muestras que dejó tiradas, no envió para analizar y cuando lo hicieron ya no servían. La ropa y la mochila de mi hermana desaparecieron. Existió una mala intencionalidad para que esto pasara como un suicidio”, remarcó Celeste.
En la segunda autopsia, la forense contratada por la familia de Florencia, Vanina Elizondo, determinó que el cordón con el que aseguran que se suicidó no pertenecía a su ropa. Según los peritos, la causa de muerte es “asfixia mecánica por estrangulamiento”, es decir, Florencia fue asesinada.
Pero eso no fue todo. Otro descubrimiento agrandó las sospechas. “Encontraron 13 golpes en el cuerpo de mi hermana y le faltaban músculos, arterias y venas del cuello. Se las sacaron para ocultar que fue un asesinato”, relató Celeste a Crónica Libre. Ella asegura que su hermana fue torturada, que se trató de un feminicidio y exige la detención de los cuatro policías que estuvieron en la comisaría: “Creo que fueron más que cuatro, hay uno que decía que mi hermana lo rasguñó, pero a ese lo sacaron. Encubrieron este feminicidio parecen una asociación ilícita”.
Después de tantos reclamos de Celeste, un año después del hecho la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como parte querellante de la causa, lo que le da derecho para solicitar medidas y acceder a la causa. La familia de Florencia tiene dos abogados: Santiago Salomón Calderón y Federico Putelli.
Celeste detalló cuál fue la última novedad que supo de la justicia: “en mayo, la Cámara de Casación resolvió que no se trataba de un delito menor como había dicho el juez, que se trató de un caso de tortura seguida de muerte, pero no se vio la perspectiva de género, el juez debería verla ahora. Los cuatro policías imputados pasaron a disponibilidad en diciembre de 2021, pero siguen cobrando su sueldo. El juez pidió la prisión preventiva y aceptó la excarcelación poniendo fianzas de 200 mil pesos para el comisario Clavero y 100 mil para el jefe de guardia Marcos Ontiveros. Deberían investigar también al forense por haber ocultado las pruebas. La causa lleva cinco meses parada”.
“Mi hermana no vuelve, mi vida cambió, trabajo el doble para cubrir las necesidades de mis sobrinos ya que la asignación no ayuda para nada y que hablar de la ley Brisa ni miras porque todavía no dice la palabra feminicidio en la causa. No tengo bandera política. Estoy esperanzada que esto se active ¿pero cuánto tiempo más de sufrimiento?”, se quejó Celeste. ¿Qué es la Ley Brisa? Es la 27.452, es un Régimen de Reparación Económica para niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de feminicidios equivalente a una jubilación mínima argentina. Sin embargo, la justicia aún no resolvió.
El autor del decreto, el mismo que lo violó
“Mi hermana salió a buscar comida para sus hijos, no salió de fiesta, no le dieron la oportunidad que el presidente tuvo que, pagó. Mi hermana pagó con su vida que parece que no valió mucho para ellos, es una lucha que seguiré hasta lograr justicia porque no estoy sola”, explicó. ¿A qué se refiere la hermana de la víctima cuando habla de que el presidente “pagó”? A que se descubrió que, mientras todos tenían restricciones para circular en el país, en julio de 2020, Fabiola Yañez, la esposa del presidente y él mismo, festejaron su cumpleaños con varios invitados. Fernández incumplió su propio decreto. La justicia lo “condenó” a pagar 1.6 millones de pesos como donación a una institución de salud, mientras los ciudadanos eran detenidos por fuerzas policiales.
“Quiero que el presidente que fue el autor del decreto y quien lo violó, me atienda. Pedí muchas veces, pero no tuve respuesta. No sólo el presidente no nos recibió, tampoco el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa. El único fue, después de dos años, el Ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, después de que le pedí varias veces por Twitter. Esto demuestra la poca empatía con casos de violencia institucional del gobierno nacional y del provincial”, finalizó.
