Algo huele mal en Tarragona. El contrato de la basura del Ayuntamiento finaliza este 2023 pero, tras quedar desierto en la primera licitación, el consistorio independentista encabezado por el republicano Pau Ricomà ha decidido ofrecérselo a dedo a tres empresas, todas involucradas en famosos casos de corrupción en Cataluña, como el 3% de comisiones ilegales. El plan pretendería poder abrir la licitación antes de las elecciones municipales de mayo. Detrás de estos movimientos estaría la construcción de una nave industrial que serviría de base operativa para la nueva contrata y el despido de personal para ajustar los costes para los nuevos licitadores. Sindicatos y PSC se plantean denunciar el caso ante la Fiscalía.
Dicen que todo se pega y estos años de ‘procés love‘ entre ERC, la CUP y la periclitada Convergencia (Junts per Catalunya) han servido para que los republicanos (ERC) y los cupaires (CUP) aprendiesen lo peor de los discípulos de la familia Pujol. Ahora se detestan, pero parece que el virus de la mala praxis ya sería pandémico en el seno del independentismo y Tarragona aparece como el Wuhan de algunos malos vicios, pues se da el hecho de que el gobierno municipal de Tarragona está compuesto por ERC, Junts (municipalizado) y la CUP.
Los medios de comunicación de Tarragona vienen publicando informaciones que apuntarían a una gestión de la licitación del nuevo contrato de la basura llena de ángulos oscuros. Se trata del contrato público de mayor cuantía de la ciudad, pues hablamos de más de 220 millones de euros por un periodo de 10 años.
Concurso desierto, concurso ‘a dedo’
La actual concesión finaliza este año 2023 y el gobierno independentista de Tarragona, encabezado por el republicano Pau Ricomà, decidió licitar la nueva contrata a finales de 2022, con el resultado de quedar desierto, pues ninguna empresa ofertó, siendo la primera capital de provincia española que ocurría que algo así.
Este hecho provocó la airada reacción del Comité de Empresa y de la oposición, que acusaron al gobierno de Ricomà y, especialmente, al primer teniente de alcalde, Jordi Fortuny, de incompetencia y de una gestión de la licitación poco menos que cuestionable, ya que el Ayuntamiento decidió prescindir de los servicios de la ingeniería que previamente había ganado el concurso público municipal para confeccionar el pliego de condiciones técnicas que serviría de base para la licitación.
Tras quedar el concurso desierto, lo habitual en estos casos es solicitar los servicios técnicos expertos que auditasen el pliego de condiciones y la estructura de costes para detectar los errores de dimensionamiento de la licitación desierta. Lejos de esto, el gobierno municipal decidió seleccionar a dedo a una serie de empresas, convocarlas a consultas, animarlas a presentarse al nuevo concurso y, en base a esas consultas, reeditar la licitación con un calendario implacable, a la carrera, que buscaría sí o sí poder abrir la licitación antes de la celebración de las elecciones municipales.
Según informa el digital larepúblicacheca, los técnicos municipales, siguiendo instrucciones del primer teniente alcalde, Jordi Fortuny, y bajo criterios alejados del normal protocolo administrativo, habrían convocado arbitrariamente a una serie de empresas implicadas en casos de corrupción.
Tres empresas bajo sospecha
Una de ellas, Urbaser, realizó donaciones al CatDem, en cuantía superior a los 400.000 euros, a cambio, presuntamente, de ser adjudicataria de servicios de recogida y limpieza de basuras. CatDem son las siglas de la Fundación Catalanista y Demócrata (CatDem), investigada por la Guardia Civil por hacer de vehículo entre las empresas contratistas con la administración pública y Convergencia. Según los investigadores, se dedicaría a cobrar el famoso 3% de comisión ilegal que le pagarían los empresarios para después hacerlo llegar al partido de diversas formas.
Otra empresa convocada por los servicios municipales de Tarragona sería Acciona, a la que también se le investiga por el caso del metro de La Sagrera de Barcelona.
Una tercera compañía invitada a las sesiones de masaje independentista sería la leridana Soriguè, también vinculada a la trama de corrupción del 3% y del caso Bárcenas. Lo llamativo y alarmante del caso es que estas tres empresas anunciaron que se presentarían conjuntamente en UTE (Unión Temporal de Empresas) a la contrata de la basura de Tarragona.
Denuncias ante la Fiscalía
El mismo digital larepúblicacheca, ha informado de que a esta forma de proceder nada habitual se suma que el gobierno independentista de Tarragona quiera adjudicar, justo ahora, la construcción de una nave industrial que serviría de base operativa para la nueva contrata, cuando dicha nueva contrata está en fase de prelicitación.
Los representantes sindicales ya amenazaron con llevar el conflicto a la Fiscalía y ahora se suma el PSC, que también estaría valorando esta posibilidad. Para acabar de adornar este tenebroso panorama, el último informe del interventor municipal estaría admitiendo las acusaciones sindicales de eliminar puestos de trabajo y masa salarial para “acomodar” los costes y hacerlos viables para las empresas en esta segunda licitación, ya que se estaría pasando de 350 puestos de trabajo actuales a 329 como máximo y se rebajaría la masa salarial en torno a los 400.000 euros.
