Hay tres cuestiones que se evitan sistemáticamente en la vida parlamentaria, que dan miedo a la derecha y enfurecen a la izquierda. Sólo enunciarlas, encrespan los ánimos, aunque habría que hablar de ellas continuamente. Me refiero a la sanidad privada, a la educación privada y a las pensiones privadas.
La derecha no se atreve a plantear nada sobre estas cuestiones, no vaya a ser que le echen en cara que lo que quieren es privatizar entre sus amigos. Muestra clara de la mediocridad y falta de talento desde ese flanco.
La izquierda sólo quiere hablar de que todo ese espectro debe ser cubierto por lo público, en otra clara muestra de cutrez mental. Que en pleno Siglo XXI todavía se estén haciendo proclamas estatalistas, cuando nunca jamás se ha dicho por boca de nadie que se tengan que retirar las coberturas del estado del bienestar en favor de lo privado, es otro síntoma de que tenemos políticos incapaces, que lo poco que hacen es mirar por el retrovisor, sin capacidad de pensar en el futuro.
Lo cierto es que el sistema público no es capaz de sostenerse (afortunadamente, opino) sin el apoyo de los colegios concertados, ni de los hospitales privados. Da para un debate muy amplio y obligatoriamente sin que se calienten los ánimos. Pero hoy quiero hacer hincapié en las pensiones privadas y, en general, el ahorro privado. Ese que se ha destrozado en la década anterior. Porque uno de los grandes paganinis de la crisis post Lehman ha sido el ahorrador, debido a la política de tipos al cero, que es la que nos ha generado la inflación actual que ha acarreado las recientes subidas. En este caso, los bancos centrales son los pirómanos bomberos.
Los planes de pensiones privados han muerto definitivamente, al menos, los particulares, ya que el Ejecutivo no sólo ha bajado el límite de la (falsa) desgravación fiscal a 1.500 euros, sino que directamente, prohíbe superar esa cifra como aportación máxima, bajo pena de multa. Ha habido casos de ahorradores a los que les daba igual la fiscalidad. Lo que querían era incrementar aportaciones a su plan, porque estaba muy bien gestionado y daba buenas rentabilidades. Pues la propia gestora del plan les ha dicho que no les aceptaban más dinero. Un cercenamiento de libertades intolerable en este siglo XXI al que ya hemos hecho referencia.
Es increíble lo mal planteados que han estado estos instrumentos de previsión privada en origen: en primer lugar, han sufrido unas comisiones históricamente altas, que fueron topadas, con gran sorpresa por parte del sector, por Luis de Guindos; “uno de los nuestros”. Eran productos poco líquidos, en el sentido que no permitían la recuperación del dinero hasta la jubilación, salvo los supuestos de enfermedad grave o paro de larga duración. Para mí, esa era una de sus grandes ventajas: dinero aportado, dinero no tocado. Al menos, hasta la jubilación.
Cuando se recupera el capital invertido, ocurren básicamente, dos sucesos fiscales: hay que devolver esa falsa desgravación que se apuntaba cada año en la declaración de la Renta y, además, de nuevo, todo lo obtenido pasa a ponderar como renta. Es irritante, porque dicha renta ya ha cotizado antes: es dinero logrado de nuestro trabajo, por el que ya hemos pagado impuestos y le aplicamos el esfuerzo del ahorro, que no es otra cosa que consumo no realizado. ¿Por qué ese patrimonio no está exento de fiscalidad ya? Especialmente, si se obtiene en tiempo de jubilación.
Es preciso poner por escrito antes una perogrullada: el plan de pensiones privado no tiene la menor incidencia en la pensión pública. Nunca ha dicho ningún político que haya que facilitar la vida a las pensiones privadas (el tercer pilar) para debilitar las públicas (el primer pilar). Lo que sí ha hecho este Gobierno es destrozar el tercer pilar a cambio de un presunto impulso al segundo pilar: las pensiones de empresa.
Pensiones de empresa que sólo son, a día de hoy, un privilegio reservado a los trabajadores de grandes corporaciones (básicamente, las Ibex y poco más) e instituciones públicas. ¿Por qué? Porque España es un país de micropymes y no tienen margen para aportar, ni tampoco los asalariados.
Esto, pretenden arreglarlo con un plan público al que adherirse las empresas. Mi escepticismo al respecto es enorme: por mucho fondo estatal que se promueva, si las micro corporaciones siguen sin ganar dinero, ¿qué van a aportar?
Lo que hay que hacer con el segundo y tercer pilar es flexibilizarlo a tope. ¿Cómo? Con bajadas fiscales. Darle beneficios a las compañías que los promocionen. Y, para el caso de los particulares, eliminar topes de aportaciones. Limpiar totalmente de impuestos el rescate de los planes, puesto que es un dinero que ya ha tributado antes. Pero no sólo eso. ¿Por qué no implementar la figura del plan personal, no promovido por una empresa? Sólo el ahorro que lograría un ahorrador dejando de pagar comisiones sería brutal.
No sólo podría ser una práctica rentable, sino que sería técnica de libertad, tan necesaria en nuestros días. Se hizo en su día con las ‘cuentas vivienda’. Hagamos hoy las ‘cuentas pensiones’. Todo ello, sin menoscabo de la pública. Sólo para quien quiera. El estado y lo público es la organización que nos hemos dotado para vivir en sociedad, no un Gran Hermano que piensa y decide por nosotros. ¡Liberemos las pensiones!
PD: otro día, hablamos de otro tabú: las sicav.
