El caso de «Las 6 de La Suiza» se remonta a 2017, cuando llega una trabajadora a CNT, en Xixón, para asesorarse y denunciar sus condiciones laborales en una pastelería, que le habían llegado a provocar una amenaza de aborto. A ello se sumaba un supuesto caso de acoso sexual en el trabajo. Su estado emocional era muy delicado porque, después de la baja de maternidad, tenía que reincorporarse a su puesto, lo que le producía pánico. Crónica Libre entrevista a tres de esos trabajadores, Luara Chao, Héctor González, y una tercera que prefiere mantener el anonimato por precaución.
Comenzamos a hacer el trabajo sindical para intentar que pudiera tener una salida laboral lo más digna posible. Intentamos reunirnos con la empresa, pero no tuvieron intención ninguna de hacerlo, así que decidimos comenzar con una pequeña movilización que logró un cambio de actitud. Tras una breve conversación con una comisión de compañeras, dos personas del equipo de acción sindical se reunieron con la empresa.
Allí, buscamos una solución integral para toda la problemática existente: acuerdo de cantidades adeudadas, salida pactada de la empresa y, un último punto, totalmente secundario: ver la posibilidad de que la empresa retirase una denuncia penal contra el novio de ésta. Tras la amenaza de aborto, su pareja se había presentado en el establecimiento y habían tenido un enfrentamiento. Nosotros tratábamos que aquello se solucionara para evitar que tuvieran que verse más las caras.
Nuestra actuación fue tratar de resolver un problema que tenía varias aristas, a través de la negociación primero y, cuando esto no fue posible, a través de la movilización y de la acción colectiva. Por supuesto, también procedimos a denunciar todas aquellas irregularidades que se cometían, que eran muchas y sangrantes, y el supuesto acoso sexual, finalmente archivado por supuesta falta de pruebas, pero que no fue investigado, como se demostró en el sobreseimiento. Como en aquel momento teníamos una campaña bastante interesante contra la explotación en el comercio y la hostelería y el conflicto se fue extendiendo, realizamos varias concentraciones y manifestaciones con mucha presencia de compañeras y vecinos del barrio.
Tras la reunión con la empresa, se precipitaron los acontecimientos. Nos detuvieron a las tres compañeras que habíamos concretado la reunión, supuestamente por un intento de obstrucción a la justicia y nos denunciaron, en más de una decena de ocasiones, por esa misma obstrucción a la justicia, por coacciones graves, amenazas… incluso asociación ilícita a la CNT (en conjunción contra media docena de empresarios).
En todos los casos se procedió a archivar las causas, tanto en el juzgado como en la Audiencia provincial. Por otro lado, se abrió una instrucción por calumnias que, tras tres años y cuando iba a concluir el proceso de instrucción, viró repentinamente en una investigación por obstrucción a la justicia y coacciones. Aunque recurrimos esta decisión porque la Audiencia había dicho en repetidas ocasiones que no había caso… se nos ignoró y, finalmente, fue por lo que se nos juzgó. Durante las diferentes instrucciones, más de 40 personas estuvieron imputadas.
En el juicio se nos condenó a 8 personas a 3,5 años de cárcel cada una por los delitos de obstrucción a la justicia y coacciones graves. Cabe destacar que nos condenaron en base a un relato que la fiscalía entendía como coherente, pero no en base a prueba alguna. El argumento, para condenar a 8 personas es que había un plan perfectamente urdido para, hablando coloquialmente, extorsionar a un empresario.
De esta manera, se condenó a 2 personas por haber ido a una reunión, a 3por haber solicitado esa reunión, a 1 por coger un megáfono en una manifestación y a otra por gravar un vídeo. También a la trabajadora, por contarlo todo. Todo era una trama perfectamente urdida… de la que no había más pruebas que un sindicato movilizándose. Posteriormente, la Audiencia Provincial exculpó a dos compañeros porque, simplemente, eran de fuera de Gijón. Cabe señalar que el juez que no condenó es conocido en Asturias por sus sentencias contra sindicalistas e insumisos (y su laxitud con conductores ebrios, por cierto).
Nos parece una condena pretende perseguir la acción sindical y lanzar un mensaje claro a las víctimas de abusos: no hables, no denuncies. Es el colmo de los colmos que una sentencia condene a la trabajadora con la excusa de que si no hubiera hablado y contado su caso en el sindicato, nada de esto habría pasado.
La primera reacción fue la convocatoria de una manifestación en Gijón que contó con la asistencia de unas 1.500 personas, a pesar del poco margen de maniobra que tuvimos, porque era julio. Después, comenzamos a informar del caso a base charlas y a coordinarnos con el conjunto de la CNT (que antes ya se había hecho, pero con menos intensidad).
Después de que se publicara la sentencia de la Audiencia provincial redoblamos esfuerzos en estos sentidos y, paralelamente, se ha constituido un grupo de apoyo en Gijón que cuenta con la presencia y la colaboración de un gran número de organizaciones. Queremos destacar que todas las solicitudes de solidaridad que hemos realizado a partidos, sindicatos, asociaciones, etc. han tenido una gran acogida (salvo en PSOE y UGT).
Estamos a la espera de que el Supremo admita o no el recurso a trámite, sobre lo que se pronunciará, en principio, antes del final de año. Esperamos que sea admitido y que, con posterioridad, se nos dé la razón. Pero tampoco nos hacemos ilusiones al respecto de ninguno de estos dos puntos.
Esto forma parte de una ola reaccionaria de la que la policía, la empresa y el juzgado de Gijón son parte activa desde hace muchos años. Pretenden equiparar las reuniones y negociaciones con obstrucción a la justicia y las concentraciones con coacciones. Esto genera un preceden gravísimo porque a partir de aquí, cualquier conflicto con movilizaciones sostenidas puede ser considerado como una coacción.
La principal es que hay un sesgo de género de fondo. Hay una situación de supuesto acoso sexual que se denuncia, pero no se investiga y, con posterioridad, que se traduce en una condena porque si no hubiera contado nada, nada habría pasado. Al final, es una respuesta a la ola feminista que se sucede desde hace años. Frente al “yo sí te creo” la reacción contrapone un “yo no te creo y no te creo hasta el punto de condenarte a ti y a quienes si te apoyaron”. No es casual que 5 de las 6 condenadas seamos mujeres porque afrontamos con el conflicto con perspectiva de género.
De la justicia nunca se puede esperar nada porque es una herramienta de clase (y no precisamente de la nuestra), pero en este caso concreto es que se han saltado sus propios procedimientos y garantías. Nos dolió especialmente el papel de Audiencia Provincial durante el recurso. 14.000 folios de autos leídos en un mes para confirmar la sentencia. Cada uno podrá extraer sus propias conclusiones de esta información.
Nos sentimos muy apoyadas. Sindicatos, partidos, asociaciones de vecinos, centros sociales, etc. tanto de Gijón como de fuera, se están volcando en la cuestión y eso ayuda a la difusión y dificultará, llegado el momento, que nos quieran encarcelar, que es una posibilidad real y presente. Hace unos meses nos llegó información de concentraciones de solidaridad en Nueva York y en Texas. Eso transmite muchos ánimos.
A nivel local, estamos en una campaña de concienciación por barrios, con charlas, reparto de información y movilizaciones. También tratamos de hacer acciones llamativas con cierta periodicidad, para que se hable de la cuestión en prensa. Por otro lado, seguimos ampliando las bases de apoyo social. Luego, a nivel estatal hay mesas de coordinación entre sindicatos para planificar difusión y movilizaciones de apoyo.
Atentar contra la libertad sindical menoscaba la fuerza colectiva de los trabajadores y trabajadoras en un país en el que las clases populares arrastran una larga devaluación salarial que nos ha colocado a la cabeza de la pobreza laboral en la Unión Europea. En el caso de “Las 6 de La Suiza” se iguala acción sindical con coacciones y denuncia de prácticas laborales abusivas con calumnias.
Todo ello en un entorno empresarial tan hostil como el de la hostelería, donde la actividad sindical resulta especialmente difícil. La amenaza de que entren en prisión estos seis trabajadores no es un asunto menor. Sienta un precedente peligroso para el ejercicio de la actividad sindical. Además, es una grave agresión al conjunto de quienes vivimos de nuestro trabajo y necesitamos que sea un trabajo con derechos.
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