Los informes fantasma contra Podemos, el espionaje contra Ignacio González, la Operación Astapa contra el PSOE o la Operación Cataluña contra la familia Pujol y el exvicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, entre otros. Le ha costado llamar como investigada a María Dolores de Cospedal, aunque Asuntos Internos ha informado a los afectados que los indicios están entregados. Pero la acción de indagar es del juez y de Fiscalía Anticorrupción.
El juez Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que lleva a sus espaldas las ya 34 piezas de la operación Tándem está puesto en entredicho por acusaciones y defensas debido a «subjetividad manifiesta a la hora de investigar los encargos políticos realizados por una parte del Partido Popular y que sin duda pasaban por las manos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, además de por los ministerios de Interior y Justicia, cuando no por el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy», aseguran algunos letrados y perjudicados.
Cada vez son más quienes se acercan a esta tesis y no solo la acusación popular de Podemos o las particulares de Pablo Iglesias y Dina Bousselham, después de que en la pieza Dina al juez García Castellón le hayan parado los píes -desde la propia Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo-, para recordarle que el objeto de la investigación son las actuaciones ilegales cometidas por los funcionarios de la brigada política que dirigía Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior.
Es lo que investiga en la pieza Kitchen, como esa brigada política se sirvió de medios públicos para seguir al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y así hacerse con la información que pudiese dañar al partido. La orden la habría dado la secretaria general del PP y más tarde ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, junto con su marido el empresario y fundador de Alianza Popular, Ignacio López del Hierro. Todo ello con el conocimiento del jefe, el presidente del gobierno Mariano Rajoy Brei, también conocido como el Barbas o el Asturiano, tal y como relata la propia Cospedal al comisario José Manuel Villarejo en una reunión en la sede del Partido Popular.
Sin embargo, el juez ha vuelto a poner aquí la línea roja y no investigar a la controvertida exdirigente en la pieza Kitchen, a pesar de la multitud de anotaciones que hay en las agendas del comisario y que fueron incautadas en los dos registros realizados, el primero en noviembre de 2017 y el siguiente en 2020.
El argumento del magistrado resulta peregrino para las acusaciones y defensas consultadas por Crónica Libre, algunas han recurrido el auto del juez que manda la pieza Kitchen para ser juzgada, más cuando García Castellón se ha visto obligado a abrir la pieza 34 donde ha aceptado volver a llamar a Cospedal como investigada debido a los audios que diferentes medios de comunicación han hecho públicos debido a filtraciones del propio entorno del comisarios Villarejo.
Las contradicciones argumentales 1: el caso de Sandro Rosell
El pasado verano Manuel García Castellón decidió que el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, no tenía suficientes indicios para personarse como perjudicado en la causa Tándem, a pesar de aludir a un audio en que la dirigente catalana del PP, Alicia Sánchez Camacho, mandaba a Villarejo investigarlo debido a que su padre había formado Convergencia junto al expresident Jordi Pujol.
Alicia Sánchez Camacho, muy unida a María Dolores de Cospedal, es una de las políticas que le da a Villarejo las claves para iniciar la Operación Cataluña: desde la entrevista con Victoria Álvarez, que se convirtió en fuente del Ministerio del Interior cobrando de los fondos reservados hasta otro tipo de información de tipo político.
En grabaciones incautadas por la Unidad de Asuntos Internos en el primer registro a la casa de Villarejo se encontró, por ejemplo, una conversación entre Villarejo y el marido de Cospedal en el que hacían alusión a que la publicación en un medio de una grabación en la que se dejaba a Sánchez Camacho al descubierto y el comisario advertía a López del Hierro que el siguiente nombre que saldría era el de su esposa.
Pues bien, con esa misma base argumental por las que están abiertas las piezas Dina y Kitchen -trabajos ilegales encargados por el Gobierno del PP contra sus adversarios- y tras dictar un auto por el que abre la pieza 34 con audios filtrados por el entorno de Villarejo, es decir, que la policía no ha conseguido desencriptar, García Castellón desarrolla un nuevo argumento para desechar la personación de Sandro Rosell en Tándem.
Así escribe el magistrado que: «Sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella, ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito, ella es diferente de que tales hechos deban ser investigados en el marco de las presentes DP 96/2.017. En la querella no se consigna en que modo se encuentran conectados los hechos narrados con la causa aqui seguida contra el excomisario Villarejo Pérez.
En este sentido, debemos recordar que en esta causa, tanto en la principal como en cada una de las piezas separadas, se investiga un mismo patrón de conducta delictiva: la contratación privada del ex comisario -mediante el grupo CENYT-, para prestar servicios que no podía desarrollar, dada su situación de policía en activo y, en ocasiones, con empleo de medios de investigación restringidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ella se cristalizaba en un encargo o proyecto, bajo un presupuesto y con abono de un precio por tal ilícita actividad».
Con este argumento tanto la pieza Kitchen como Dina no debería haber existido nunca, pues que no se ha encontrado ningún contrato ni factura que indique que Jorge Fernández Díaz como ministro, Francisco Martínez como secretario de Estado o Eugenio Pino como director adjunto de la Policía solicitara servicios privados al Grupo Cenyt y que pagaran por ella y mucho menos el resto de imputados como el comisario Marcelino Martín Blas.
Continúa el auto en el que desecha las actuaciones de Sandro Rosell con que: «No ha lugar a su investigación en el momento presente, sin perjuicio de que, si surgiere algun indicio ulterior, pudiesen
llevarse a cabo las diligencias de investigaci6n oportunas.
En este punto ha de recordarse que no ha sido desencriptada toda la documentación -intervenida en los registros domiciliarios que se practicaron en esta causa, por lo que, si apareciese algún dato que vincule al investigado VILLAREJO PEREZ con el querellante, o se tiene constancia de la existencia de dicho encargo, se realizaría el oportuno ofrecimiento de acciones».
Sin embargo, como relata en su querella el letrado Pau Molins ha sido un audio, de esa misma tanda de filtraciones que ha servido para abrir la pieza 34, en la que se ha basado el perjudicado Sandro Rosell para pedir personarse en la causa. Es decir, en la pieza 34 el juez reconoce válidos -casi a la fuerza, por presión de la Fiscalía Anticorrupción- los audios no incautados por la Policía y que se han publicado en la prensa, pero para abrir una pieza sobre la Operación Cataluña, no.
Contradicciones argumentales 2: Pujol
Esta resistencia de Manuel García Castellón para abrir piezas que afectan a políticos o a la política y no solo a empresas y particulares es una constante de su trabajos desde el principio. Y las pruebas se acumulan.
En diciembre de 2020, la Unidad de Asuntos Internos remitió el Oficio para que el juez valorase si realmente había suficientes indicios para que la familia Pujol, encabezada en este caso por Jordi Pujol Ferrusola, podía personarse como perjudicado en la causa Tándem.
El informe remitido a García Castellón suma un total de 149 páginas, incluídos los anexos. Los investigadores recopilan dentro de lo hallado en el primer registro de noviembre de 2017, desde grabaciones de audio, documentación y otro tipo de pruebas sobre el informe borrador elaborado con las «identidades encubiertas» de Villarejo, sin ningun tipo de control judicial y pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior.
La conclusión de García Castellón fue de nuevo la negativa a investigar las acciones sobre la familia Pujol, la Operación Cataluña o algo que se le asemejara.
