La Asociación de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE) pone de manifiesto su disconformidad con la inclusión de una cláusula por la que un tribunal de oposición podrá elaborar una lista de interinos para formar parte de la plantilla de la Administración General del Estado. El problema estriba en la escasa exigencia a la hora de opositar para un cargo fundamental para el buen funcionamiento de España. Tamara Pardo, su presidenta, advierte a Crónica Libre de las consecuencias que esto supondría. Veinte asociaciones de funcionarios les apoyan.
La inclusión de esta cláusula es una condición impuesta por la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, que supone, afirman desde la asociación, “la posibilidad de ser interino aprobando un solo ejercicio de oposición, lo que va en contra de la independencia, de la preparación y profesionalidad que debe acompañar a un alto funcionario público de carrera del subgrupo A1, amén de contradecir los principios de igualdad, mérito y capacidad”, denuncian.
Un problema que viene de lejos. A finales de 2021 Miquel Iceta promovió, como ministro del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en aquel momento, llevar a cabo unas oposiciones en las que primaría más el conocimiento práctico que la capacidad memorística. Así se pretendía rejuvenecer la plantilla de una Administración General del Estado que durante esta década jubilará al 50 % de su personal.
«Evitar malas praxis»
Esta propuesta, apoyada en su momento por FEDECA (plataforma que aglutina a las organizaciones representativas de la mayoría de los cuerpos superiores de la Administración del Estado) no contó con el respaldo de ACSIAE. Tamara Pardo, presidenta de la asociación, asegura a Crónica Libre que, «aunque renovar está bien, en el caso concreto de la Función Pública los cambios que se están proponiendo en el subgrupo A1, que engloba a altos funcionarios de la Administración General del Estado, tienen que estar reservados a funcionarios de carrera que han pasado por un estricto proceso selectivo de varios exámenes, años de estudio y el posterior curso de especialización, en aras de garantizar el interés general, la independencia de nuestras funciones, garantizar un mejor servicio público y evitar malas praxis”.
Y es que en condiciones normales el proceso selectivo consta de seis pruebas. El primer examen sería más generalista. El segundo giraría en torno a la contabilidad. El tercero sobre consolidación. El cuarto está relacionado con idiomas. El quinto versa sobre economía y contabilidad de manera teórica. Y el sexto es un examen oral específico sobre derecho presupuestario, la especialidad de esta oposición. Todo ello sin olvidar el derecho tributario y otras materias.
Veinte asociaciones apoyan la reivindicación
La propuesta de Iceta parece tener continuidad por parte de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, quien entiende que, haciendo el proceso de oposición más sencillo, se puede favorecer la atracción del talento joven. Algo que no convence a 20 asociaciones que apoyan las reivindicaciones de ACSIAE, así como la propia Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA).
Desde la Asociación de Interventores y Auditores del Estado y el centro directivo están llevando a cabo varias acciones para visibilizar el Cuerpo y hacerlo atractivo, explica Tamara Pardo: charlas en universidades o convenios de prácticas también con las universidades. Además, la asociación sugiere otras propuestas como el establecimiento de programas para fomentar la preparación de oposiciones facilitando temarios gratuitos, la concesión de becas, mejorar la formación en idiomas de los funcionarios de carrera del subgrupo A1 o medidas de flexibilidad laboral, algo que podría redundar a favor del reto demográfico o de la despoblación. “No iría en detrimento de la calidad del servicio público, sino que invertiría en procesos de digitalización y automatización”, apunta.
Un Cuerpo fundamental para eliminar la corrupción
Este Cuerpo es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro país. Entre sus funciones podemos destacar el control económico-financiero del gasto público, la puesta en marcha de auditorías del Sector Público, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, el control de los fondos europeos o la prevención de la corrupción, por poner algunos ejemplos.
«En todo caso sus funciones se restringen al ámbito estatal«, recuerda Tamara Pardo. Las comunidades autónomas tienen sus intervenciones generales y sólo algunas cuentan con Cuerpos especiales como en el Estado. Otras desarrollan estas funciones a través de Cuerpos más generalistas, aclara, al tiempo que considera que ”la especialización en materia económico financiera y legalidad y control del gasto público siempre es relevante si se quiere, por ejemplo, atajar posibles casos de corrupción”.
Sus funciones son de control interno en los distintos procedimientos públicos en los que interviene el Estado a la hora de ejecutar el gasto público, a través, entre otros, de la adjudicación de contratos o subvenciones, fiscalizando los expedientes de gasto. A posteriori a través del control financiero permanente o realizando auditorías públicas. En casos concretos en los que se halla indicios de corrupción se actuaría, principalmente, a través de la Fiscalía Anticorrupción.
Reivindicaciones
Desde la Asociación de Interventores y Auditores del Estado reivindican que no sería bueno contar con interinos en el Estado en su subgrupo A1 porque “ejercen potestades públicas y salvaguarda el interés general, siendo garantía de legalidad y seguridad jurídica para el sistema gracias a la inamovilidad e independencia”.
En su opinión, la cláusula de interinos debería tener carácter excepcional y su único objeto debe ser reducir los plazos de incorporación de un interino en aquellos casos donde se venga empleando tal figura, sin que esto suceda en el subgrupo A1 del Estado.
Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el componente 11, reforma 1, contempla como hito 144, reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, para lo que se están llevando actualmente a cabo procesos de estabilización, lo que parece incoherente con abrir la puerta a esta posibilidad en el futuro
