Otro elemento definitivo fue la actuación del actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que llevaba años postulándose a dar el salto desde la judicatura. Al inicio de las elecciones gallegas de 2012, a las que se presentaba Mario Conde con el partido Sociedad Civil y Democracia (SCD), la UDEF le entregó un informe con el que el ex juez embargó cinco fincas al ejecutar la sentencia de 2000 del caso Banesto.
Doce años después de que se dictara la sentencia del caso Banesto por la que Mario Conde fue enviado a prisión, un 3 de septiembre, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que todavía dirigía José Luis Olivera Serrano entregó un informe que le había solictado el nuevo juez estrella de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, «sobre la relación de Mario Antonio Conde Conde con la sociedad luxemburguesa GI BETEILIGUNG SA, y la propiedad de unas fincas registrales en Pollensa (Mallorca)».
El ex banquero ya había anunciado que se presentaría a las elecciones gallegas que se celebraban un mes después. Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, estaba incómodo con la idea y así se lo comentó, aseguran diferentes fuentes a Crónica Libre, a un matrimonio con el que tenía una estrecha relación, el formado por el comisario Enrique García Castaño y su mujer, también policía adscrita a la Comisaría General de Información.
Fue así como se gestó el encargo que el comisario José Manuel Villarejo le recordaba al ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, en un audio de 2014 desvelado por Crónica Libre esta semana.
Las estrechas relaciones entre jueces y comisarios
La utilización de informes de la UDEF para influir en las campañas electorales es uno de los encargos habituales del PP, como se ha podido ver con la creación del informe PISA contra Podemos, para el que también se utilizaron periodistas de la cuerda del comisario.
Aunque en estos momentos el comisario García Castaño se encuentra incapacitado por sufrir un ictus, fue detenido dentro de la causa Tándem por ser uno de los «socios» o «apoyos» del comisario José Manuel Villarejo. Junto a ellos, la imputación de los comisarios Carlos Salamanca y José Luis Olivera, jefe de la UDEF ha seguido cerrando el círculo de los polícias que hacían negocio valiéndose de los recursos del Estado.
Enrique García Castaño, además, tiene como defensa al despacho Ilocad, cuyo administrador único es el también ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ese año había sido inhabilitado y comenzaba su andadura como empresario. A Enrique García Castaño y a Garzón, al igual que a otros miembros de la fiscalía y la judicatura, les une una larga y profunda amistad como se pudo ver en la boda del policía con su segunda mujer, quien tiene las estrechas relaciones con el PP gallego y que unieron a Feijóo con García Castaño.
Grande Marlaska y la revista Interviú
El 1 de octubre de 2012, 28 días antes de las elecciones, el actual ministro Fernando Grande Marlaska hace público el auto por el que manda embargar las cinco fincas de Pollensa (Mallorca). Los primeros en dar la noticia en la revista Interviú fueron, el 8 de octubre, tres periodistas vinculados estrechamente al comisario: Daniel Montero, que llegó a ser socio de Villarejo en el medio Información Sensible y al que surtía de este tipo de informaciones e informes al uso; Luis Rendueles y Manuel Marlasca, también asiduos -sobre todo el primero- en las agendas del comisario José Manuel Villarejo.
Al día siguiente y ya metidos en plena campaña electoral, Alberto Núñez Feijóo alerta «del peligro de votar a Mario Conde». En una entrevista a ABC radio, el finalmente ganador por mayoría absoluta a la Xunta de Galicia remarcaba que: «Cualquier voto a este tipo de personas que debutan, no se sabe muy bien por qué, significa avales para que gobierne un cuatripartito en Galicia. Y recordamos todavía el bipartito”.
A partir de ese momento, 9 de octubre, y hasta el 21 de octubre que los gallegos fueron a votar, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la información judicial, sobre unas fincas que deberían haber sido buscadas y embargadas a lo largo de los 12 años anteriores, desde que sentenció en el 2000 el caso Banesto. El resultado electoral fue abrumador; mayoría absoluta para Feijóo y un 1% para Mario Conde.
