“Un año después seguimos sin saber lo que realmente sucedió. Las víctimas han quedado abandonadas a su suerte por las autoridades españolas y marroquíes”. Hace un año. 2.000 migrantes, en su mayor parte del África Subsahariana, que huían de las violaciones de los derechos humanos en sus países, intentaron saltar la valla de Melilla. Desesperados, en busca de una vida mejor en España, fueron recibidos con 114 botes lacrimógenos y fumígenos, 41 aerosoles, 12 de gas pimienta, 270 salvas de fogueo y 65 pelotas de goma. La represión que se encontraron al llegar a la tierra prometida se resume en las imágenes inhumanas que pudimos ver, que contrarrestan con la legalidad internacional que indica que toda persona que sufre persecución o huye de la guerra tiene derecho a ser acogido en otros países. «Fue un acto racista y colonial«. Un año después sus familiares siguen esperando una justicia que no llega. «El mayor riesgo de que se pueda repetir una situación de este tipo es que se queden sin ninguna exigencia de responsabilidad”.
En el primer aniversario del salto a la valla de Melilla, el 24 de junio de 2022, la impunidad sigue reinando sobre un suceso que dejó 23 muertos (de los que sólo uno ha sido reconocido) decenas de heridos, 77 desaparecidos, 36 detenidos, 470 migrantes devueltos por las autoridades españolas a Marruecos y 33 condenados en el país vecino por el delito de inmigración irregular.
A eso hay que sumar las 173 personas que llegaron al CETI de Melilla (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) donde pidieron asilo; en una acción que la abogada Patricia Fernández, experta en el ámbito de la asesoría jurídica sobre infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, ha calificado como “masacre” en un evento organizado por el departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, con la colaboración de Amnistía Internacional. “Un acto racista y colonial. Una grave violación de los derechos humanos”, ha sentenciado Fernández, sobre todo si tenemos en cuenta que el derecho a migrar está reconocido en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos.
Desde Amnistía Internacional reclaman que los hechos sean investigados y enjuiciados con el objetivo de esclarecer lo sucedido, depurar responsabilidades y garantizar los principios de justicia y reparación a víctimas y familiares.
Sucesos estremecedores en la valla de Melilla
Virginia Álvarez, abogada responsable del área de investigación y política interior de Amnistía Internacional de España y del equipo que llevó a cabo el informe de esta organización sobre los hechos acaecidos, con entrevistas a supervivientes y testigos presenciales, familiares de los fallecidos, funcionarios y personal de atención a la salud, así como representantes de ONG en la zona, hace un relato desgarrador de unos acontecimientos que, frente a los que en su momento declaró el Gobierno español, desde Amnistía Internacional sitúan en territorio español ya que la zona conocida como Barrio Chino “está dentro de nuestras fronteras, algo que puede comprobarse en el catastro o en los mapas del Instituto Geográfico Español”.
Una zona en la que, tal y como destaca Patricia Fernández, de las 2.000 personas que intentaron saltar, 200 se encontraron atrapados, sin poder salir, agredidos con 114 botes lacrimógenos y fumígenos, 41 aerosoles, 12 de gas pimienta, 270 salvas de fogueo y 65 pelotas de goma. “Personas que estaban bajo una relación de especial sujeción, por lo que es sorprendente que un patio del que no había salida posible se utilice como método de contención de la masa”, señala, al tiempo que denuncia la “desaparición forzosa de, al menos, 80 personas, lo que supone un delito de lesa humanidad”, revela.
Volver la vista un año atrás es comprobar una serie de sucesos estremecedores, apunta Luis Carlos Nieto, magistrado y miembro de la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia. “El salto a la valla de Melilla se produjo porque días antes hubo una presión brutal sobre los campamentos en los que los migrantes estaban viviendo. Se les dejó sin alimentos y se destruyeron los lugares en los que habitaban, algo que pudo provocar el salto desesperado”, avanza.
Uso desproporcionado de la fuerza
De los testimonios recogidos por Virginia Álvarez se desprende que fue la policía marroquí quien les invitó a pasar por el Barrio Chino.
“Fue esa misma policía quien, tras el ataque brutal, rodeaba a quienes estaban agrediendo para que no pudieran retroceder, provocando que cayeran unos sobre otros. Así permanecieron heridos durante 10 horas hasta que la policía marroquí decidió priorizar el movimiento de los cadáveres frente al socorro de los heridos. El horror llegó hasta el punto de golpearles en la cabeza para comprobar si estaban muertos”
Virginia Álvarez. Amnistía Internacional.
“La asistencia tampoco apareció por la parte española”, denuncia Virginia Álvarez. Algo tan inverosímil como no llamar a los servicios sanitarios, porque había un guardia civil que sabía de primeros auxilios, o no advertir el peligro ante lo que estaba sucediendo, se hace difícil de entender por parte de esta activista al ver las vallas metálicas.
Por todo ello desde Amnistía Internacional señalan que hace un año en la valla de Melilla se produjo un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza. “Estamos convencidos de que la actuación policial contribuyó a la muerte de estas personas. Fue una masacre porque esto se podía haber evitado pero la policía prefirió proteger la frontera a la vida de las personas”, sostiene Álvarez.
Abandonados a su suerte
Cada salto a la valla es diferente y cada salto se recrudece más. ¿Qué indica realmente esta situación y que dice de España como país? “Refuerza las decisiones de blindaje de Europa por parte de todos los países europeos y ese blindaje lleva aparejado un precio que las autoridades desgraciadamente han decidido asumir”, responde Virginia Álvarez para Crónica Libre. “Creo que el hecho de que estemos asistiendo a estos episodios de violencia denota también la falta de respeto a los derechos humanos de personas que tienen que estar protegidas por el derecho internacional y nacional”.
Para el magistrado Luis Carlos Nieto lo ocurrido es una vulneración de los derechos humanos que tiene que ver con la externalización de las fronteras. “Políticas de toda Europa ponen barreras a las migraciones en países que no son los de recepción o destino. Muchos de ellos tienen un déficit democrático impresionante, por no decir que son dictaduras”, señala.
“El objetivo de esta cuestión es que hechos como este sucedan dentro de países en los que quieren externalizar este control de fronteras”, dice, al tiempo que afirma que “lo que ha ocurrido en la frontera de Melilla ha sido desde el principio hasta el final una vulneración del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal y del derecho a la salud. Las imágenes recuerdan tragedias que se han tratado como guerras en otros países como Ruanda o Costa de Marfil”.
Nieto explica también que “la intervención y la posibilidad de que pueda interferir la policía marroquí en una zona que puede ser territorio español es, desde el punto de vista de lo que es la frontera, inexplicable. El mayor riesgo de que se pueda repetir una situación de este tipo es que se queden sin ninguna exigencia de responsabilidad”.
Racismo y pérdida de derechos
Una impunidad contra la que también luchan desde Amnistía Internacional porque “un año después seguimos sin saber lo que realmente sucedió”, denuncia Virginia Álvarez. “Las víctimas han quedado abandonadas a su suerte, tanto por parte de las autoridades marroquíes como por las autoridades españolas. Y España no ha asumido ningún tipo de responsabilidad ante una de las mayores tragedias ocurridas en su frontera ni ha llevado a ningún responsable ante la justicia”.
Virginia Álvarez, Luis Carlos Nieto y Patricia Fernández se preguntan qué hubiera ocurrido si en lugar de haber sido población negra esto hubiera ocurrido en la frontera entre Polonia y Ucrania…
Luis Carlos Nieto hace una llamada a la reflexión al recordarnos que tenemos la tentación de pensar que los derechos humanos que se están debilitando son los de las personas migrantes, cuando la realidad nos demuestra que cuando se pierde un derecho humano se pierde para el conjunto de la sociedad.
