Crónica Libre desveló en exclusiva que la causa que desmanteló el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) se activó con la denuncia de dos concejales y el denominado Informe Codelsa, que no existe como tal pero que pasó el filtro de la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza Isabel Conejo. Ahora se confirma en el juicio, que dicha denuncia se gestó durante casi un año en las dependencias centrales de la Policía en Canillas, con quienes luego serían los investigadores del caso Astapa.
El caso Astapa que juzga en estos momentos la Audiencia Provincial de Málaga dio un giro después de que Crónica Libre publicara un certificado de la empresa marbellí Codelsa, en la que aseguraba que nunca había realizado un informe sobre las valoraciones del Ayuntamiento de Estepona, como tampoco había llegado a la conclusión de que este consistorio en la época en la que su alcalde era el socialista Antonio Barrientos, hubiera infravalorado terrenos municipales.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictó un auto el 23 de febrero, tras las cuestiones previas planteadas por las defensas, en la que los tres magistrados llegaban a la misma conclusión: que los documentos utilizados por el denunciante David Valádez, que acabó siendo alcalde tras la intervención de la UDEF, no llegaban a informe y se quedaban en unos meros papeles que no conformaban prueba alguna. Y eso a pesar de que fueron material fundamental tanto para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que tenía por comisario José Luis Olivera, compadre del entonces inspector jefe José Manuel Villarejo.
Explican los magistrados, como ejemplo, que en uno de los convenios para la construcción de un gran centro comercial los denunciantes estimaban un perjuicio de más de 34 millones de euros, cuando para el perito judicial no existía ninguno. Y afirman: “De hecho podemos intuir que esta valoración no se la creyeron ni siquiera los propios denunciantes».
Las investigaciones de la UDEF, en duda
También confirma la Sala que la UDEF no realizó ninguna investigación y que se limitó a copiar -a fabricar, según las defensas de los encausados- los hechos que relataba Valadez y la otra concejala. Exponen en el auto que: “Este Tribunal estima que no puede llegar a otra conclusión que no sea la de afirmar, tal y como ha quedado ya dicho, que todo lo que se expone en el informe policial se basa en manifestaciones de los denunciantes, en cuento que ningún soporte documental, ni de otro tipo, se acompañó al propio informe».
Y añade: “El informe policial contiene afirmaciones que se particularizan y que parecen presentarse como fruto de una investigación policial al margen de la denuncia, con la finalidad de averiguar su veracidad, pero lo cierto es que no se aporta documento alguno».
La UDEF preparó la denuncia con el concejal
Hace unos días, declaró como testigo el denunciante y posterior alcalde de Estepona, David Valadez, tras la detención de Antonio Barrientos. Ambos eran miembros del PSOE. La declaración ha arrojado nueva luz y escándalo sobre la causa presuntamente creada al alimón por los comisarios Villarejo y Olivera, la UDEF y los fiscales Juan Carlos López Caballero y Valentín Bueno.
A preguntas de la abogada de Barrientos, Valadez explicó con todo lujo de detalles como conoció en enero o febrero de 2006 al comisario José Luis Olivera, en ese momento jefe de la UDEF, en un hotel de Marbella. Exactamente, diez meses antes de interponer la denuncia ante los subordinados del propio Olivera. El encuentro fue propiciado, según declaró el denunciante, a través del comisario Florentino Villabona, en ese momento destinado en Estepona y que acabaría siendo director adjunto de la Policía (DAO) con Juan Ignacio Zoido, el último ministro del Interior de los gobiernos de Mariano Rajoy.
Valadez también fue preguntado si había tenido contacto con algún otro policía del UDEF, además de con el jefe Olivera, antes de interponer la denuncia. Con desparpajo y sin ninguna vergüenza, respondió que sí, que había intercambiado “cientos” de emails con el policía 78.777, de nombre Miguel Ángel Cuevas Berlinche, entre marzo y noviembre de 2006.
El propio Valadez se estaba haciendo eco en la Sala de la Audiencia Provincial de unos hechos prohibidos por la ley, porque recibir asesoramiento de un policía frente al que se va a interponer denuncia está prohibido, al igual que intercambiar o investigar una causa antes de que la denuncia esté presentada.
Así mismo, cualquier interacción de un policía con respecto a un posible caso, toma de declaración o denuncia, requiere el levantamiento del correspondiente atestado policial, debidamente firmado por dos policías que deben hacer de instructor y secretario. Sobra decir que ninguno de esos “cientos de emails” que Valadez acabó rebajando a “decenas de emails», constan en la causa, no fueron entregados al juzgado, según terminó de confirmar la inspectora de la UDEF Silvia Orna Martin (nº 89.169) cuando declaró como testigo en la Audiencia Provincial de Málaga.
