Los alrededor de 2.000 expedientes mineros solicitados en España, la mayor parte en el mundo rural, unieron, hace algunos años, a parte de la población afectada por los mismos en plataformas ciudadanas que luchan por defender un territorio que la minería a cielo abierto intenta destruir. Estas plataformas se han convertido en la incómoda piedra en el camino de un lobby minero que intenta vender una minería verde que no existe.
Agrupadas en el movimiento https://nominaspeninsulaiberica.eu/, del que ya forman parte casi una treintena de las mismas tanto de España como de Portugal, sus miembros luchan por evitar la destrucción de su tierra y su forma de vida, al tiempo que hacen oídos sordos a los desprecios de las multinacionales mineras que les denominan “NIMBY” (Not In My Back Yard), “no en mi patio trasero”.
Una gran oposición social que ha venido dada por el peligro que presenta este tipo de extractivismo porque, tal y como explica Joam Evans, portavoz de la Plataforma gallega Vida e Ría, tras una tradición de minería metálica, los yacimientos que han quedado en Europa contienen una concentración de metales de interés comercial cada vez menor.
Y es que, si hace aproximadamente un siglo las minas de cobre tenían leyes de entre el 2 y el 3 % de cobre por cada unidad extraída, en la actualidad estaría entre el 0,3 y el 0,5 %, porcentaje por el que hace tres décadas se hubiera considerado inviable explotar. Evans señala que las actuales explotaciones de minería a cielo abierto “son cada vez de mayor tamaño, proporcionando grandes impactos sobre los territorios al tener que remover enormes cantidades de material que no tiene valor, creando depósitos de residuos mineros nunca vistos”.
«No hay minerales suficientes en la superficie terrestre para esta manera de construir»
“Todo ello hace que se apueste por soluciones más arriesgadas que pueden generar impactos severos sobre los territorios”, señala, al tiempo que advierte de que “se avecina un boom de la minería metálica para los próximos 30 años, con una demanda inasumible en términos planetarios”. El ejemplo lo tendríamos en las minas de cobre entre el sur de Portugal, Huelva y Sevilla donde se pretende extraer tanto mineral en 30 años como en los últimos 7.000. Y esto, que para algunos es deseable, supondría prácticamente el fin de la vida en la tierra, sentencia. “No hay minerales suficientes en la superficie terrestre para esta manera de consumir, por lo que tenemos que pensar qué consumimos y qué hacemos con ello”.
Logros de las plataformas ciudadanas
Su existencia hace la vida más fácil a aquellos que empiezan la lucha de cero ya que permite compartir conocimiento, experiencias, apoyo y acelerar el aprendizaje. La red ibérica mantiene alianzas con otros grupos que están luchando contra los mismos proyectos en Chile, Argentina, Centroamérica… Cuentan con pocos medios, tanto humanos como materiales, “frente a empresas que disponen de una gran capacidad económica para llevar a cabo todo tipo de informes que justifiquen lo que pretenden y oculten realmente los impactos que provocan”, especifica el activista.
Sin embargo, resalta los hitos que David está consiguiendo frente a Goliat: “Esta es una lucha contra la corrupción porque muchas veces no son sólo las tropelías de las empresas mineras sino de una administración que consiente, encubre o es cómplice, en muchos casos, de prevaricación”. Por otro lado, han conseguido parar varios proyectos mineros, imputar a altos cargos implicados en casos de corrupción y hacer más difícil la vida al lobby minero, complicándole sus intentos de hacer pasar una industria destructiva como sostenible y renovable.
La necesidad de cambiar la Ley de Minas
Estas son también algunas de las lecciones aprendidas por Olga Herrero, abogada y miembro de la Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y de la Asociación Vive el Valle del Corneja, en Ávila. El daño permanente que se hace al medio ambiente de las zonas afectadas, a su flora y fauna… junto a las falsedades vertidas sobre el progreso que conllevaría para las zonas en las que se instauraran o el falso empleo prometido. Y en el ámbito de la legislación, que la Ley de Minas sigue siendo muy obsoleta, con una defensa del medio ambiente muy en pañales.
Olga Herrero muestra su disconformidad con aspectos como que las organizaciones medioambientales o las propias poblaciones afectadas por los expedientes mineros no tengan derecho a opinar ni decidir, algo que considera necesario regular de manera urgente. “Todo se lleva a cabo entre administración y empresa solicitante. Es cierto que se hacen los trámites legales de información pública, pero a la hora de que los interesados, que son los afectados, presenten alegaciones, no se considera que lo son ni se les tiene en cuenta”, incide, al tiempo que ve interesante adaptar las leyes españolas al convenio de Aarhus para la participación pública en estos temas.
«Siempre se priman los beneficios económicos de las empresas»
La abogada considera que los afectados están desamparados porque el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado en este sentido. Y recuerda que hay comunidades autónomas como Castilla y León donde existía una ´mínima protección del suelo, que ha sido modificada para poder extraer mineral. “Siempre se priman los beneficios económicos de unas empresas en contra de las zonas y de las poblaciones que hay que proteger”, sentencia. Aunque recuerda que en Cáceres hay una protección del suelo no urbanizable.
En un intento por cambiar la Ley de Minas del 73, las plataformas contra las minas a cielo abierto participaron el año pasado en la proposición de propuestas a la modificación de esta. La red ibérica envió una serie de propuestas que tienen que ver con algunos aspectos sugeridos por Olga Herrero. Joam Evans destaca los derechos de participación de las personas del territorio como parte interesada en los procedimientos, garantizar el acceso a la información ambiental, aumentar las garantías de restauración o poner un canon a la producción, por poner algunos ejemplos.
Denuncias por espionaje
Hace un tiempo las plataformas ciudadanas denunciaron que habían sido objeto de espionaje. Joam Evans señala que “lo más sangrante de esto es que sucede con el consentimiento y apoyo económico de la Unión Europea”. “Algunos de estos casos se han producido en proyectos con una componente de licencia social, como lo denominan las empresas mineras. Una manera de convencer para conseguir que la gente no denuncie irregularidades para eliminar los obstáculos relacionados con las personas que viven en los lugares en los que se va a implantar la mina. Para eliminar la oposición. Para ello necesitan conocer quiénes son adversarios y eso conlleva investigar, a veces de una manera poco ética”, argumenta.
Y es que, tal y como Olga Herrero apunta; “la información es poder y para ellos saber todo es importante”. En otro orden de cosas, Herrero no quiere dejar por alto la figura de los geólogos, que antes de que las empresas mineras soliciten los permisos, andan libremente por el campo extrayendo pequeñas muestras para comprobar si el mineral les interesa.
Plataformas ciudadanas a favor del progreso
También resalta el papel que juegan las asociaciones como complemento a las plataformas, ya que cuentan con personalidad jurídica y capacidad legal para intervenir en los procedimientos administrativos o judiciales. “Una asociación agrupa a todo el mundo en una sola voz y legalmente es la única manera de poder acceder a todo”, asegura.
Y para todos aquellos que acusan a las plataformas ciudadanas de ir contra el progreso, Olga Herrero responde que esto no es así porque “el progreso no es destrucción, la minería sí, si no se hace de manera sostenible. Las acusaciones son muy fáciles de hacer en ese sentido, pero las llevan a cabo quienes realmente puede sacar un beneficio económico. Habría que ver si existe un progreso común y no sólo de determinadas personas”, concluye.
