La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 30 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 30/11/2022

Irene Montero acusa al PP de «promover la cultura de la violación»

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Continúa la polémica en torno a la Ley del “solo sí es sí” y la reducción de penas a condenados por delitos sexuales que se está produciendo con la revisión de las sentencias. Tras varios días recibiendo insultos y descalificaciones, Irene Montero, ministra de Igualdad, ha elevado el tono durante su intervención en la sesión de control al Gobierno realizada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Después de la pregunta de la diputada del Partido Popular Belén Hoyo Juliá, que ha cuestionado a la titular de Igualdad si “es capaz de ponerse en el lugar de las víctimas cuyos agresores han sido excarcelados o han visto reducidas sus condenas”, Montero no ha titubeado. Tras hacer una exposición de las virtudes de la nueva Ley, como que sitúa el consentimiento expreso como epicentro en las relaciones sexuales y eleva el abuso a agresión sexual, la ministra ha acusado al PP de “promover la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas”.

Para justificar sus palabras, Montero ha aludido a las campañas sobre violencia de género que han desarrollado Comunidades Autónomas gobernadas por el PP como Madrid o Galicia. “Cómo llaman a decirle a una mujer que vigile su copa en lugar de poner el foco en el agresor”, ha sentenciado la ministra.

Frente a la gravedad de las acusaciones, la bancada de los populares ha puesto el grito en el cielo. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP, ha contestado visiblemente enfadada por las palabras de la ministra. “Quiero dejar claro que es altamente ofensivo que una dirigente que tiene la responsabilidad de dirigir las políticas de Igualdad esté vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país”, ha señalado la diputada conservadora.

Marlaska y el Tribunal Constitucional

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en el Pleno a petición de los grupos parlamentarios popular, ciudadanos y mixto, para informar sobre los graves altercados ocurridos el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla en los que hubo al menos 23 fallecidos. Durante su intervención, el ministro del Interior ha reiterado la violencia con la que se desarrollaron los acontecimientos, que dejaron un balance de 55 guardias civiles heridos, además de aclarar que no hubo fallecidos en el lado español de la frontera y que en ningún momento se negó la asistencia sanitaria a los involucrados, ya que once de ellos fueron atendidos en el hospital comarcal de Melilla.

Marlaska ha defendido que su Ministerio ha actuado con transparencia, al permitir el visionado de vídeos en el Congreso y el viaje de los portavoces de Interior a Melilla, y ha solicitado rectificar a quienes piden su dimisión motivados por “falsedades e indignidades”. Como ya hiciera en el Senado en su anterior comparecencia, el titular de Interior ha reconocido que “es una actuación de la que asumo toda la responsabilidad; yo di la orden de proteger nuestra frontera y la volvería a dar”.

Otra de las polémicas emanadas del último Consejo de Ministros de este martes ha sido la designación como magistrados del Tribunal Constitucional de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y de Laura Díez Bueso, que fue directora general en el Ministerio de la Presidencia. Ante estos dos nombramientos, Alberto Nuñez Feijóo, durante un acto organizado por Cambio 16, ha señalado que pondrá en conocimiento de las instituciones europeas “la politización de la Justicia en nuestro país”.

En referencia a la elección de Campo, Feijóo ha declarado: “¿Cómo es posible que el ministro que aprobó el indulto de los sediciosos pueda formar parte de un Tribunal que va a valorar los recursos de inconstitucionalidad de cuestiones que afectan a la sedición o a la credibilidad del Estado?”

Tensión en el Congreso

La intervención de Irene Montero ha generado tal revuelo que ha sido necesaria la mediación de la presidenciadel Congreso,, que ha pedido “respeto y contención en el lenguaje” a los diputados, insistiendo en que “debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara”. En relación a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Batet ha reprochado sus palabras diciendo que “esta presidencia considera que la expresión no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario”.

Esta no ha sido la única reprimenda que la presidencia del Congreso ha tenido que hacer durante la última sesión plenaria, ya que este martes tuvo que expulsar a la diputada de VOX Patricia Rueda por negarse a retirar el término “filoetarra” que empleó para referirse a los parlamentarios de Bildu.

Tras estos dos altercados y por considerar que se ha utilizado una “doble vara de medir a la hora de censurar expresiones de los diputados”, Ciudadanos ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso reclamando que aclare “qué criterios sigue para proceder a amonestar a diputados e incluso solicitarles abandonar el pleno en función de las expresiones utilizadas”.

En un comunicado remitido a los medios, la formación liderada por Inés Arrimadas ha expresado que “es inadmisible que se pueda expulsar del Pleno a diputados por decir la verdad en el Congreso, a saber, que Bildu es una organización filoetarra con terroristas condenados en sus filas”, mientras que ni “si quiera” se ha exigido la retirada de las “gravísimas” acusaciones de la ministra Montero a la oposición de “promover la cultura de la violación”.

Jose Luis Espinosa

Periodista, madrileño y madridista. Antes de hacer Periodismo hice dos meses de Publicidad. Me gusta más contar las cosas que venderlas. En COPE me enamoré de la radio; en ABC descubrí mi pasión: escribir.