La causa Lezo, que acabó con la vida política del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González tiene un inicio irregular marcado por las agendas del comisario Villarejo, una cuenta que no existía y una fuente anónima que pasó a ser protegida. Ahora, entre los hitos de la Fiscalía Anticorrupción se suma su colaboración con los fiscales colombianos acusados de corrupción.
Las incoherencias en el origen de la investigación que instruye el juez Manuel García Castellón junto con el fiscal anticorrupción Carlos Yáñez, ya fueron explicadas por Crónica Libre. Pero aquí no acaba el cúmulo de despropósitos de la operación Lezo, que ha acabado con la vida política del expresidente del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y que sin embargo, no está cuajando judicialmente -está siendo exonerado en la mayoría de las piezas-, aunque está dejando un reguero de perjudicados con poca base inculpatoria, según las fuentes consultadas.
El Canal de Isabel II en Colombia
Para investigar las operaciones del Canal de Isabel II en Colombia, la justicia española solicitó y obtuvo la colaboración de las autoridades colombianas, que el juez instructor García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción consideraron muy satisfactoria y diligente, hasta el punto de emitir un comunicado de agradecimiento público que los medios de comunicación recogieron el 3 de mayo de 2018.
Efectivamente, la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción de la República de Colombia se convirtió en un eje fundamental de la instrucción de Lezo. Pero lo que no cuenta el comunicado de agradecimiento de la Fiscalía Anticorrupción de España es quiénes eran y cómo colaboraron las autoridades colombianas. El entonces fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocido como “Doctor Cianuro” por varios suicidios de testigos en extrañas circunstancias en casos que lo comprometían personalmente, nombró como fiscal jefe Anticorrupción de Colombia al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, que resultó ser el receptor de la solicitud de colaboración de La fiscalía española.
Fue este mismo fiscal jefe anticorrupción de Colombia quien inició un procedimiento penal en paralelo a la causa Lezo, que en Colombia se denominó “Operación Acordeón”, suscribiendo la resolución de fecha 28 de abril de 2017, que designó a los fiscales encargados de la investigación colombiana, a su vez encargados de la colaboración con la justicia española.
Todo apuntaba a que los intereses de la Fiscalía colombiana, que tan diligentemente colaboraba con la española, estaban definidos desde el inicio: quedarse con la empresa TRIPLE A, de Barranquilla, de donde procede la polémica familia Char, a quien se relaciona con el narcotráfico, y que finalmente consiguió quedarse con la empresa y con la alcaldía de Barranquilla a través de Alejandro Char, candidato a la presidencia de Colombia contra Gustavo Petro.
Sicariato judicial
Pero la Fiscalía Colombiana parece que estaba podrida, según los Estados Unidos. El citado fiscal jefe anticorrupción de Colombia, nombramiento de confianza del fiscal general Néstor Humberto Martínez, fue detenido en Bogotá el 27 de junio de 2017. Fue en ese momento cuando se dio a conocer una red de corrupción judicial en Colombia llamada el “Cartel de la Toga”. Luis Gustavo Moreno fue extraditado en mayo de 2018, juzgado y condenado por lavado de activos; ingresó en la prisión de La Florida (Estados Unidos) y en 2020 fue deportado a Colombia, donde comenzó su denuncia del “sicariato judicial”.
El 22 de enero de 2021 la periodista colombiana María Jimena Duzan publicó una entrevista a Luis Gustavo Moreno, denominada Los mandados del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, en la que aseguró que fue nombrado jefe de la unidad anticorrupción para hacer “sicariato judicial, para ser chaleco antibalas de unos y joder a otros”.
El revés de Luis Gustavo Moreno (junio de 2017) no cambió el objetivo de las autoridades colombianas. Continuó al frente de la Fiscalía General de la Nación Néstor Humberto Martínez y continuaron los mismos fiscales designados por Luis Gustavo Moreno al frente de la investigación en Colombia y de la colaboración con la fiscalía española.
Entre tanto, el omnipresente comisario jubilado Villarejo viajaba para mantener reuniones de alto nivel con la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación en Colombia para tratar asuntos relacionados con la causa Lezo. Incluso, para canalizar sus negocios en Colombia constituyó la sociedad Cenyt Colombia SAS, que fue dada de alta en la Cámara de Comercio de Bogotá el 24 de octubre de 2017.
Tres días antes de la detención del excomisario Villarejo, el 1 de noviembre de 2017, el juez instructor Manuel García Castellón y el fiscal Carlos Yáñez, en compañía de fiscales colombianos nombrados en abril por Luis Gustavo Moreno, estaban tomando declaración en Bogotá al preso Diego García Arias (colombiano exgerente de desarrollo de INASSA desde 2011, hombre de confianza de Edmundo Rodríguez).
Diego García Arias se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía colombiana contra el Canal de Isabel II y a cambio salió de prisión. La Fiscalía española agradeció su colaboración, suavizando las consecuencias de su participación confesa en la compra de la compañía brasileña Emissao en 2013 (5,4 millones de dólares en comisiones ilegales), ambas fiscalías olvidaron su participación en sobornos transnacionales en Haití, Ecuador y Panamá y olvidaron también su participación en el saqueo de TRIPLE A de Barranquilla entre 2012 y 2015 (aproximadamente 10 millones dólares repartidos en efectivo).
A pesar de que el interrogatorio del día 1 de noviembre de 2017 se prolongó, según declaración de García Arias en el juzgado de instrucción nº6 de la Audiencia Nacional el día 9 de mayo de 2018, entre las 9:00-9:30 de la mañana y las 5 de la tarde, los audios que constan en el sumario de Lezo sólo duran 01:39:45.
Una semana después de la detención del comisario Villarejo, el 3 de noviembre de 2017, el fiscal Carlos Yáñez “renunció” a su puesto en la Fiscalía Anticorrupción. Con Diego como punta de lanza, la Fiscalía colombiana montó una causa contra el Canal de Isabel II, por cuenta de la cual resolvieron en octubre de 2018 el secuestro cautelar del 82% de las acciones de TRIPLE A, propiedad de INASSA, entregándolas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de la gestión de activos incautados a narcotraficantes y grupos armados al margen de la Ley.
En Colombia, a pesar de que como respuesta a los recursos de las defensas se decretó la nulidad de las resoluciones de la fiscal instructora, declarándola incompetente mediante resolución de 19 de diciembre de 2019, incluso la que vinculaba a INASSA como responsable civil, sorprendentemente continuó la situación de secuestro cautelar de las acciones de Triple A.
El 3 de diciembre de 2021, sin decisión alguna del juez de extinción de dominio, la SAE utilizando la figura legal de la enajenación temprana vendió, directamente sin mediar concurso alguno, las acciones que representaban el 82% de Triple A, expropiando de facto a INASSA (Canal de Isabel II), por un importe de 565.000 millones de pesos colombianos (142 millones de dólares), que percibió la SAE, siendo los afortunados compradores empresarios conectados con el poder político y económico de Colombia y de Barranquilla en particular (William Vélez y hermanos Daes). Así se consumó el propósito con el que las autoridades colombianas iniciaron su colaboración con la fiscalía anticorrupción española.
Las diferencias entre Canal de Isabel II y Colombia se dirimen, ahora, en el Centro de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI).
