Animado por la decisión del juzgado número 13 de Madrid de aceptar la denuncia de Sandro Rossell por la Operación Cataluña, el exconseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró entregará este lunes documentación sobre los informes policiales de los seguimientos de que fue objeto por parte de Villarejo cuando, en 2012, Giró era Director General Adjunto en Caixabank. La denuncia irá dirigida contra José Manuel Villarejo; la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el ex ministro, Jorge Fernández-Díaz; y el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. Esta denuncia será la primera de un aluvión de personas afectadas, entre las que destacan las de Artur Mas y la familia Pujol. Después de 13 años, la Operación Cataluña será motivo de investigación en sede judicial.
En el mes de julio del 2010, la entonces diputada en el Parlament de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, comían en el restaurante La Camarga de Barcelona delante de un micrófono oculto en un florero. Las dos protagonistas de aquella comida acabarían implicadas directamente en el mayor operativo de acciones ilegales y alegales del Estado desde el retorno de la democracia.
En el caso de Alicia Sánchez Camacho, la evidencia de su implicación es notoria y flagrante después de que, en junio del 2022 se revelaran los audios de unas conversaciones con Villarejo del año 2012 en las que la política del PP le instaba a investigar a determinados personajes vinculados con el independentismo.
Guerra sucia del Estado contra soberanistas catalanes
La grabación de La Camarga fue el disparo de salida de la llamada Operación Cataluña. La guerra sucia del Estado y de sus cloacas contra los soberanistas catalanes ha afectado directa e indirectamente a miles de personas, desde políticos en activo a miembros de la sociedad civil, por un hecho que ni era ni es constitutivo de delito: ser sospechoso de tener simpatías con el movimiento independentista o, simplemente, estar cerca de alguien cercano a ese movimiento.
Año 2012, en plena campaña para las elecciones autonómicas catalanas, el diario El Mundo publica un artículo en el que se acusa a Jordi Pujol y Artur Mas de desviar fondos de comisiones a cuentas en Suiza en base a un falso informe de la UDEF con sello, pero sin fecha ni firma. El artículo es una bomba en plena campaña que intenta alterar los resultados en las urnas y que, en cierto modo, lo consigue. El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aparentemente sorprendido, afirmó que se estudiaría el origen de ese informe. Se abrió una investigación interna que concluyó en el mes de marzo de 2013 sin poder determinar el origen de ese supuesto informe de la UDEF.
Un gran montaje
Ese documento constituía un grave montaje de difamación destinado a alterar el curso de unas elecciones, uno de los delitos más graves en democracia. ¿Qué hizo la Fiscalía ante un delito que tenía su origen en el Ministerio del Interior? Nada. Es importante recordar este episodio porque marca la impunidad de la que han gozado hasta el día de hoy el Estado y sus cloacas en relación a sus acciones en Cataluña.
Y decimos hasta el día de hoy, porque la decisión del juzgado de instrucción número 13 de Madrid de abrir una investigación sobre la llamada Operación Cataluña a raíz de la denuncia presentada por el expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, como han desvelado en exclusiva Crónica Libre y La Vanguardia, podría señalar un cambio de rumbo muy importante en este sentido que acarreará, sin duda, la presentación de un sinfín de denuncias por parte de los numerosos afectados.
No es la primera denuncia del exconseller Giró
Los medios de comunicación catalanes sin excepción han destacado estos días en sus portadas la noticia de la apertura de la investigación sobre la llamada Operación Cataluña. Jaume Giró, animado por esa decisión del juzgado número 13 de Madrid presentará este lunes una denuncia dirigida al núcleo duro de lo que fue la Operación Cataluña. En junio del 2022, Giró ya denunció a Villarejo y a la expresidenta del PP, Alicia Sánchez-Camacho ante la Fiscalía después de que se revelaran unos audios en los que ella le pedía a Villarejo que investigara a Giró por su vinculación con el independentismo.
¿Qué hizo la Fiscalía? Nada. Cuando la Fiscalía no actúa a pesar de la gravedad de las acusaciones deja en la indefensión a los ciudadanos afectados. La misma indefensión que hemos sentido muchísimos catalanes ante la acción de la justicia en estos diez últimos años. A pesar de la satisfacción de la mayor parte de fuerzas políticas y sociales catalanas por la aceptación por parte del Juzgado número 13 de Madrid de la apertura de una investigación sobre la Operación Cataluña, hay mucho escepticismo sobre los resultados que pueda arrojar ésta y no faltan motivos para ello.
La Justicia ha mirado a otro lado
Las evidencias y pruebas de todo tipo de las acciones de las cloacas del Estado contra los independentistas se han ido acumulando durante estos últimos diez años sin que la Fiscalía haya intervenido, y sin que ningún juez haya aceptado a trámite una denuncia en este sentido.
Patricia López, directora de Crónica Libre, ha publicado en estos últimos siete años, un sinfín de testimonios y evidencias de la existencia de la Operación Cataluña suficientes para colapsar el sistema de servidores de Amazon. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía? Nada. Y no sólo han sido pruebas y evidencias, también dictámenes oficiales.
En 2016, Patricia López dio a conocer las conversaciones entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Esas conversaciones no ofrecen duda alguna sobre el modus operandi ilegal del entonces ministro del Interior en relación a los políticos independentistas. ¿Qué hizo en ese momento la Fiscalía? Nada.
Abuso de poder en el Ministerio del Interior
El Congreso de los Diputados abrió una comisión de Investigación que afirmó en sus conclusiones que se habían empleados recursos y fondos del ministerio para atacar a los adversarios políticos del gobierno. El 5 de Septiembre de 2017, la Comisión de Investigación del Congreso sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior dictaminó: “bajo el mandato del señor Fernández Díaz se hizo un inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho”. Estas acciones no sólo afectaron a políticos independentistas, también a miembros de Podemos e, incluso del PSOE.
¿Qué hizo la Fiscalía, ese órgano vinculado al gobierno pero al que se supone independencia. después de las conclusiones de la Comisión del Congreso? Nada. ¿Qué hizo la Fiscalía y la Judicatura en el año 2022 cuando Citizen Lab reveló en un informe que se había utilizado el programa Pegasus para espiar a más de sesenta políticos y activistas sin ningún tipo de amparo judicial? Nada. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo en noviembre de 2022, ante el recurso presentado por la familia Sumarroca contra Alicia Sánchez Camacho por la evidencia de su participación en la elaboración de una lista de personas que debían ser investigadas prospectivamente por su vinculación con el independentismo? Nada.
La decisión del Juzgado número 13 de Madrid es muy relevante porque por fin un miembro de la Justicia española decide hacer algo. El Estado tiene un oportunidad de recuperar su imagen en Cataluña haciendo algo en lugar de nada.
