Grabaciones en restaurantes, encargos a policías amigos, pagos con fondos reservados del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz o del PP mediante Dolores de Cospedal, fiscales compinchados, informes y noticias falsas, escuchas ilegales y detenciones. Todo con el conocimiento del ex presidente Mariano Rajoy. El ataque contra empresarios, políticos y activistas catalanes empezó hace una década y, por fin, la Operación Cataluña llega a los juzgados.
Enumerar las operaciones de guerra sucia que el Estado ha llevado a cabo contra el soberanismo en Cataluña es complejo. Primero por la diversidad de los elementos que forman la llamada Operación Cataluña y que han participado o colaborado de una u otra manera, desde políticos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, fiscales, jueces, empresarios y periodistas.
Cada uno desde su esfera particular ha propiciado acciones contra el soberanismo, no siempre de forma claramente coordinada, pero sin ninguna duda con un propósito común asumido por cada eslabón del Estado: acabar con el soberanismo con el apoyo de la ley o sin ella, como demuestra la investigación conjunta entre Crónica Libre y La Vanguardia.
Se han fabricado informes falsos, se han utilizado a funcionarios y recursos públicos para hacer investigaciones prospectivas sobre personas vinculadas al soberanismo, se han vulnerado los más elementales derechos de los ciudadanos con escuchas e intervenciones sin mandato judicial, se han atacado Instituciones legales constitucionalmente, se han abierto causas judiciales que atacan directamente al derecho de manifestación o al de la libertad de expresión.
Paralelamente, la justicia ha sido extremadamente rápida en la tramitación de los expedientes relacionados con personas supuestamente vinculadas al soberanismo, de la misma forma que ha sido extremadamente lenta en casos vinculados, por ejemplo, a la financiación irregular del PP. Y mientras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) creaba informes y pagaba a testigos para abrir la causa Pujol, su máximo jefe en ese momento, el comisario José Luis Olivera, ordenaba no investigar al enigmático M.Rajoy o a L. Hierro dentro de la causa de los papeles del tesorero del PP, Luis Bárcenas.
«El jefe lo sabe»
¿Cuándo empezó la Operación Cataluña? A efectos prácticos, y según la agenda del comisario José Manuel Villarejo, el inicio de la Operación Cataluña fue en el año 2012. Pero el primer indicio lo dio el Partido Popular en la oposición, cuando en 2006 Mariano Rajoy se lanzó a recoger firmas contra el Estatut del ex president Artur Mas.
Un ejemplo más claro de que el PP comenzaba a diseñar una estrategia lo tenemos en junio de 2009. La entonces representante catalana Alicia Sánchez Camacho arremetió duramente contra el Ayuntamiento de Arenys de Munt, que organizó una consulta popular sobre el independentismo. En la sala de plenos que decidió la consulta se encontraron cámaras y micrófonos ocultos y muchos responsables del consistorio recibieron amenazas. La atmósfera política en Catalunya, a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, estaba muy cargada. El fallo propició una manifestación multitudinaria bajo el lema de “Som una nació, nosaltres decidim” (Somos una nación, nosotros decidimos).
Un sector muy importante del electorado catalán empieza a decantarse hacia el soberanismo y las luces de alarma se encienden en la calle Génova de Madrid. Sánchez Camacho tiene una excelente relación con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que había ascendido de consejera de la Comunidad de Madrid a mano dura del partido en 2007. Como secretaria general es la encargada de llevar al PP a La Moncloa y para lograrlo tiene dos misiones: acabar con la causa Gürtel, que minaba día a día al partido en Madrid, Valencia, Galicia, Castilla La Mancha… y fijar las miradas en otro punto de corrupción, Catalunya.
Ese 2009 y gracias a la mediación de su marido, el empresario y ex miembro de Alianza Popular Ignacio López del Hierro, conoce al comisario Villarejo en la propia sede de Génova. Allí le hace el primero de los encargos, relacionado con las causas judiciales al PP, dejándole claro que «el jefe lo sabe». Es decir, el presidente del PP Mariano Rajoy.
Paralelamente y con ayuda de quien sería más tarde jefe de gabinete del presidente Rajoy, Jorge Moragas, se organiza la comida en La Camarga entre la diputada del PP Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez, compañera de estudios del político y ex del hijo del ex president Jordi Pujol. La Operación Cataluña, en su definición, ya estaba en marcha.
La llegada al gobierno
A finales de 2011 el PP llega al gobierno y Rajoy nombra ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz, durante mucho tiempo responsable del partido en Cataluña, amigo incluso en una época del ex presidente Jordi Pujol i Soley y, según su criterio, la persona indicada para llevar a cabo el plan diseñado junto a la secretaria del PP, María Dolores de Cospedal.
Septiembre se les vino encima y el día 12 vieron como una Diada soberanista llenaba las calles de Catalunya como nunca antes se había visto. A los pocos días comienzan las primeras anotaciones en la agenda del comisario Villarejo, con órdenes que vienen desde el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino; de Ignacio López del Hierro, de Cospedal, de Alicia Sánchez Camacho y hasta del jefe de gabinete de Jorge Fernández Diaz, Francisco Martínez.
La secretaria general del PP conocía al comisario desde 2009. Al ministro Fernández Díaz, según fuentes de Interior de aquella época, se lo recomienda el valenciano Juan Cotino, ex director de la Policía, miembro del Opus Dei y con su familia metida en la Gürtel valenciana.
Estás primeras anotaciones, como la del 6 de noviembre, muestran el origen político del encargo. Ese día la Modista -alias de Alicia Sánchez Camacho- da un listado de personas a investigar al comisario Villarejo como Oriol Pujol, Artur Mas, Carlos Sumarroca, Jaume Giró o Susana Monge. El exvicepresidente de la Generalitat, Giró, como el ex presidente del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell utilizaran estos indicios en las querellas que han sido interpuestas o admitidas en los juzgados de instrucción de Madrid.
Es el 16 de noviembre de 2012 se produce la primera acción clara de las cloacas contra uno de estos objetivos con la publicación en El Mundo, en plena campaña electoral de las autonómicas catalanas, de una noticia que vinculaba a Pujol y Mas con cuentas en Suiza, en base a un supuesto informe de la UDE, sin fecha ni firma. La Fiscalía Anticorrupción en ese momento se desvinculó de ese informe.
«El presidente lo sabe»
En ese momento el comisario Villarejo ya había contactado con Victoria Álvarez, ex de Jordi Pujol Jr, bajo el pseudónimo de Javier Hidalgo. Le dijo que era periodista, que colaboraba con el Centro Nacional del Inteligencia (CNI) y, además de protección, le garantizó un sueldo de los fondos reservados del 2000 euros al mes. El ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz lo pagó religiosamente -nadie sabe si lo sigue cobrando- y para la Fiscalía Anticorrupción y el juez del instrucción de la Audiencia Nacional que lleva la causa Pujol, «Vicky es una testigo fiable».
También había entablado intercambio de intereses con Javier de la Rosa. En esta ocasión haciéndose pasar por el abogado Manuel Villar, también agente del CNI, al que pagó 100.000 euros y dejó a deber otro 100.000. Ese fue el motivo por el que De la Rosa no ratificó la denuncia ante la Audiencia Nacional y sólo declaró en la UDEF y proporcionó información al comisario para elaborar el citado informe que nadie quiso coger.
Según audios obtenidos a lo largo de esta investigación, el dinero de De la Rosa no salió de Interior. Vino directamente del fondo que tenía el PP y que manejaba María Dolores de Cospedal para estos menesteres.
Para justificar la información que estaban utilizando y que tenían en parte de la grabación de La Camarga, que había hecho la agencia de detectives Método 3, la policía entró en la agencia de detectives que dirigía Francisco Marco y alegó que allí se había hecho con la grabación, que sería difundida poco después.
En el mes de febrero del 2014 un grupo de jueces catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir y argumentaron su posible encaje en la Constitución. Muchos de ellos no eran independentistas, solo partidarios de una consulta. Una semana más tarde La Razón publicaba a doble página las fotografías de los 33 magistrados, como si de un grupo de delincuentes se tratara. Las fotos que utilizó la Razón eran de los DNI de los afectados y sólo podían proceder del Ministerio del Interior. Pese al escándalo, y al reconocimiento del delito, la causa quedó archivada.
En 2014 la Banca Privada de Andorra (BPA) recibe los primeros chantajes por parte de un agregado a la embajada española, Celestino Barroso. Diez meses más tarde, en marzo del 2015, aparece una nota del FinCEN denunciando supuestas irregularidades en el banco andorrano.
Pero si hay un mes que deja las cosas claras es octubre de 2014. Los días 2 y 14 de octubre, un mes antes de la consulta soberanista del 9N, en el Ministerio del Interior andaban como locos buscando como dinamitar la que se les venía encima. Las conversaciones entre el ministro Jorge Fernández Dïaz y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, delatan complicidad en el caso Trías y las malas artes que se querían aplicar con Oriol Junqueras o que ya se habían aplicado para acabar con la sanidad en Catalunya. En la segunda grabación se puede escuchar perfectamente como el ministro dice: «El presidente lo sabe». Nuevamente Rajoy como último exponente de la trama.
El Mundo publicará una supuesta cuenta de Xavier Trías en Suiza, proporcionada por la Policía, que fue negada hasta por el banco helvético al no corresponderse la numeración con la de las entidades del país. Pese a ese dato incuestionable, la denuncia interpuesta por el dirigente es desestimada. Atención al dato: el juez del Supremo encargado de la redacción del auto de desestimación de la querella de Xavier Trías contra el ministro Jorge Fernández Díaz, fue José Manuel Maza. Trías consiguió desmentir esa información, pero el mal ya estaba hecho. Un año más tarde perdía las elecciones municipales.
Las presiones sobre la Fiscalía para judicializar la consulta del 9N en el año 2014 y 2015 fueron enormes, hasta el punto de provocar la dimisión del entonces Fiscal General del Estado Torres Dulce. Pocos días más tarde José Manuel Maza era nombrado Fiscal General. Amigo de José Villarejo, habría cobrado de una de las empresas que penden del grupo Cenyt (Cenyt Argo), al igual que a quien nombró fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. Todo el aparato del Estado actúa al unísono contra el soberanismo. No sólo las cloacas de Interior.
Aliados con Andorra y EEUU
En 2015 la caja de Pandora se destapa, soltando sus secretos lentamente. La Operación Nicolay, que llevó a la detención del veinteañero Francisco Nicolás Gómez Iglesias, saca a la luz una grabación con Javier de la Rosa donde se menciona el nombre del comisario Villarejo, la deuda contraída y el motivo. A partir de ese momento, los hechos comienzan a desencadenarse y los audios, informes falsos y policías que formaron la brigada política a ser descubiertos e ir cayendo poco a poco en manos de la justicia.
En el mes de marzo, el Tesoro de EEUU (FinCen) emite una nota en la que solicita la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), de la que eran dueños los hermanos Ramón e Higini Cierno, por albergar entre sus clientes a la mafia rusa de Andrei Petrov, a los chinos de Gao Ping o a venezolanos expoliadores de la petrolera estatal PDVSA.
El policía que había amenazado a la entidad y el propio DAO, Eugenio Pino, piden al banco las cuentas de la familia Pujol de las que le habían hablado De la Rosa y Victoria ÁLvarez. También tocaron a otro banco andorrano, Andbank, donde demasiados españoles de altas instituciones parecían tener guardado su dinero. El gobierno de Andorra tampoco tardó en fijar a la BPA como objetivo que servirle en bandeja al FinCen.
Un cargo del Banco de España en la década pasada nos confirmó que «la intervención del Banco de Madrid vinculado al 100% de sus acciones a la Banca Privada de Andorra les cogió absolutamente por sorpresa». ¿Puede ser posible tal cosa? «Sí, porqué la operación no respondía a motivos económicos, era un peldaño más en las maniobras contra el soberanismo, concretamente para obtener información de las cuentas de los Pujol en Andorra», asegura.
En la primera entrega de información sobre las cuentas de los Pujol en Andorra, los responsables policiales españoles se creen que les están tomando el pelo: «La cifra que aportan, unos tres millones de euros, es doscientas veces menor a la esperada por los responsables de la Operación Cataluña», como nos ha revelado un importante cargo policial.
En el mes de septiembre del 2015 Mariano Rajoy aprueba una reforma del Tribunal Constitucional de gran trascendencia, al habilitar al Alto Tribunal para suspender a cargos públicos. Empezaron entonces a promulgar leyes específicas para combatir al soberanismo.
Pegasus
Como ya es sabido, en el año 2016 Patricia López dio a conocer las conversaciones entre el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Esas conversaciones no ofrecen duda alguna sobre el modus operandi ilegal del entonces responsable de la seguridad de España en relación a los políticos independentistas. El mismo Congreso de los Diputados abrió una comisión de investigación que afirmó en sus conclusiones que se habían empleado recursos públicos y fondos reservados para atacar a los adversarios políticos del gobierno.
En 2017 también lo hizo el Parlament. El único político o funcionario nacional que acudió fue el comisario Marcelino Martín-Blas. Al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos los medios amigos del comisario le acusaban de haber participado en la Operación Cataluña, pero no tuvo ningún reparo en sentarse ante los diputados catalanes y explicar por qué el informe Pujol no era válido judicialmente y cómo trabajaba la brigada política al servicio del PP.
Sin embargo, ninguna de estas comisiones sobre la Operación Cataluña llevó sus conclusiones ante la Fiscalía para que abriera diligencias, aunque daban por confirmado la existencia de una policía que actuaba fuera de los cauces legales y el uso de fondos públicos contra adversarios.
En septiembre, con cambio de mando en Interior y en la Policía, las consecuencias de la guerra sucia culminaron con la nota atribuida a la CIA en la que se alertaba de un posible atentado islámico en Barcelona. A pesar de la ausencia de comunicación que había impuesto el director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), José Luis Olivera, con los Mossos d’Esquadra no perdió el tiempo en filtrar la «nota» al Periódico de Catalunya con el único fin de desprestigiar al jefe de dicho cuerpo policial, Josep Lluis Trapero, dos meses antes del referéndum del 1 de Octubre.
Poco a poco se van conociendo muchos más datos sobre las acciones ilegales de la Operación Cataluña. En el 2022, Citizen Lab reveló en un informe que se había utilizado el programa Pegasus para espiar a más de sesenta políticos y activistas sin ningún tipo de amparo judicial, un caso que se estudia en una comisión del Parlamento Europeo.
La realidad de la existencia de una Operación Cataluña es incuestionable. Con la admisión a trámite de la querella de Sandro Rosell por el juzgado de instrucción 13 de Madrid existe la posibilidad de que emerja toda la verdad. ¿Se podrá llegar al último eslabón de la cadena de mando para rendir cuentas ante la justicia? Lo que está en juego es ni más ni menos que la credibilidad de la democracia española.
