La Fiscalía de Cataluña investigará las presuntas pesquisas policiales dirigidas contra el ex fiscal superior de la comunidad autónoma Martín Rodríguez Sol. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Francisco Bañeres cuenta con la aprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para abrir estas diligencias.
La Fiscalía catalana, que cuenta con el plácet del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para abrir estas diligencias, acuerda a este efecto «recabar» a La Vanguardia y a Eldiario.es los documentos sobre los que estos medios han basado su investigación conjunta en relación al caso de Rodríguez Sol y «cualesquiera otros documentos que obren en su poder y guarden relación con los hechos objeto de la presente investigación».
En el decreto de incoación de diligencias preprocesales se ordena al comisario general de la Policía Judicial que investigue la veracidad del documento publicado. También pide conocer la fecha de publicación, los agentes que lo redactaron y, en su caso, las diligencias concretas que se realizaron contra el fiscal superior catalán para determinar los resultados que tuvo aquella investigación ilegal.
García Castellón y la Operación Cataluña
Pero no sólo estos medios han colaborado con esta investigación sobre la Operación Cataluña, por su parte, Crónica Libre, denunciaba como el juez García Castellón se negaba a abrir una pieza por la Operación Cataluña a pesar la ingente documentación que atesora. Según la investigación de nuestro medio, las víctimas de la Operación Cataluña, que fueron espiados ilegalmente por las cloacas de Interior solicitaron al juez García Castellón que abriera una pieza aparte dentro de la macrocausa Tándem.
El objetivo es judicializar aquella maraña de corrupción del Gobierno de Rajoy y del Partido Popular contra el independentismo catalán entre 2012 y 2016, con víctimas como Sandro Rosell o Jordi Pujol Ferrusola. Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional se niega repetidamente con un argumento lleno de incoherenciasa: que Villarejo no se lucró por esos encargos.
En realidad, tal y como denunció Crónica Libre, hay una guerra en la Audiencia Nacional por los movimientos de García Castellón contra la amnistía y el independentismo catalán.El primero que solicitó al juez Castellón la apertura de la pieza Operación Cataluña fue Jordi Pujol Ferrusola. Su defensa argumentó que les constaba que el socio de Villarejo en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, estaba «mercadeando» con la información confidencial que habían conseguido de forma ilegal. El contundente escrito se refería a la información confidencial conseguida a través de Victoria Álvarez, exnovia de Pujol y del empresario Javier de la Rosa, a quienes Villarejo convenció de que hablaran a cambio de pagos con fondos reservados del Ministerio del Interior.
La operación contra la directiva del F.C. Barcelona sí fue un negocio
Manuel García Castellón decidió que Rosell, no tenía suficientes indicios para personarse como perjudicado en la causa Tándem, a pesar de twnwe como prueba un audio en que la dirigente catalana del PP, Alicia Sánchez Camacho, mandaba a Villarejo investigarlo porque su padre había formado el partido Convergència i Unió (CiU) junto al expresident, Jordi Pujol. Sin embargo, un oficio de la Unidad de Asuntos Internos confirma que la operación contra la directiva del F.C. Barcelona sí fue un negocio privado por el que Villarejo se habría embolsado un millón de euros.
El derribo de la familia de Susana Monje se justificó políticamente como la investigación por colaborar con el independentismo. El proyecto Crooked es el encargo que el imputado en Gürtel, Alfonso García Pozuelo, le hizo al comisario Villarejo y así lo apuntó en su agenda.Xavier Vinyals también fue otro objetivo económico, con el proyecto Goblin. Seguiremos informando…
