Jordi Pujol Ferrusola, Sandro Rosell… algunas de las víctimas de las víctimas de la Operación Cataluña, espiados ilegalmente por las cloacas de Interior han solicitado al juez García Castellón que abra una pieza aparte dentro de la macrocausa Tándem para judicializar aquella maraña de corrupción del Gobierno de Rajoy y del Partido Popular contra el independentismo catalán entre 2012 y 2016. Pero el magistrado de la Audiencia Nacional se niega repetidamente con un argumento lleno de incoherencias si lo comparamos con sus propias decisiones en otras causas de corrupción política que él mismo investiga: que Villarejo no se lucró por esos encargos. Pero no fue así: Hasta un millón de euros se habría llevado el comisario por hundir la empresa familiar de la directiva financiera del F.C. Barcelona, Susana Monje.
«Subjetividad manifiesta a la hora de investigar los encargos políticos realizados por una parte del Partido Popular y que, sin duda pasaban por las manos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, además de por los Ministerios de Justicia e Interior, cuando no por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy». Acusaciones y defensas ponen en entredicho algunas decisiones del juez Manuel García Castellón, que prefiere tirar de mentiras antes que indagar en los trabajos ilegales de Villarejo para el PP, tal y como denunció Crónica Libre.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acumula hasta 34 piezas de la Operación Tándem, que investiga las actividades de Villarejo a través de su grupo empresarial Cenyt, con la que llevó a cabo determinados encargos, aprovechándose de su condición policial. En realidad, tal y como denunció Crónica Libre, hay una guerra en la Audiencia Nacional por los movimientos de García Castellón contra la amnistía y el independentismo catalán.
El socio de Villarejo en su empresa de detectives Cenyt «mercadeó» con la información confidencial de Jordi Pujol Ferrusola
El primero que solicitó al juez Castellón la apertura de la pieza Operación Cataluña fue Jordi Pujol Ferrusola. El primogénito del expresident pidió que se le considerara perjudicado por Villarejo para poder presentarse como acusación particular. Argumentaba la defensa del hijo de Pujol que les constaba que el socio de Villarejo en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, estaba «mercadeando» con la información confidencial que habían conseguido de forma ilegal. Fue en noviembre de 2020 cuando se presentó ese escrito en el que apuntaba a un delito de revelación de secretos.
Villarejo obtuvo información confidencial de la vida íntima del primogénito de Pujol, que falseó documentos mercantiles y que ofreció «cobertura económica y policial a distintos testigos para presentar declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador», según los abogados de Jordi Pujol Ferrusola
«El objetivo del grupo Cenyt era la mediación e intercambio de información de carácter personal, cuyo acceso estaba restringido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que aprovechándose de la facilidad que le otorgaba la doble condición de policía y de investigador privado le permitió el tráfico de dicha información con terceros», exponía la defensa de Jordi Pujol Ferrusola. El escrito presentado ante el juzgado de García Castellón argumentaba la existencia de indicios de que Villarejo obtuvo información confidencial de la vida íntima del primogénito de Pujol, que falseó documentos mercantiles y que ofreció «cobertura económica y policial a distintos testigos para presentar declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador».
El contundente escrito se refería a la información confidencial conseguida a través de Victoria Álvarez, exnovia de Pujol y del empresario Javier de la Rosa, a quienes Villarejo convenció de que hablaran a cambio de pagos con fondos reservados del Ministerio del Interior. No era la primera vez que Jordi Pujol Ferrusola solicitaba personarse como acusación particular contra Villarejo. Diez meses antes ya lo había intentado con otro escrito sin obtener respuesta alguna por parte del juez García Castellón. Esta vez sí hubo respuesta: no procede.
Las contradicciones de García Castellón: según su argumento para no abrir la causa Operación Cataluña, no debería existir la causa Kitchen
A pesar de que los abogados de Ferrusola aseguraban en su escrito que tenían constancia de que el socio de Villarejo estaba «mercadeando» -lo que implica un intercambio económico- el magistrado García Castellón desestimó la petición porque asegura que la causa no está vinculada con negocios privados del comisario Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional entra en contradicción consigo mismo y sus actuaciones en otra causa: Kitchen, que investiga las posibles ilegalidades del PP respecto a los sobresueldos y sobres B. En esta trama no se ha descubierto ningún acto privado de Villarejo más allá de deshacerse de las pruebas que incomodaban al Partido Popular.
Este argumento contradictorio utilizado por García Castellón para desestimar la petición de apertura de causa por la Operación Cataluña García impidiendo que se persone como acusación popular a Jordi Pujol Ferrusola es el mismo con utilizó para el mismo asunto con el expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell: no está vinculado con negocios privados de Villarejo. Manuel García Castellón decidió que Rosell, no tenía suficientes indicios para personarse como perjudicado en la causa Tándem, a pesar de aludir a un audio en que la dirigente catalana del PP, Alicia Sánchez Camacho, mandaba a Villarejo investigarlo debido a que su padre había formado el partido Convergència i Unió (CiU) junto al expresident, Jordi Pujol.
García Castellón desarrolla un nuevo argumento para desechar la personación de Sandro Rosell en Tándem
En grabaciones incautadas por la Unidad de Asuntos Internos en el primer registro a la casa de Villarejo se encontró, por ejemplo, una conversación entre Villarejo y el marido de Cospedal en el que hacían alusión a que la publicación en un medio de una grabación en la que se dejaba a Sánchez Camacho al descubierto y el comisario advertía a López del Hierro que el siguiente nombre que saldría era el de su esposa.
Esta es, precisamente, la misma base argumental por las que están abiertas las piezas Dina y Kitchen (trabajos ilegales encargados por el Gobierno del PP contra sus adversarios) y tras dictar un auto por el que abre la pieza 34 con audios filtrados por el entorno de Villarejo, es decir, que la policía no ha conseguido desencriptar, García Castellón desarrolla un nuevo argumento para desechar la personación de Sandro Rosell en Tándem.
El escrito del magistrado de la Audiencia Nacional
«Sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella, ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito, ella es diferente de que tales hechos deban ser investigados en el marco de las presentes DP 96/2.017. En la querella no se consigna en que modo se encuentran conectados los hechos narrados con la causa aquí seguida contra el excomisario Villarejo Pérez» escribe el juez titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.
«En este sentido, debemos recordar que en esta causa, tanto en la principal como en cada una de las piezas separadas, se investiga un mismo patrón de conducta delictiva: la contratación privada del ex comisario -mediante el grupo CENYT-, para prestar servicios que no podía desarrollar, dada su situación de policía en activo y, en ocasiones, con empleo de medios de investigación restringidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ella se cristalizaba en un encargo o proyecto, bajo un presupuesto y con abono de un precio por tal ilícita actividad», sentencia el juez García Castellón.
Un oficio de la Unidad de Asuntos Internos confirma que la operación contra la directiva del F.C. Barcelona sí fue un negocio privado por el que Villarejo se habría embolsado un millón de euros
Y ahí entra en otra contradicción: sí hubo negocio privado en la operación contra Susana Monje, directora económica del F.C. Barcelona en la época de Sandro Rosell. Y un oficio de la Unidad de Asuntos Internos lo confirma: García Castellón puede abrir la Operación Cataluña dentro de la causa Tándem gracias al proyecto Crooked. El proyecto Crooked es el encargo que el imputado en Gürtel, Alfonso García Pozuelo, le hizo al comisario Villarejo y así lo apuntó en su agenda. El derribo de la familia de Susana Monje se justificó políticamente como la investigación por colaborar con el independentismo.
Fue un encargo del abogado Javier Iglesias, un letrado de total confianza del PP, que tenía como clientes al ex tesorero Álvaro Lapuerta, y también al dueño de Constructora Hispánica y presunto donante de la Caja B, Alfonso García Pozuelo. El empresario tenía un procedimiento judicial con la constructora Essentium del Grupo Monje, fundado por Víctor Monje, de origen asturiano, que fue sucedido en la dirección por su hija Susana Monje. En la Operación Cataluña también hubo espionajes por venganza personal y éste fue uno de ellos.
Proyecto Crooked
El Grupo Monje originalmente tenía intereses en minería y producción de cemento, actividad esta última que fue vendida por una cantidad muy importante de dinero. Con los fondos obtenidos por la venta de las actividades en cemento, Monje diversificó su actividad en el mundo de la construcción. Una de las operaciones fue la compra de la constructora propiedad de la familia García Pozuelo de Madrid, Constructora Hispánica, para engordar su proyecto, llamado Assignia. Los Monje pagaron por la compañía unos 35 millones de euros, una parte de los cuales se aplazó. Y García Pozuelo utilizó 20 de esos millones para pagar a Hacienda y reducir su responsabilidad penal en Gürtel.
Pero tras cerrar la compra, Monje descubrió que los números que le habían facilitado no eran correctos. Los ingresos previstos estaban inflados y el presidente, José Luis Montesinos, al que pensaban inicialmente mantener en el cargo, se había construido una casa de alto standing a costa de la empresa. Entonces procedieron a demandar a los García Pozuelo para que les devolviera parte del dinero. Para defenderse de este pleito, los García Pozuelo contrataron al comisario Villarejo el proyecto de espionaje ilegal bautizado como CROOKED.
Las maneras de la Operación Cataluña: maquinaria policial y de la Agencia Tributaria hasta llevar a concurso de acreedores la empresa de la familia de Susana Monje, que facturaba 500 millones
Según la información encontrada en el registro de las viviendas y oficinas del comisario y de su socio Rafael Redondo, y que ha sido presentada en un oficio al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón, el comisario hizo tres propuestas de pago del millón de euros que presuntamente le cobró al constructor por librarle de los problemas judiciales que les estaban causando los Monje.
Susana Monje se convirtió en objetivo de la Operación Cataluña. Villarejo se aprovechó del encargo de los García Pozuelo para continuar con el acoso a los Monje, poniendo en marcha toda la maquinaria policial y de la Agencia Tributaria hasta llevar a concurso al grupo Assignia, que facturaba hasta entonces 500 millones de euros. La financiera Susana Monje denunció hace poco que la policía española le hizo chantaje con el objetivo de obtener información comprometida de la familia Pujol. En el año 2014, cuando Monje era tesorera de la junta directiva del Barça, empezaron a aparecer noticias negativas sobre su empresa Assignia.
Informes falsos y relaciones con Oriol Pujol
En el 2014, las cosas se agravaron para Monje. Dos falsos informes policiales, sin membrete y apócrifos, incluían sendos relatos sobre la directiva. En uno de ellos se puede leer: “Grupo empresarial Monje, al frente del cual actualmente se encuentra la hija del fundador, Esther [sic] actual tesorera del Barcelona FC que fue la encargada de adquirir las cartulinas que transformaron el estadio de fútbol en una enseña [sic] catalana».
Añaden que «dicho grupo recientemente ha abonado 20 millones de euros a Oriol Pujol, de los cuales parte podría haber terminado en manos de un dirigente del PSOE, por facilitar la compra coaccionada de la empresa Hispania [sic], que en su día estaba tasada en 500 millones, pero que finalmente fue adquirida por menos de 60. Esa compra fue factible ya que su propietario de entonces estaba inmerso en el sumario Gürtel y le comunicaron que ya no tendría ninguna obra pública más y que debería vender a dicho grupo inmobiliario catalán”.
En el segundo, ya se afirmaba que Monje tenía relaciones con Oriol Pujol y que la familia de este último era propietaria en la sombra del 18%. A inicios del 2015 Monje fue citada por funcionarios policiales a una reunión a la que acudió otro miembro de la brigada política, el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo o Blasillo por su relación con el dirigente de Fuerza Nueva Blas Piñar. Este le exigió datos sobre los Pujol, a los que ella no conocía.
Villarejo consiguió que varios medios de comunicación se hicieran eco de esas hojas sin autor conocido, lo que supuso una dura campaña para Monje y sus empresas, cuya cabecera acabó en suspensión de pagos en 2017. Se le abrieron constantes expedientes de Hacienda y terminó en concurso de acreedores. Villarejo se habría llevado por este trabajo un millón de euros.
