El juez Manuel García Castellón puede abrir la Operación Cataluña dentro de la causa Tándem, según un oficio de la Unidad de Asuntos Internos. El proyecto Crooked es el encargo que el imputado en Gürtel, Alfonso García Pozuelo, le hizo al comisario Villarejo. El derribo de la familia Monje se justificó políticamente como la investigación a la financiera del Barça que presidía Sandro Rosell, Susana Monje, por colaborar con el independentismo. Xavier Vinyals también fue otro objetivo económico, con el proyecto Goblin.
El comisario José Manuel Villarejo Pérez anotó desde 2012 en su agenda todos los encargos que realizó bajo el amparo de la Operación Cataluña y por los que cobró suculentas cantidades, llegando a hundir empresas, como demuestra la investigación de Crónica Libre y La Vanguardia.
Algunas de las víctimas de la Operación Cataluña son personas sin responsabilidades políticas, miembros de la sociedad civil. Su delito consistió en estar en el punto de mira de algunas de las fuentes del policía, como Javier de la Rosa, el narcobanquero José María Clemente Marcet o el constructor imputado en Gürtel, Alfonso García Pozuelo.
Se utilizaron las cloacas para llevar a cabo episodios de venganza personal, de interés económico o empresarial, sin vinculación directa con la política. En ellas que el comisario mezcló sus dos negocios, por un lado era el abogado Villarejo, Manuel Villar o el periodista Javier Hidalgo y por otro era el comisario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino.
Siempre a las órdenes de su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. De los líderes del partido que lleva en el corazón, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su presidente Mariano Rajoy. Siempre dándolo todo por la patria… Y por la cartera.
De Gürtel al Barça
En noviembre de 2012, cuando Villarejo recibe las órdenes de Cospedal, Fernández Díaz y de Alicia Sánchez Camacho para iniciar la Operación Cataluña, según las anotaciones y audios que realizó el comisario, entra en contacto además de con Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez con el abogado Javier Iglesias.
Este letrado, de total confianza del PP, tenía como clientes al ex tesorero Álvaro Lapuerta, y también al dueño de Constructora Hispánica y presunto donante de la Caja B, Alfonso García Pozuelo. El empresario tenía un procedimiento judicial con la constructora Essentium del Grupo Monje, fundado por Víctor Monje, de origen asturiano, que fue sucedido en la dirección por su hija Susana Monje.
El 25 de octubre del 2012, casi en el arranque de la Operación Cataluña, Villarejo anota en su agenda una conversación con el abogado Javier Iglesias, relacionado con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
El 25 de octubre del 2012, casi en el arranque de la Operación Cataluña, Villarejo anota en su agenda una conversación con el abogado Javier Iglesias, relacionado con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
La anotación se completa con la frase: “OK con proyecto Pozuelo”. Y a partir de ese momento, las referencias a Monje son frecuentes. Incluso formará parte de su plan de trabajo clave en Barcelona, según él mismo refirió en sus manuscritos, donde hay referencias a Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a quien Monje había introducido en sus consejos de administración, y al que Villarejo calificaba de clave para su campaña.
Susana Monje era a su vez la directora financiera del Fútbol Club Barcelona en la presidencia de Sandro Rosell y se convirtió en uno de los primeros objetivos de la Operación Cataluña señalados en la agenda el 6 de noviembre de 2012, junto a Oriol Pujol o a Carlos Sumarroca. ¿El motivo? Fuentes conocedoras de la operación del constructor aseguran que «el abogado Javier Iglesias se puso en contacto con Villarejo porque le habían dicho que había participado en la investigación de Gürtel, cuando era policía aunque ahora era abogado. A partir de ahí comenzó a preguntarle por Susana Monje, su relación con el Barça, y después García Pozuelo entró en contacto con el comisario».
Proyecto Crooked
El Grupo Monje originalmente tenía intereses en minería y producción de cemento, actividad esta última que fue vendida por una cantidad muy importante de dinero.
Con los fondos obtenidos por la venta de las actividades en cemento, Monje diversificó su actividad en el mundo de la construcción. Una de las operaciones fue la compra de la constructora propiedad de la familia García Pozuelo de Madrid, Constructora Hispánica, para engordar su proyecto, llamado ASSIGNIA.
Los Monje pagaron por la compañía unos 35 millones de euros, una parte de los cuales se aplazó. Y García Pozuelo utilizó 20 de esos millones para pagar a Hacienda y reducir su responsabilidad penal en Gürtel.
Pero tras cerrar la compra, Monje descubrió que los números que le habían facilitado no eran correctos. Los ingresos previstos estaban inflados y el presidente, José Luis Montesinos, al que pensaban inicialmente mantener en el cargo, se había construido una casa de alto standing a costa de la empresa. Entonces procedieron a demandar a los García Pozuelo para que les devolviera parte del dinero.
Para defenderse de este pleito, los García Pozuelo contrataron al comisario Villarejo el proyecto de espionaje ilegal bautizado como CROOKED.
Según la información encontrada en el registro de las viviendas y oficinas del comisario y de su socio Rafael Redondo, y que ha sido presentada en un oficio al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón, el comisario hizo tres propuestas de pago del millón de euros que presuntamente le cobró al constructor por librarle de los problemas judiciales que les estaban causando los Monje.
El informe CROOKED, incluido en la pieza 35 de la causa Tándem explica estas tres opciones de pago: A) 90.000 euros de provisión de fondos más el 18% del éxito; B) 180.000 de provisión de fondos más un 15% del éxito y la C) 270.000 euros de provisión y un 12% del éxito.
Tras la contratación, Villarejo comenzó toda suerte de maniobras para el archivo de la causa judicial, como finalmente pasó, pero además Susana Monje se convirtió en objetivo de la Operación Cataluña. Villarejo se aprovechó del encargo de los García Pozuelo para continuar con el acoso a los Monje, poniendo en marcha toda la maquinaria policial y de la Agencia Tributaria hasta llevar a concurso al grupo ASSIGNIA, que facturaba hasta entonces 500 millones de euros.
Denuncia a la brigada política
La financiera Susana Monje denunció hace poco que la policía española le hizo chantaje con el objetivo de obtener información comprometida de la familia Pujol. En el año 2014, cuando Monje era tesorera de la junta directiva del Barça, empezaron a aparecer noticias negativas sobre su empresa Assignia.
En el 2014, las cosas se agravaron para Monje. Dos falsos informes policiales, sin membrete y apócrifos, incluían sendos relatos sobre la directiva. En uno de ellos se puede leer: “Grupo empresarial Monje, al frente del cual actualmente se encuentra la hija del fundador, Esther [sic] actual tesorera del Barcelona FC que fue la encargada de adquirir las cartulinas que transformaron el estadio de fútbol en una enseña [sic] catalana».
Añaden que «dicho grupo recientemente ha abonado 20 millones de euros a Oriol Pujol, de los cuales parte podría haber terminado en manos de un dirigente del PSOE, por facilitar la compra coaccionada de la empresa Hispania [sic], que en su día estaba tasada en 500 millones, pero que finalmente fue adquirida por menos de 60. Esa compra fue factible ya que su propietario de entonces estaba inmerso en el sumario Gürtel y le comunicaron que ya no tendría ninguna obra pública más y que debería vender a dicho grupo inmobiliario catalán”.
En el segundo, ya se afirmaba que Monje tenía relaciones con Oriol Pujol y que la familia de este último era propietaria en la sombra del 18%.
A inicios del 2015 Monje fue citada por funcionarios policiales a una reunión a la que acudió otro miembro de la brigada política, el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo o Blasillo por su relación con el dirigente de Fuerza Nueva Blas Piñar. Este le exigió datos sobre los Pujol, a los que ella no conocía.
Villarejo consiguió que varios medios de comunicación se hicieran eco de esas hojas sin autor conocido, lo que supuso una dura campaña para Monje y sus empresas, cuya cabecera acabó en suspensión de pagos en 2017. Se le abrieron constantes expedientes de Hacienda y terminó en concurso de acreedores.
Proyecto Goblin
El caso de persecución de Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes y cónsul de Letonia en Barcelona, se bautizó por la empresa Cenyt del comisario Villarejo como Proyecto Goblin.
Aunque Vinyals sí que es independentista, no fue espiado sólo por esa razón. El empresario y excuñado del político Daniel Castells pagó a Villarejo 150.000 euros para investigar los asuntos privados de Vinyals y utilizar esta información en diversos pleitos de naturaleza privada que mantenía con él.
Por este asunto el juez Manuel García Castellón citó a declarar en julio del 2022 al comisario jubilado, su socio Rafael Redondo, al policía Antonio Giménez Raso y al propio Daniel Castells. El juez investiga a Villarejo por soborno a funcionario y revelación de secretos en la pieza 33 de la causa Tándem.
La Policía identificó además el pasado mes de enero a un miembro de la Guardia Civil como autor de las consultas al sistema de bases del Ministerio del Interior para obtener información sobre Xavier Vinyals y entregársela a Villarejo.
En 2020 Xavier Vinyals fue detenido por la Guardia Civil, encarcelado y la sede de la Plataforma que preside registrada por delitos presuntamente relacionados con el blanqueo de dinero, malversación y desórdenes públicos. Detrás de esos delitos se buscaba el desvío de fondos hacia la persona del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
En ese operativo también fueron detenidos el exconseller de Governación Xavi Vendrell, el ex dirigente de Convergencia David Madí y el editor Oriol Soler, entre otros. Todos fueron puestos en libertad con cargos.
Este encargo de espionaje privado acabó siendo utilizado tres años más tarde para su imputación en la operación Volhov, que investiga la relación de espías rusos con el movimiento independentista.
Vinyals y el apoyo ruso
El informe Goblin, de 26 páginas y con fecha de 16 de noviembre del 2016, se tituló: “Investigación reputacional (solvencia moral y empresarial) de Xavier Vinyals”. El objetivo, según el propio documento, era buscar “indicios útiles de alguna actitud o situación deshonesta”.
Fue el policía reciclado en detective y socio de Villarejo, Antonio Giménez Raso, fue quien llevó a cabo en este caso la extorsión sobre el político de ERC. Contactó con el abogado de Vinyals y le dijo que si no retiraba la denuncia contra Castells, saldrían informaciones que podrían afectar a su honorabilidad.
En febrero del 2016, el comisario y sus colaboradores policiales presuntamente filtraron a un medio un supuesto informe policial que acusaba a la familia Pujol de haber pagado seis millones de euros al ex primer ministro letón y entonces vicepresidente de la Comisión Europea para apoyar la independencia de Catalunya.
La causa contra Vinyals en Volhov, por la que aún está imputado, arrancó por una denuncia presentada de forma anónima ante la unidad de delitos económicos y financieros de la Policía (UDEF) el 2019. Estaba calcada, párrafo a párrafo, del informe fabricado por José Manuel Villarejo para su negocio privado.
En la causa Volhov, que se centra en las conexiones rusas del procés, se investiga si las subvenciones que recibió Vinyals con la Plataforma Pro Seleccions Catalanas sirvieron para pagar la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica.
