La Audiencia Provincial de Madrid archiva la querella de Sandro Rosell contra el comisario Villarejo; su socio y policía, Antonio Jiménez Raso, alias El bigotes. El agente del FBI, Marc Barri; y el agente de la UDEF, Alberto Estévez por los delitos de organización criminal, acusación y denuncia falsa, falsedad en documento oficial y detención ilegal dentro de la Operación Cataluña. En un primer momento, el juez Hermenegildo Barrera, titular del Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid, y de la fiscal de Madrid, Silvia Galdolfo, sí vieron pertinente abrir diligencias por graves delitos después de que el juez García Castellón rechazara repetidas veces la apertura de diligencias a pesar de la ingente documentación que atesora. A pesar de no admitir a trámite la demanda del expresidente del FC Barcelona, García Castellón reconoció en su auto «la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella» y «la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito«.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella formulada por Sandro Rosell contra tres mandos del Cuerpo Nacional de Policía y un oficial del FBI por la supuesta comisión de los delitos de organización criminal, acusación y denuncia falsa, falsedad en documento oficial y detención ilegal, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 13, que, con la información aportada en la demanda, entendió la necesidad de abrir diligencias, que después fueron archivadas.
La Sala entiende ahora que no hay pruebas suficientes que avalen los hechos denunciados que justifiquen continuar con la investigación sobre la supuesta operación orquestada por el Estado contra Sandro Rosell dentro de la conocida como Operación Cataluña. Contra esta resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno. La Justicia vuelve a dar la espalda a Sandro Rosell, que pasó dos años en la cárcel injustamente, según ha denunciado Crónica Libre aportando pruebas que lo demuestran.
La Justicia cierra la puerta a las querellas contra la brigada política al margen de Castellón Castellón
El juez Hermenegildo Barrera, titular del Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid, y de la fiscal de Madrid, Silvia Galdolfo, sí vieron pertinente abrir diligencias por graves delitos admitiendo la querella de Sandro Rosell. Con esta decisión judicial se abría la veda de las querellas contra la brigada política, al margen de la causa Tándem, que con su archivo, terminaría cerrándose.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado portazo a todos los intentos de que se abran nuevas piezas que afectan a la investigación ilegal que se realizó contra líderes independentistas catalanes o empresarios influyentes, conocida como Operación Cataluña o Proyecto Barna. La decisión ahora de la Audiencia Provincial de Madrid cierra la puerta a todas las víctimas de este juego sucio que llevan años intentando que se haga justicia. Los señalamientos de los afectados vinieron desde el propio Partido Popular y el Ministerio del Interior en el año 2012, según desveló en exclusiva Crónica Libre.
Sandro Rosell pasó dos años en la cárcel por un informe falso que hizo el agente de la UDEF demandado
Según la agenda del comisario José Manuel Villarejo, el 6 de noviembre de 2012, ASC (Alicia Sánchez Camacho) y cuyo alias es Modista le facilitó al policía un listado de nombres entre los que se encontraba Felip Puig (exconsejero de Interior), Carlos Sumarroca (empresario y fundador de CiU), Carlos Godó (dueño de La Vanguardia), Susana Monje (en la junta del Barcelona en ese momento), Jaume Giró u Oriol Pujol, además de facilitarle el teléfono de algunas fuentes como la de Victoria Álvarez, de quien apunta que es un contacto del entonces jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, y que ha tenido dos años de relación con Jordi Pujol Ferrusola.
Tanto el juez Hermenegildo Barrera como la fiscal de Madrid, Silvia Galdolfo, sí vieron pertinente en un primer momento abrir diligencias por graves delitos contra el comisario Villarejo, su socio, y también policía, Antonio Giménez Raso -conocido como El Bigotes en el sector de la investigación privada-, el agente del FBI que estuvo destinado en la embajada de EEUU en 2015, Marc Varri, y el agente de la UDEF, Alberto Estévez, que realizó el informe que llevó a Sandro Rosell a cumplir dos años a prisión con pruebas inconsistentes como finalmente se vio en el juicio. Finalmente, la querella fue archivada.
García Castellón reconoció en su auto «la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella» y «la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito«.
Como bien se escucha en uno de los audios filtrado por el propio Villarejo, Alicia Sánchez Camacho es la que señala a Sandro Rosell debido a que, como se explica en la querella, «algunos de los responsables de la citada trama político-policial le consideraban, al parecer, vinculado con el independentismo. Esta circunstancia, unida a la indudable relevancia social del FCB, puso al querellante en el punto de mira de dicho entramado delictivo».
Los delitos son de organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación de caudales públicos y detención ilegal. Aunque García Castellón no admitió la primera querella interpuesta por Rosell, reconoció en su auto «la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella» y «la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito«.
El juez García Castellón se niega a abrir una pieza por la Operación Cataluña a pesar de la ingente documentación que atesora.
Sandro Rosell no es la única víctimas de la Operación Cataluña, espiados ilegalmente por las cloacas de Interior que han solicitado al juez García Castellón que abra una pieza aparte dentro de la macrocausa Tándem para judicializar aquella maraña de corrupción del Gobierno de Rajoy y del Partido Popular contra el independentismo catalán entre 2012 y 2016.
El primero que solicitó al juez Castellón la apertura de la pieza Operación Cataluña fue Jordi Pujol Ferrusola. El primogénito del expresident pidió que se le considerara perjudicado por Villarejo para poder presentarse como acusación particular. Argumentaba la defensa del hijo de Pujol que les constaba que el socio de Villarejo en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, estaba «mercadeando» con la información confidencial que habían conseguido de forma ilegal. Fue en noviembre de 2020 cuando se presentó ese escrito en el que apuntaba a un delito de revelación de secretos.
A pesar de que los abogados de Ferrusola aseguraban en su escrito que tenían constancia de que el socio de Villarejo estaba «mercadeando» -lo que implica un intercambio económico- el magistrado García Castellón desestimó la petición porque asegura que la causa no está vinculada con negocios privados del comisario Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional entra en contradicción consigo mismo y sus actuaciones en otra causa: Kitchen, que investiga las posibles ilegalidades del PP respecto a los sobresueldos y sobres B. En esta trama no se ha descubierto ningún acto privado de Villarejo más allá de deshacerse de las pruebas que incomodaban al Partido Popular.
Este argumento contradictorio utilizado por García Castellón para desestimar la petición de apertura de causa por la Operación Cataluña García impidiendo que se persone como acusación popular a Jordi Pujol Ferrusola es el mismo con utilizó para el mismo asunto con el expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell: no está vinculado con negocios privados de Villarejo. Manuel García Castellón decidió que Rosell, no tenía suficientes indicios para personarse como perjudicado en la causa Tándem, a pesar de aludir a un audio en que la dirigente catalana del PP, Alicia Sánchez Camacho, mandaba a Villarejo investigarlo debido a que su padre había formado el partido Convergència i Unió (CiU) junto al expresident, Jordi Pujol.
