El compromiso para continuar con las investigaciones sobre la Operación Cataluña y el caso Pegasus han sido decisivos para el acuerdo del PSOE con Junts y con Esquerra, que han dado la presidencia del Congreso a Francina Armengol. Las cloacas del gobierno de Mariano Rajoy seguirán siendo protagonistas esta legislatura para intentar esclarecer algo que Crónica Libre lleva denunciando desde su nacimiento hace más de un año. Estas son las claves de las investigaciones periodísticas de este digital sobre el juego sucio del PP contra el soberanismo catalán que ha durado más de una década. Esta historia va de grabaciones, encargos a policías amigos, pagos con fondos reservados del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz o del PP a través de Dolores de Cospedal, fiscales compinchados, informes y noticias falsas, escuchas y detenciones ilegales… Todo con el conocimiento del expresidente Rajoy. Ahí están las grabaciones: «El jefe lo sabe»
El ataque contra empresarios, políticos y activistas catalanes empezó hace una década hasta que, por fin, el pasado marzo la Operación Cataluña llegara a los juzgados. Enumerar las operaciones de guerra sucia que el Estado ha llevado a cabo contra el soberanismo catalán es complejo. Primero por la diversidad de los elementos que forman la llamada Operación Cataluña y que han participado o colaborado de una u otra manera, desde políticos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, fiscales, jueces, empresarios y periodistas.
Se han fabricado informes falsos, se han utilizado a funcionarios y recursos públicos para hacer investigaciones prospectivas sobre personas vinculadas al soberanismo, se han vulnerado los más elementales derechos de los ciudadanos con escuchas e intervenciones sin mandato judicial, se han atacado Instituciones legales constitucionalmente, se han abierto causas judiciales que atacan directamente al derecho de manifestación o al de la libertad de expresión.
Paralelamente, la justicia ha sido extremadamente rápida en la tramitación de los expedientes relacionados con personas supuestamente vinculadas al soberanismo, de la misma forma que ha sido extremadamente lenta en casos vinculados, por ejemplo, a la financiación irregular del PP. Y mientras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) creaba informes y pagaba a testigos para abrir la causa Pujol, su máximo jefe en ese momento, el comisario José Luis Olivera, ordenaba no investigar al enigmático M. Rajoy o a L. Hierro dentro de la causa de los papeles del tesorero del PP, Luis Bárcenas.
¿Cuándo empezó la Operación Cataluña?
A efectos prácticos, y según la agenda del comisario José Manuel Villarejo, el inicio de la Operación Cataluña fue en el año 2012. Pero el primer indicio lo dio el Partido Popular en la oposición, cuando en 2006 Mariano Rajoy se lanzó a recoger firmas contra el Estatut del expresident Artur Mas.
Un ejemplo más claro de que el PP comenzaba a diseñar una estrategia lo tenemos en junio de 2009. La entonces representante catalana Alicia Sánchez Camacho arremetió duramente contra el Ayuntamiento de Arenys de Munt, que organizó una consulta popular sobre el independentismo. En la sala de plenos que decidió la consulta se encontraron cámaras y micrófonos ocultos y muchos responsables del consistorio recibieron amenazas. La atmósfera política en Cataluña, a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, estaba muy cargada. El fallo propició una manifestación multitudinaria bajo el lema de “Som una nació, nosaltres decidim” (Somos una nación, nosotros decidimos).
Un sector muy importante del electorado catalán empezó entonces a decantarse hacia el soberanismo y las luces de alarma se encendieron en la calle Génova de Madrid. Sánchez Camacho tenía una excelente relación con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que había ascendido de consejera de la Comunidad de Madrid a mano dura del partido en 2007. Como secretaria general había recibido el encargo de llevar al PP a La Moncloa y para lograrlo tenía dos misiones fundamentales: acabar la Gürtel de corrupción, que minaba día a día al partido en Madrid, Valencia, Galicia, Castilla La Mancha… y fijar las miradas en Cataluña.
¿Cuándo se conocieron Cospedal y Villarejo?
Ese 2009 y gracias a la mediación de su marido, el empresario y ex miembro de Alianza Popular Ignacio López del Hierro, conoció al comisario Villarejo en la propia sede de Génova. Allí le hace el primero de los encargos, relacionado con las causas judiciales al PP, dejándole claro que «el jefe lo sabe«. Es decir, el presidente del PP, Mariano Rajoy.
Paralelamente y con ayuda de quien sería más tarde jefe de gabinete del presidente Rajoy, Jorge Moragas, se organizó la comida en el famoso restaurante La Camarga entre la diputada del PP Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez, compañera de estudios del político y ex del hijo del expresident Jordi Pujol. La Operación Cataluña, en su definición, ya estaba en marcha. Las grabaciones de esa comida han dado muchas claves para entender los movimientos de las maneras ilegales del PP. Victoria Álvarez cobró de los fondos reservados a través del comisario Villarejo para testificar contra la familia Pujol. No fue la única, ocurrió también con Javier de la Rosa.
El PP llega al gobierno y entra en juego Jorge Fernández Díaz
A finales de 2011 el PP llega al gobierno y Mariano Rajoy nombra ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz, durante mucho tiempo responsable del partido en Cataluña, amigo incluso en una época del expresident Jordi Pujol i Soley y, según su criterio, la persona indicada para llevar a cabo el plan diseñado junto a la secretaria del PP, María Dolores de Cospedal.
Septiembre se les vino encima y el día 12 vieron cómo una Diada soberanista llenaba las calles de Cataluña como nunca antes se había visto. A los pocos días comenzaron las primeras anotaciones en la agenda del comisario Villarejo, con órdenes que venían desde el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino; de Ignacio López del Hierro; de Cospedal; de Alicia Sánchez Camacho; y hasta del jefe de gabinete del ministro, Francisco Martínez.
La secretaria general del PP conocía al comisario desde 2009. Al ministro Fernández Díaz, según fuentes de Interior de aquella época, se lo recomendó el valenciano Juan Cotino, exdirector de la Policía, miembro del Opus Dei y con su familia metida en la Gürtel valenciana.
Estás primeras anotaciones, como la del 6 de noviembre, demuestran el origen político del encargo. Ese día la Modista -alias de Alicia Sánchez Camacho- entregó al comisario Villarejo un listado de personas a investigar como Oriol Pujol, Artur Mas, Carlos Sumarroca, Jaume Giró o Susana Monge. El exvicepresidente de la Generalitat, Giró, como el ex presidente del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell utilizaron estos indicios en las querellas que han sido interpuestas o admitidas en los juzgados de instrucción de Madrid.
La primera acción mediática de las cloacas
Es el 16 de noviembre de 2012 se produce la primera acción clara de las cloacas contra uno de estos objetivos con la publicación en El Mundo, en plena campaña electoral de las autonómicas catalanas, de una noticia que vinculaba a Pujol y Mas con cuentas en Suiza, en base a un supuesto informe de la UDE, sin fecha ni firma. La Fiscalía Anticorrupción en ese momento se desvinculó de ese informe.
En ese momento el comisario Villarejo ya había contactado con Victoria Álvarez, ex de Jordi Pujol Jr, bajo el pseudónimo de Javier Hidalgo. Le dijo que era periodista, que colaboraba con el Centro Nacional del Inteligencia (CNI) y, además de protección, le garantizó un sueldo de los fondos reservados del 2.000 euros al mes. El ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz lo pagó religiosamente -nadie sabe si lo sigue cobrando- y para la Fiscalía Anticorrupción y el juez del instrucción de la Audiencia Nacional que lleva la causa Pujol, «Vicky es una testigo fiable«.
También había entablado Villarejo intercambio de intereses con Javier de la Rosa. En esta ocasión haciéndose pasar por el abogado Manuel Villar, también agente del CNI, al que pagó 100.000 euros y dejó a deber otro 100.000. Ese fue el motivo por el que De la Rosa no ratificó la denuncia ante la Audiencia Nacional y sólo declaró en la UDEF y proporcionó información al comisario para elaborar el citado informe que nadie quiso coger.
Según audios obtenidos a lo largo de esta investigación, el dinero de De la Rosa no salió de Interior. Vino directamente del fondo que tenía el PP y que manejaba María Dolores de Cospedal para estos menesteres.
Para justificar la información que estaban utilizando y que habían obtenido, en parte, de la grabación de la comida en el restaurante La Camarga, que había hecho la agencia de detectives Método 3, la policía entró en la agencia de detectives Método 3 que dirigía Francisco Marco, alegando que se habían hecho con tal grabación, que sería difundida poco después.
Informaciones falsas de El Mundo y La Razón, claves para el juego sucio
En el mes de febrero del 2014 un grupo de jueces catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir y argumentaron su posible encaje en la Constitución. Muchos de ellos no eran independentistas, solo partidarios de una consulta. Una semana más tarde La Razón publicaba a doble página las fotografías de los 33 magistrados, como si de un grupo de delincuentes se tratara. Las fotos que utilizó La Razón eran de los DNI de los afectados y sólo podían proceder del Ministerio del Interior. Pese al escándalo, y al reconocimiento del delito, la causa quedó archivada.
En 2014 la Banca Privada de Andorra (BPA) recibió los primeros chantajes por parte de un agregado a la embajada española, Celestino Barroso. Diez meses más tarde, en marzo del 2015, aparece una nota del FinCEN denunciando supuestas irregularidades en el banco andorrano.
Pero si hay un mes que deja las cosas claras es octubre de 2014. Los días 2 y 14 de octubre, un mes antes de la consulta soberanista del 9N, en el Ministerio del Interior andaban como locos buscando como dinamitar la que se les venía encima.
Las conversaciones entre el ministro Jorge Fernández Dïaz y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, delataban complicidad en el caso Trías y las malas artes que se querían aplicar con Oriol Junqueras o que ya se habían aplicado para acabar con la sanidad en Cataluña. En la segunda grabación se puede escuchar perfectamente cómo el ministro dice: «El presidente lo sabe«. Nuevamente Rajoy como último exponente de la trama.
El papel de la Justicia, fundamental para estas maneras ilegales
El Mundo publicó una supuesta cuenta de Xavier Trías en Suiza, proporcionada por la Policía, que fue negada hasta por el banco helvético al no corresponderse la numeración con la de las entidades del país. Pese a ese dato incuestionable, la denuncia interpuesta por el político catalán fue desestimada. El juez del Tribunal Supremo encargado de la redacción del auto de desestimación de la querella de Xavier Trías contra el ministro Jorge Fernández Díaz, fue José Manuel Maza. Trías consiguió desmentir esa información, pero el mal ya estaba hecho. Un año más tarde perdía las elecciones municipales.
Las presiones sobre la Fiscalía para judicializar la consulta del 9N en el año 2014 y 2015 fueron enormes, hasta el punto de provocar la dimisión del entonces Fiscal General del Estado Torres Dulce. Pocos días más tarde, José Manuel Maza era nombrado Fiscal General. Amigo de José Villarejo, habría cobrado de una de las empresas que penden del grupo Cenyt (Cenyt Argo), al igual que a quien nombró fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. Todo el aparato del Estado actúa al unísono contra el soberanismo. No sólo las cloacas de Interior.
Los policías de la brigada política fueron cayendo a partir de 2015
En 2015 la caja de Pandora se destapa, soltando sus secretos lentamente. La Operación Nicolay, que llevó a la detención del veinteañero Francisco Nicolás Gómez Iglesias, sacó a la luz una grabación con Javier de la Rosa donde se mencionaba el nombre del comisario Villarejo, la deuda contraída y el motivo. A partir de ese momento, los hechos comenzaron a desencadenarse y los audios, informes falsos y policías que formaron la brigada política a ser descubiertos e ir cayendo poco a poco en manos de la justicia.
En el mes de marzo, el Tesoro de EEUU (FinCen) emitió una nota en la que solicitaba la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), de la que eran dueños los hermanos Ramón e Higini Cierno, por albergar entre sus clientes a la mafia rusa de Andrei Petrov, a los chinos de Gao Ping o a venezolanos expoliadores de la petrolera estatal PDVSA.
El policía que había amenazado a la entidad y el propio DAO, Eugenio Pino, pidieron al banco las cuentas de la familia Pujol de las que le habían hablado De la Rosa y Victoria Álvarez. También tocaron a otro banco andorrano, Andbank, donde demasiados españoles de altas instituciones parecían tener guardado su dinero. El gobierno de Andorra tampoco tardó en fijar a la BPA como objetivo que servirle en bandeja al FinCen.
Un cargo del Banco de España en la década pasada confirmó a periodistas de este digital que «la intervención del Banco de Madrid vinculado al 100% de sus acciones a la Banca Privada de Andorra les cogió absolutamente por sorpresa«. ¿Puede ser posible tal cosa? «Sí, por que la operación no respondía a motivos económicos, era un peldaño más en las maniobras contra el soberanismo, concretamente para obtener información de las cuentas de los Pujol en Andorra«, asegura.
En la primera entrega de información sobre las cuentas de los Pujol en Andorra, los responsables policiales españoles pensaron que les estaban tomando el pelo: «La cifra que aportan, unos tres millones de euros, es doscientas veces menor a la esperada por los responsables de la Operación Cataluña«, ha revelado a esta redacción un importante cargo policial.
En el mes de septiembre del 2015 Mariano Rajoy aprobó una reforma del Tribunal Constitucional de gran trascendencia, al habilitar al Alto Tribunal para suspender a cargos públicos. Empezaron entonces a promulgar leyes específicas para combatir al soberanismo.
Pegasus
Villarejo confirmó la compra de un ‘Pegasus’, su utilización en Cataluña y que Cospedal lo autorizó, tal y como desveló Crónica Libre en exclusiva. Durante su declaración ante el juez del Juzgado de Instrucción nº 13, Hermenegildo Barrera, por la detención ilegal de Sandro Rosell, Villarejo confirmó la compra ilegal de un software tipo “Pegasus” para espiar teléfonos que fue desplegado y usado en Cataluña.
En su declaración judicial Villarejo afirmó que fue al antiguo DAO de la Policía, Agustín Linares el encargado de conseguir y comprar el software a una empresa israelí llamada Rayzone Group, que ha resultado ser un intermediario autorizado de Pegasus.
Para la compra de este software, que se hizo con fondos reservados, y su posterior despliegue en Cataluña, no existe ni registro policial ni orden judicial alguna. Ni tampoco han quedado informes conocidos de que personas fueron espiadas. Pero lo que queda claro ahora es que la operación la realizaron Agustín Linares, ex DAO de la Policía, Eugenio Pino, DAO de la Policía en ese momento y José Fuentes Gago Jefe de Gabinete del anterior.
Y una cosa de las más interesantes de esta compra es que se hizo, según Villarejo, con la aprobación de María Dolores de Cospedal, según apuntó en su agenda Villarejo el 24 de marzo de 2013, como se observa a continuación:.
No hay dudas sobre el modus operandi ilegal
Como ya es sabido, en el año 2016, Patricia López, directora de este digital, dio a conocer las conversaciones entre el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Esas conversaciones no ofrecen duda alguna sobre el modus operandi ilegal del entonces responsable de la seguridad de España en relación a los políticos independentistas. El mismo Congreso de los Diputados abrió una comisión de investigación que afirmó en sus conclusiones que se habían empleado recursos públicos y fondos reservados para atacar a los adversarios políticos del gobierno.
En 2017 también lo hizo el Parlament. El único político o funcionario nacional que acudió fue el comisario Marcelino Martín-Blas. Al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos los medios amigos del comisario le acusaban de haber participado en la Operación Cataluña, pero no tuvo ningún reparo en sentarse ante los diputados catalanes y explicar por qué el informe Pujol no era válido judicialmente y cómo trabajaba la brigada política al servicio del PP.
Sin embargo, ninguna de estas comisiones sobre la Operación Cataluña llevó sus conclusiones ante la Fiscalía para que abriera diligencias, aunque daban por confirmado la existencia de una policía que actuaba fuera de los cauces legales y el uso de fondos públicos contra adversarios.
El informe que revela que se utilizó el programa Pegasus para espiar a más de sesenta políticos y activistas sin ningún tipo de amparo judicial
En septiembre, con cambio de mando en Interior y en la Policía, las consecuencias de la guerra sucia culminaron con la nota atribuida a la CIA en la que se alertaba de un posible atentado islámico en Barcelona. A pesar de la ausencia de comunicación que había impuesto el director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), José Luis Olivera, con los Mossos d’Esquadra no perdió el tiempo en filtrar la «nota» al Periódico de Catalunya con el único fin de desprestigiar al jefe de dicho cuerpo policial, Josep Lluis Trapero, dos meses antes del referéndum del 1 de Octubre.
Poco a poco se van conociendo muchos más datos sobre las acciones ilegales de la Operación Cataluña. En el 2022, Citizen Lab reveló en un informe que se había utilizado el programa Pegasus para espiar a más de sesenta políticos y activistas sin ningún tipo de amparo judicial, un caso que se estudia en una comisión del Parlamento Europeo.
La realidad de la existencia de una Operación Cataluña es incuestionable. Con la admisión a trámite de la querella de Sandro Rosell por el juzgado de instrucción 13 de Madrid empezó a verse la posibilidad de que emerja toda la verdad. ¿Se podrá llegar al último eslabón de la cadena de mando para rendir cuentas ante la justicia? Lo que está en juego es ni más ni menos que la credibilidad de la democracia española.
Las exigencias de Junts y ERC a Pedro Sánchez para que el PSOE consiguiera la presidencia del Congreso a cambio de que continúen las investigaciones es otro paso más. En Crónica Libre seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso.
