En esta campaña electoral hemos escuchado reivindicaciones, críticas, debates y discusiones acerca de muchas cuestiones sobre las que nuestros parlamentos legislan: sanidad, educación, defensa, seguridad, infraestructuras, violencia de género…. Sin embargo, hay un tema con el que convivimos todos los días, tiene una influencia política brutal y no parece que a nadie le interese incluir en su legislación y qué cuestiones necesita cambiar o mejorar. Se trata de las cuestiones relacionadas con el derecho a la información y el periodismo.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha elaborado un documento en el que se dirige a los diferentes partidos para que adopten determinadas propuestas en sus programas electorales y en sus iniciativas legislativas. Entre ellas destaca que se regulen por ley los derechos y deberes de los periodistas colaboradores que trabajan por pieza o sean freelances. Eso supone, entre otras medidas, su inclusión en el Régimen de la Seguridad Social.
Existen pocos estudios sobre lo que suelen cobrar los periodistas de prensa escrita por pieza, el sindicato CNT analizó las tarifas en 2017 y oscilaban entre 25 y 100 euros. Hoy no sería mucho más. Eso quiere decir que para que un periodista autónomo facture 2.000 euros al mes, es decir, ingresar el SMI descontando gastos, debería cada día laborable conseguir encontrar un tema del que publicar, buscar la información necesaria, las fuentes y escribirlo. Algo evidentemente imposible, porque nadie consigue un tema del que publicar todos los días laborables del año.
Falsos autónomos
Es curioso que las nuevas legislaciones consideren falso autónomo al que cobra por cada reparto de comida o a la cuidadora o empleada doméstica que trabaja horas sueltas y, en cambio, no se plantee que escribir una columna con la misma periodicidad para un medio, por un precio y unas características establecidas por el contratador no se considere un falso autónomo. De ahí que el sindicato solicite “medidas para eliminar la utilización fraudulenta de falsos autónomos, especialmente grave en el caso de los y las fotoperiodistas”.
El sindicato señala que el objetivo es alcanzar unas condiciones laborales y profesionales dignas, para que se cumpla correctamente el derecho a la información de la ciudadanía. El secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, les ha enviado una carta los partidos en la que recuerda que «la información veraz, plural y de calidad es uno de los pilares de la democracia».
“Los y las periodistas, como mediadores que somos para que se cumpla el derecho constitucional a la información de la ciudadanía, debemos combatir esas malas prácticas. Para ello necesitamos desempeñar nuestro trabajo en unas condiciones laborales y profesionales dignas, lo que solo será posible si contamos con una legislación que proteja adecuadamente ese derecho humano de la ciudadanía y el trabajo de los y las periodistas”, añade.
Medios públicos independientes
La FeSP también plantea más medidas para que los partidos promuevan en la próxima legislatura: Garantizar que RTVE, las radios y televisiones autonómicas y locales públicas y la agencia Efe sean medios totalmente independientes de los gobiernos, gestionados por sus profesionales sin injerencias externas y con financiación suficiente. También pide que la Presidencia y el Consejo de Administración elegidos por concurso público de méritos.
Dos empresas acaparan el 90% de la publicidad televisiva
Limitar la concentración en la propiedad de medios informativos y los oligopolios, para garantizar el pluralismo informativo real. Se trata de una medida largamente reivindicada por muchos colectivos, conscientes de que la actual concentración de medios limita la libertad de expresión. Basta el ejemplo de las televisiones privadas, donde solo dos empresas Atresmedia y Mediaset copan casi el 90% de la publicidad. Ya en 2019, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sancionó a estas dos empresas con una multa de 77,1 millones de euros por prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad en televisión.
Medios comunitarios
El sindicato llama la atención sobre “la situación de alegalidad de los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro”, por ello pide planificar “el espectro radioeléctrico para los acogidos a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, y buscar soluciones para otros medios comunitarios más recientes”.
En España, la mayoría de radios y televisiones sin ánimo de lucro se encuentran en un grave vacío legal o sin posibilidad de funcionar porque no se les concede frecuencia radioeléctrica. Algo muy diferente a la situación legislada por los gobiernos progresistas latinoamericanos que establecieron una división del especto radioeléctrico en tres tercios, uno para los medios públicos, otro para las empresas comerciales y otro para los medios comunitarios sin ánimo de lucro.
Formar en colegios e institutos
Una medida interesante es la petición de “implantar en los colegios e institutos una asignatura de Educación en Comunicación, para formar al alumnado en alfabetización mediática”. Es evidente que en tiempo de bulos y fake news, educar a los jóvenes para poder “defenderse” de las noticias falsas es fundamental en el camino de formar ciudadanos capacitados.
No solamente eso, también sería interesante que conocieran los métodos manipuladores y desinformativos de los medios de comunicación, sus criterios de selección de noticias, sus intencionalidades mediante la elección del contexto adecuado o la desinformación que supone no aportar los elementos de contexto necesario.
Más medidas
Por último, la FeSP también pide modificar la actual ley mordaza, que restringe la información y la comunicación; eliminar los bloques informativos en los medios audiovisuales durante las campañas electorales, algo que requiere modificar la Ley Electoral: crear un Consejo Estatal de Medio Audiovisuales y regular por ley el secreto profesional de los y las periodistas, entre otros temas.
Se podrá estar a favor o en contra de las medidas propuestas por el sindicato de periodistas, lo preocupante es que ni el periodismo, ni el derecho a la información haya supuesto interés alguno para los partidos políticos en estas elecciones ni en el debate ciudadano.
Ausencia en los programas electorales
En el programa del PSOE no aparece nada relacionado con el periodismo ni los medios de comunicación y en el del PP solo la frase “promoveremos las actuaciones necesarias para asegurar la independencia y la objetividad en los medios medios de comunicación públicos”.
La única noticia al respecto fue que Sumar propuso en su programa electoral la instauración de un código deontológico periodístico «que acabe con las informaciones falsas y contemple graves sanciones y la expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme«. Sin embargo, posteriormente decidió descartar esa propuesta por «error en el proceso de elaboración y transcripción» del documento, según indicaron a la agencia Efe fuentes del partido.
Finalmente, el programa de Sumar sí recoge la elaboración de un código deontológico, pero no plantea ningún mecanismo para los medios y los periodistas que lo incumplan más allá de explorar “una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas”.
