El ya exdiputado comunicó a última hora del viernes a Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, su decisión de renunciar a su acta de diputado «para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido». Así lo han comunicado a Crónica Libre fuentes del grupo parlamentario del PP.
También han confirmado que la renuncia ha sido voluntaria, al igual que la petición de suspensión de militancia en el partido, y que se ha producido «antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor».
Ha sido el juez instructor del Tribunal Supremo Andrés Palomo quien ha decido proceder contra Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Estos delitos los habría cometido supuestamente al firmar cinco contratos, sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos, entre los años 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). Ahora, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para decidir si presenta escrito de acusación o pide el archivo de la causa.
Los contratos irregulares
El Supremo decidió abrir la causa contra Casero en marzo de 2022, tras las diligencias abiertas previamente en el juzgado de Trujillo, por una denuncia de la Fiscalía relativa a cinco contratos firmados con terceros entre los años 2017 y 2018 que comprometían el pago de determinadas cantidades sin comunicación al Ayuntamiento y sin los informes necesarios para ello.
Así, en marzo de 2017 se habrían contratado los servicios de un psicólogo sin aportar el contrato ni el expediente de contratación, y sin aprobar el gasto ni el informe sobre la necesidad del contrato. En septiembre de ese mismo año, se firmó un contrato por valor de 25.000 euros con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España sin que el acuerdo fuera aprobado previamente, sin informar a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento y sin que se publicase en el BOE.
También recoge la denuncia los 18.000 euros acordados verbalmente con la Asociación Cultural Bon Vivant para la organización de un evento, y otro contrato de patrocinio con esta misma entidad por valor también de 18.000 euros, además de la asunción de otros costes, en junio de 2018. En ese mismo año se incluyen otros dos hechos dentro de la investigación: un contrato con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, por importe de 14.303 euros, y otro con Radio Interior SL, superior a los 15.000 euros, por servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso en Trujillo. Todos ellos sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado de contratación.
Prevaricación y malversación
Por todo ello el magistrado Andrés Palomo considera en su resolución que los actos de Casero «están relacionados con actuaciones realizadas en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y órgano de contratación en el mismo entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 al concertar con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa«.
El juez instructor considera que esta conducta encaja con el delito de prevaricación administrativa porque «no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo», además de añadir que las contrataciones se dieron «sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería» y con «elusión de los mecanismos de control».
Además, el magistrado considera que estos hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos porque como recoge en su escrito «se trata de conductas en las que la autoridad o el funcionario que tiene a su cargo los caudales por razón de sus funciones, lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones públicas, los separa de las mismas, y extrayéndolos del control público, con ánimo de lucro los incorpora a su patrimonio haciéndolos propios, o consiente que otro lo haga».
¿Quién es Alberto Casero?
Alberto Casero Ávila nació en Trujillo el 15 de noviembre de 1978. Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, comenzó su andadura política al enrolarse en las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP a los dieciocho años de edad. En 2001 fue elegido miembro del Comité Ejecutivo Nacional de NNGG y en 2003 se convirtió en el diputado más joven de la Asamblea de Extremadura, ejerciendo como portavoz del Grupo Popular en Economía, Empleo, Comercio y Turismo, además de en las áreas de Jóvenes y Deportes.
En el año 2007 fue nombrado secretario general del PP en la provincia de Cáceres y en 2011 se convirtió en alcalde de Trujillo, su localidad natal, al conseguir ganar las elecciones con mayoría absoluta al obtener el 64,7% de los votos. Ese mismo año también fue elegido senador por Cáceres en las elecciones generales. En 2015 revalidó la mayoría absoluta al frente del consistorio cacereño (con un 54,9% de los sufragios) y en el año 2019 fue elegido diputado por la circunscripción de Cáceres para la XIII legislatura, cargo que ha ejercido hasta haber comunicado la renuncia a su escaño.
A nivel mediático, Alberto Casero saltó a la primera línea el 2 de febrero de 2022 tras votar erróneamente, y en contra de todo su grupo parlamentario, a favor de la Reforma Laboral impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Volvió a cometer el mismo error el 15 de septiembre de 2022, en esta ocasión al votar a favor de crear una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades del Gobierno de Mariano Rajoy, y las presuntas irregularidades cometidas por Jorge Fernández Díaz y el Ministerio del Interior, en el marco de la «Operación Cataluña«.